Luego de poco más de un año de sostener pláticas con la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el pasado 25 de julio, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, logró institucionalizarse tras una reforma a la ley de Seguridad Pública que ahora le permitirá trascender en las administraciones de gobierno y así darle continuidad tanto a los proyectos como programas enfocados a ayudar a la ciudadanía que en algún momento ha sido víctima de algún delito del fuero común o incluso de abusos policiales.
En entrevista para El Sol de Puebla, Alejandro Espriú Guerra, director ejecutivo del CCSJ, consideró que lo alcanzado ante la aprobación de 35 legisladores, es un paso sumamente importante ya que ante la institucionalización del Consejo Ciudadano, este no se extinguirá con la llegada de otra administración al poder ejecutivo tal y como anteriormente ocurría, puesto que con cada administración que llegaba, se creaba un acuerdo para poder continuar.
“Estamos convencidos de que al final del día, somos los ciudadanos quienes nos quedamos cuando los políticos se van rotando los partidos al frente de la administración pública. Como ciudadanos no solo tenemos la obligación de supervisar y lograr que las autoridades rindan cuentas pero esto solo se puede lograr a un largo plazo cuando hay continuidad, por eso es importante la institucionalización del CCSJ”, explicó el declarante, quien a su vez destacó la importancia de trabajar de la mano con las instituciones y corporaciones de procuración de justicia.
“Debemos ponernos hombro con hombro con las autoridades y generar coproducción de la seguridad y la justicia, es decir, que nos convirtamos en un actor activo, no solo pasivo que se encargue de poner lo que no corresponde desde nuestra trinchera para fortalecer las políticas públicas por parte de las autoridades. Esta institucionalización nos permite hacer eso, crear una idea de cómo seguir construyendo en términos de seguridad y justicia, más allá de lo que sucede en el ámbito político a corto plazo”, señaló el entrevistado, quien recalcó que el Consejo es un espacio protegido por ciudadanos que de igual manera tendrá que responder a las solicitudes ciudadanas y demostrar que realmente se está cumpliendo con lo que se exige.
En este sentido, Espriú Guerra destacó que se han desarrollado programas con mayor arrastre y difusión para que la ciudadanía sepa cuáles son los alcances pero también las limitaciones del Consejo Ciudadano, un organismo al cual la gente puede acudir o recurrir cuando no sean atendidos por las autoridades o simplemente no encuentren servicios de calidad o que cumplan con sus expectativas por parte de las instituciones.
Por otro lado recordó que, en el CCSJ se atienden delitos del fuero común y cometidos sin violencia tales como robo a transporte público, transeúnte, casa habitación, a comercio, extorsión, robo a vehículo y autopartes. El entrevistado, indicó que de junio de 2017 a julio de 2018 en el Consejo se han atendido alrededor de mil 900 llamadas mensuales, en las cuales se solicita orientación, se atienden reportes o denuncias ante el Ministerio Público Orientador.
Aunque existe cooperación por parte de los titulares de las instituciones de procuración de justicia, Alejandro Espriú consideró que todavía hay mucho por hacer, y no por la falta de voluntad de los funcionarios, sino por cuestiones de fondo respecto a los mecanismos de funcionamiento de las instituciones.
Cualquier queja, denuncia o reporte ciudadana respecto a ilícitos o incluso mal actuar policial, puede ser atendido llamando al 3099099. Sitio web,
consejociudadanopuebla.org o en Twitter como @CCSJPuebla.
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