Elia Tamayo, madre de José Luis, el menor muerto tras el desalojo de una manifestación en la población de San Bernardino Chalchihuapan en julio de 2014, se presentó a la Fiscalía de Puebla para revivir el caso y ampliar su denuncia en contra del exfiscal, Víctor Carrancá Bourget; el el exsecretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas y el exjefe de oficina del gobierno del estado, Juan Pablo Piña, quienes serían acusados del delito de omisión.
Acompañada de sus abogados, la mujer ingresó al edificio central de la Fiscalía General del Estado para presentar la ampliación de denuncia dentro de la averiguación previa presentada en su momento, en la que solicita que sean investigados los tres exfuncionarios que, según la parte agraviada, no actuaron conforme a derecho.
Al salir de la dependencia y sin decir los nombres de los exfuncionarios a quienes acusan, Elia Tamayo y sus defensores dieron una rueda de prensa en la que de manera muy escueta explicaron el motivo de su asistencia a la Fiscalía, donde presentaron la denuncia en la que piden se abra una investigación en contra de los mencionados exfuncionarios morenovallistas.
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La mujer destacó que es la primera vez que la recibe un fiscal, no sin antes exigir justicia por la muerte de su hijo. Asimismo, agradeció que el actual gobierno esté interesado en revivir el caso para que se investigue a fondo y así castigar a los responsables.
Hace un año, el mandatario estatal, Miguel Barbosa Huerta, anunció que se reabriría el caso y que pediría a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que reanudara las investigaciones.
“El tema Chalchihuapan a nivel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos una vez que haya condiciones para hacerlo, el Poder Ejecutivo del estado va a solicitar su reapertura para que se haga la investigación que debió haberse hecho y vamos a pedir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que reabra el caso, no para juzgar a un muerto, que se investigue y se haga justicia”, expuso en su momento el gobernador.
EL HECHO
Cabe recordar que el 14 de mayo del 2014 se aprobó la llamada “Ley Bala” que tenía como objetivo proteger los derechos humanos y regular el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiacas; el 9 de julio del mismo año, un grupo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan se manifestaron por el cierre de los registros civiles en juntas auxiliares, por lo que bloquearon la autopista Puebla-Atlixco.
Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública actuaron contra los manifestantes y un grupo táctico de granaderos intentó disolver la manifestación, disparando gas lacrimógeno y balas de goma, una de éstas alcanzó al menor de 13 años provocando su muerte.
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