Mucho se ha hablado en nuestro país acerca de los factores que nos mantienen como un país que, a pesar de sus potencialidades, no logra el nivel de desarrollo que todos esperamos. Se ha dicho de la pobreza, de la cultura, de la naturaleza del mexicano, incluso, y pareciera que las condiciones de desigualdad que vivimos nunca cambiarán. De todo lo que se ha hablado, quizá, a lo que menos le hemos puesto atención como un retardador del desarrollo es a la corrupción. De acuerdo al Índice Global de Corrupción de 2017, emitido por Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 135 de 180 países en términos de corrupción con 29 puntos de 100 posibles por hacer, y donde, a mayor puntuación, menor corrupción. El panorama en términos sociales es difícil: 6 de cada 10 mexicanos cree que la corrupción va en aumento y son los policías y los políticos los que se perciben como más corruptos. Esta realidad puede resultar más grave de lo que pensamos ya que, por quienes se perciben como más corruptos, la legitimación del gobierno se pone en tela de juicio, además de que se da por hecho que las condiciones para impulsar el desarrollo se frenan por esta forma de percibir la corrupción. Hay estudios que muestran una correlación inversa entre el crecimiento económico y la corrupción, así, a mayor corrupción, menor crecimiento. La autocrítica es un ejercicio sano en este tema y debemos reconocer que como partido no hemos generado las condiciones para tener un sistema anticorrupción fuerte en la sociedad mexicana, pero estamos en buenos tiempos para poder incidir en la generación del mismo, y estoy convencido de que podemos hacerlo. Se ha hecho un gran esfuerzo para que tengamos en México un Sistema Nacional Anticorrupción y eso es bueno en términos políticos, pero no se puede concebir que no hayamos podido ponernos de acuerdo para nombrar al fiscal anticorrupción de este país; el trabajo legislativo debe apoyar a las grandes acciones de este país y no frenarlas. Algunas veces es entendible que este trabajo no se lleve a cabo: para muestra tenemos un botón en Puebla; hoy tenemos un candidato que tenía una responsabilidad legislativa muy grande para aprobar diferentes iniciativas pero, por un acuerdo político, este funcionario hoy es candidato al gobierno de Puebla; debemos de evitar que estos ejemplos se repitan. Tenemos un gran reto por delante y es hacer que las fiscalías anticorrupción se alejen de los partidos, no solo a nivel nacional sino a nivel estatal, ya que las entidades han tomado el modelo del nuevo sistema anticorrupción. Nuevamente en Puebla somos un ejemplo de lo que no debe pasar puesto que nuestro fiscal emana del Gobierno Estatal. La corrupción de este país es una carga que no podemos sostener más si queremos empezar a tener un crecimiento sostenido; la idea de que esta es el aceite que permite el funcionamiento de la maquinaria gubernamental debe quedar atrás. Partimos de una reforma que permitió tener un Sistema Nacional Anticorrupción, pero este no ha sido operativo y todos los partidos tienen parte de culpa porque no se ha podido nombra ni siquiera al Fiscal Anticorrupción del país. Estoy dispuesto a iniciar, desde una posición legislativa, un movimiento por la transparencia y en contra de la corrupción, esto, claro, generando las condiciones para que la sociedad sea quien impulse con su participación este movimiento. Y propongo que Puebla siga este modelo para terminar con los fiscales de modo en que los tema de transparencia y combate a la corrupción no se dejen de lado; se puede y vamos por Puebla.
Mucho se ha hablado en nuestro país acerca de los factores que nos mantienen como un país que, a pesar de sus potencialidades, no logra el nivel de desarrollo que todos esperamos. Se ha dicho de la pobreza, de la cultura, de la naturaleza del mexicano, incluso, y pareciera que las condiciones de desigualdad que vivimos nunca cambiarán. De todo lo que se ha hablado, quizá, a lo que menos le hemos puesto atención como un retardador del desarrollo es a la corrupción. De acuerdo al Índice Global de Corrupción de 2017, emitido por Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 135 de 180 países en términos de corrupción con 29 puntos de 100 posibles por hacer, y donde, a mayor puntuación, menor corrupción. El panorama en términos sociales es difícil: 6 de cada 10 mexicanos cree que la corrupción va en aumento y son los policías y los políticos los que se perciben como más corruptos. Esta realidad puede resultar más grave de lo que pensamos ya que, por quienes se perciben como más corruptos, la legitimación del gobierno se pone en tela de juicio, además de que se da por hecho que las condiciones para impulsar el desarrollo se frenan por esta forma de percibir la corrupción. Hay estudios que muestran una correlación inversa entre el crecimiento económico y la corrupción, así, a mayor corrupción, menor crecimiento. La autocrítica es un ejercicio sano en este tema y debemos reconocer que como partido no hemos generado las condiciones para tener un sistema anticorrupción fuerte en la sociedad mexicana, pero estamos en buenos tiempos para poder incidir en la generación del mismo, y estoy convencido de que podemos hacerlo. Se ha hecho un gran esfuerzo para que tengamos en México un Sistema Nacional Anticorrupción y eso es bueno en términos políticos, pero no se puede concebir que no hayamos podido ponernos de acuerdo para nombrar al fiscal anticorrupción de este país; el trabajo legislativo debe apoyar a las grandes acciones de este país y no frenarlas. Algunas veces es entendible que este trabajo no se lleve a cabo: para muestra tenemos un botón en Puebla; hoy tenemos un candidato que tenía una responsabilidad legislativa muy grande para aprobar diferentes iniciativas pero, por un acuerdo político, este funcionario hoy es candidato al gobierno de Puebla; debemos de evitar que estos ejemplos se repitan. Tenemos un gran reto por delante y es hacer que las fiscalías anticorrupción se alejen de los partidos, no solo a nivel nacional sino a nivel estatal, ya que las entidades han tomado el modelo del nuevo sistema anticorrupción. Nuevamente en Puebla somos un ejemplo de lo que no debe pasar puesto que nuestro fiscal emana del Gobierno Estatal. La corrupción de este país es una carga que no podemos sostener más si queremos empezar a tener un crecimiento sostenido; la idea de que esta es el aceite que permite el funcionamiento de la maquinaria gubernamental debe quedar atrás. Partimos de una reforma que permitió tener un Sistema Nacional Anticorrupción, pero este no ha sido operativo y todos los partidos tienen parte de culpa porque no se ha podido nombra ni siquiera al Fiscal Anticorrupción del país. Estoy dispuesto a iniciar, desde una posición legislativa, un movimiento por la transparencia y en contra de la corrupción, esto, claro, generando las condiciones para que la sociedad sea quien impulse con su participación este movimiento. Y propongo que Puebla siga este modelo para terminar con los fiscales de modo en que los tema de transparencia y combate a la corrupción no se dejen de lado; se puede y vamos por Puebla.
