La vigencia del conflicto poselectoral que nos tiene sin saber quién gobernará el estado a partir del próximo viernes 14 de diciembre rebasó el umbral que las reglas no escritas de la política recomendaban no cruzar: la partida de Enrique Peña Nieto y el arribo a la presidencia de la república de Andrés Manuel López Obrador.
Los razonamientos que optaban por la prudencia pusieron el 30 de noviembre como plazo último para que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitieran su fallo en torno al caso Puebla.
Sin importar el sentido del resolutivo, ya fuese en favor de la anulación de las elecciones o la ratificación de Martha Erika Alonso como gobernadora electa, el voto de los magistrados, previo a esa fecha, no iba a ser relacionado con presiones emanadas del nuevo mandatario mexicano.
O no tanto.
En cambio, si el resolutivo se iba más allá del 1 de diciembre, como ocurrió, iba a serle atribuido a López Obrador, con mayor razón si responde en positivo a la demanda de nulidad que fue presentada por Morena y su excandidato, Luis Miguel Barbosa.
Ese era el riesgo de trasladar el conflicto poselectoral hasta el presente sexenio.
Sin embargo, las acusaciones contra López Obrador, que pudieron haber llegado hasta después de la resolución, se adelantaron gracias al magistrado ponente que el domingo puso sobre aviso a los panistas con una bomba tuitera.
El morenovallismo y sus aliados nacionales han decidido cargar contra el mandatario mexicano en una estrategia de presión que es ahora la principal arma de defensa mediática y política de Alonso.
Con el respaldo de los presidentes de los partidos que postularon a la exsecretaria general del PAN y expresidenta del DIF a través de la coalición Por Puebla al Frente, los defensores de la causa morenovallista han insistido en señalar al tabasqueño como responsable de las presiones contra el magistrado José Luis Vargas Valdez.
La apuesta de los panistas es que López Obrador se niegue a quedar con la imagen de un gobernante autoritario que tira elecciones para favorecer a su partido político y que, ante eso, actúe en consecuencia.
Es decir, que deje a los magistrados votar en libertad o, en caso extremo, les pida revertir el proyecto de Vargas Valdez para validar los comicios del 1 de julio.
La estrategia es interesante pero también muy arriesgada.
Tantos años de exposición mediática han mostrado a detalle el estilo personal de López Obrador.
No parece ser un personaje al que le guste que le digan qué hacer.
Más bien es al revés.
El tabasqueño es unilateral en la toma de decisiones, sobre todo si se le presiona para llevarle la contra, y se vuelca sobre ellas hasta consumarlas.
Quizá por eso no le importe que el conflicto poselectoral vaya a ser dirimido en su gobierno.
Morenistas metidos en la cruzada aseguran que el presidente saldrá ileso de este conflicto.
Consideran que las consecuencias que deje cualquier sospecha de injerencia en el tribunal electoral serán muy menores frente a la percepción generalizada de fraude que se ha construido no solo en Puebla, sino a nivel nacional.
Justo eso legitimará su intervención, rematan, en caso de que se opte por la nulidad de los comicios.
Eso es muy posible.
El grueso de los 30 millones de ciudadanos que votaron por el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia sigue perdonándole todo.
López Obrador vino a romper paradigmas y a definir nuevas reglas políticas.
El próximo fallo de los magistrados, que puede darse este mismo fin de semana, expondrá más matices acerca de la personalidad del mandatario mexicano.
Entonces, ¿anulan o ratifican?
Liderazgos y militantes de Morena, PT y PES ya festejaban desde el viernes pasado, dos días antes del célebre tuit.
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