El estado de Puebla no puede ser un paraíso para la delincuencia, la corrupción y la impunidad. Debemos erradicar los privilegios y garantizar la aplicación del estado de derecho para salvaguardar la seguridad de las personas.
Esto se puede llevar a cabo con administraciones públicas honestas, transparentes y que despierten la confianza en los ciudadanos al sentirse atendidos y apoyados en cada uno de sus trámites y solicitudes de servicios, observando un buen trato y atención.
El objetivo debe focalizarse en atender las necesidades sociales en todos los órdenes de gobierno, trabajando para terminar con los vicios del poder y consolidar instituciones eficientes con un sentido humanista en el uso de los recursos públicos, impulsando la honestidad y la eliminación de la corrupción.
Para esto, se debe reforzar la gestión pública a través de la profesionalización permanente de los servidores públicos, y trabajar para transformar los deseos, anhelos y necesidades de la población en resultados específicos de la Administración pública, los cuales pueden ser medibles y verificables.
También es necesario utilizar las plataformas digitales, la tecnología en la nube, la geolocalización y la información en tiempo real para establecer una gobernanza abierta, respetando los datos personales.
Además, aplicar los criterios de participación, las contralorías sociales, los consejos de participación ciudadana y todos los instrumentos que permitan que la ciudadanía sea corresponsable para un seguimiento adecuado y continuo de la acción gubernamental.
