Abalanzarse a matar sobre una o dos personas porque alguien acusa, sin probar, que se trata de delincuentes sorprendidos en flagrancia, se ha vuelto una práctica común en Puebla.
La barbarie no es nueva, como demuestra aquel incidente del 19 de octubre de 2015 en Ajalpan, cuando dos encuestadores fueron asesinados por la turba que afirmaba tener en sus manos a dos peligrosos secuestradores de niños.
Antes y después de eso han sido noticia recurrente los actos criminales consumados por masas iracundas que tratan de justificar sus actos en la incapacidad de las autoridades para combatir la inseguridad.
“Si la policía no puede”, advierten los envalentonados miembros de la turba, “lo haremos nosotros”, y se lanzan a la cacería de hombres y mujeres que, aun siendo culpables, no merecerían morir así.
Incluso celebran, en público, como quien se cuelga el mérito de haber destruido, así, literal, a los demonios más peligrosos de su entorno.
Cegados por la ira y manipulados por unos cuantos incitadores, esos “héroes” anónimos no comprenden que acaban convertidos justo en aquello que afirman combatir: en homicidas que vivirán sin castigo por el resto de su vida gracias a la imperante impunidad.
Los hechos de Acatlán de Osorio habrían pasado como un linchamiento más sino hubiese sido por los teléfonos celulares y las redes sociales, que, cosa monstruosa, sirvieron para mover a la comunidad en contra de los dos hombres asesinados y para transmitir, prácticamente en vivo, su ejecución.
Los videos que dieron cuenta de esos acontecimientos le dieron la vuelta al mundo en minutos.
Unos muestran a esos “héroes” irrumpiendo en la cárcel del municipio para sacar a los dos hombres a la explanada principal y otros exhiben los momentos en que son rociados con gasolina, mientras decenas de observadores exaltan a los verdugos con arengas de coliseo.
El doble linchamiento acaparó la atención de todo el país, gracias a esas nuevas plataformas de comunicación que sirvieron de testigos presenciales.
El razonamiento generalizado refiere que la falta de castigo a los actos criminales es lo que conduce al incremento exponencial de la violencia y los hechos delictivos.
Cierto.
Pero en este caso, a diferencia de lo que acusan las masas que quitan la vida a los presuntos delincuentes, que se escudan en la falta de respuesta de sus autoridades locales frente a la inseguridad, es esa falta de castigo la que les da valor para ejecutar los linchamientos y luego retornar tranquilamente a sus actividades, como si nada hubiese pasado.
Policías municipales y estatales fallaron en su trabajo.
Unos por no actuar bajo los protocolos establecidos y otros por no llegar a tiempo para impedir la tragedia.
Sin embargo, la institución responsable de acabar con la impunidad también falló, y más.
La Fiscalía General del Estado, a cargo de Víctor Carrancá Bourget, ha sido incapaz de castigar a los culpables de los linchamientos.
Esa ineficacia para cumplir los principios básicos de su tarea es la que ha contribuido al incremento de la delincuencia y de los “justicieros ciudadanos”, sumada al pobre desempeño del Poder Judicial en la emisión de condenas ejemplares.
No hay que buscarle mucho en el ayuntamiento de Acatlán ni en la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Ahí puede haber corresponsables, pero esa impunidad de la que todos nos quejamos tiene su raíz en las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, donde despacha Carrancá.
El suceso asoma justo en la antesala del cambio de poderes en el estado, lo que obliga a las próximas autoridades a poner especial atención en los temas de seguridad y gobernabilidad.
Gobernador, presidentes municipales y diputados electos deben tomar nota de lo que ocurre.
Como gobernadora –eventualmente liberada de la impugnación en su contra—, Martha Erika Alonso estará al mando de las políticas públicas más relevantes de la entidad.
Un primer paso que podrá dar Alonso en la ruta de ese enderezamiento social será hallar los perfiles adecuados para arrancar el gobierno en las carteras encargadas de seguridad y gobernabilidad, donde ahora están Jesús Morales y Diódoro Carrasco, y de paso mandar al fiscal de regreso a la Ciudad de México.
El reto es grande.
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