En 1534, llegó la segunda orden de religiosos a la antigua Ciudad de los Ángeles, los predicadores dominicos, quienes además de evangelizar eran los inquisidores, defensores de la fe.
Hacia finales del siglo XVII, los dominicos construyeron un edificio en el número 141 de la calle de Herreros (3 Poniente), conocida como “La Casa de la Inquisición”, que fue incautada por el gobierno y vendida a particulares en el siglo XIX.
En la década de los sesenta del siglo XX, de forma ilegal, la dirección del Museo Regional y la secretaria de Obras Públicas del Estado, autorizaron la demolición de la casa que había sido catalogada como un ejemplar único de la arquitectura virreinal.
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La Inspectoría de Monumentos Coloniales de Puebla denunció el hecho y la obra fue parada por completo. Esta casa editorial dio a conocer los pormenores del conflicto que duró cinco años, de 1964 a 1969.
Los inquisidores de la Nueva España
Los misioneros franciscanos fundaron la antigua Ciudad de los Ángeles en 1531, y tres años después, en abril de 1534, arribó la segunda orden de religiosos a la Puebla. Era un grupo de predicadores dominicos que fueron arropados por el obispo fray Julián Garcés, que pertenecía a la misma orden, y había tomado posesión de su obispado en la diócesis de Tlaxcala en 1528, misma que se trasladó a Puebla en 1539.
Él les concedió tierras a los dominicos para que construyeran su conjunto conventual. La propiedad quedó comprendida en dos manzanas del centro de la ciudad entre las antiguas calles de Arista (4 Poniente) y de Las Cruces (8 Poniente), y las calles 1ª y 2ª de Santo Domingo (5 de Mayo) y la calle de La Cerca de Santo Domingo (3 Norte).
El conjunto quedó conformado por el atrio, un templo, cuatro capillas, un huerto y el convento. Este último se edificó entre lo que actualmente son las calles 6 y 8 Poniente, sobre la calle 5 de Mayo. En la segunda planta del edificio se estableció la representación de la Santa Inquisición en Puebla.
El Santo Oficio, nombre con el que también era conocida la Inquisición, era el encargado de castigar todo lo que iba en contra de la iglesia durante la época colonial. Por ello se exhortaba a los ciudadanos a denunciar a quienes atentaran contra la fe católica a través de blasfemia, herejía o resistencia a la imposición religiosa.
Al tener un desconocimiento natural de la religión, los indígenas no eran perseguidos por la Santa Inquisición, pero sí los españoles o criollos que les impartían la doctrina de forma inadecuada.
La casa de seguridad del Santo Oficio
“A los predicadores dominicos se les encargó defender la religión en la Nueva España, ellos eran los inquisidores. En el escudo que está en la fachada de la iglesia hay una imagen de Santo Domingo flanqueada por dos perros con una antorcha en el hocico, eso indica que son los defensores de la fe”, expone el investigador Gustavo Velarde Tritschler.
“Los dominicos eran como la procuraduría, ellos recibían las acusaciones, detenían al acusado y lo tenían cautivo mientras hacían las investigaciones. Dependiendo de la gravedad del acto cometido y si ameritaba condena de muerte, enviaban a la persona detenida a la ciudad de México donde la sentencia era ejecutada”, advierte.
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Hacia finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, los dominicos construyeron una edificación que, en el siglo XX, fue conocida como “La Casa de la Inquisición”. No era calabozo ni torturaban a los detenidos, era un lugar donde los inquisidores dominicos tenían vigilados a los infractores mientras realizaban las averiguaciones del caso. En sus aposentos tenían cama, escritorio y se les daba de comer, e incluso recibían visitas.
“La casa fue edificada a tres pisos en el número 141 de la calle de Herreros, actual 3 Poniente, que fue uno de los principales caminos de la ciudad, comprendía desde el río San Francisco hasta el barrio de San Sebastián. Tal era la importancia de la calle que para recibir a Maximiliano de Habsburgo y a su esposa Carlota, durante la segunda mitad del siglo XIX, después del sitio de Puebla, las autoridades construyeron un arco (de cantera labrada) justo enfrente de la casa. Existe una litografía y fotografía del mismo”, asegura.
Ejemplar único del barroco poblano
Debido a las leyes de desamortización y nacionalización de bienes eclesiásticos de 1856, todas las propiedades que habían pertenecido a la iglesia católica durante el virreinato, pasaron a ser propiedad federal.
“La casa fue incautada por el gobierno y vendida a particulares. El uso de suelo del edificio cambió a casa habitación, incluso, fue vecindario. La construcción tenía características arquitectónicas muy propias, por ejemplo, cariátides únicas en Puebla, que son figuras que aparentan sostener la estructura de la cornisa que también está simulada, están en el balcón principal”, detalla.
La Casa de la Inquisición fue construida con el estilo arquitectónico que imperaba en el momento de su edificación. Durante la segunda mitad del siglo XX, el edificio fue catalogado por la Inspectoría de Monumentos Coloniales de la República, como uno de los 10 inmuebles más importantes del barroco poblano.
La Inspectoría de Monumentos Coloniales de Puebla dependía del IPAH, Instituto Poblano de Antropología e Historia (hoy Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH). Estaba formada por artistas plásticos que eran defensores del patrimonio de la ciudad, quienes también eran investigadores. En el momento de su creación fue encabezada por Fernando Ramírez Osorio y Ramón Pablo Loreto.
“La inspectoría se dedicaba a vigilar las construcciones de acuerdo a su propio criterio porque en ese momento todavía no existía un catálogo de inmuebles que deberían ser protegidos por la ley. Ellos denunciaban y daban una explicación histórica del por qué no debían ser destruidos”, explica.
La vida en el palacio barroco
Uno de los primeros en ofrecer medicina homeópata en Puebla fue Carlos López de Gabriel, quien en 1920 fundó su clínica en la antigua calle de Azteca número 3 (hoy 13 Sur 703), y hacia la década de los años cuarenta, se trasladó a la 3 Poniente 141, a la que fue la antigua Casa de la Inquisición.
“Yo nací en 1955, y mis papás y mi abuelito ya vivían en esa casa donde también estaba su consultorio. Era un médico homeópata muy reconocido, había colas para consultarlo”, dice Dulce María Macarena López García, la nieta, hija de Luis López Acevedo, hijo del médico, también homeópata.
“Vivíamos en la parte de arriba (tercer piso). Subiendo por la escalera, a la izquierda había un corredor muy grande, ahí estaba el consultorio que daba hacia la 3 Poniente. Después había otro corredor más angosto donde estaban unos departamentos que me abuelito subarrendaba y llegaba a la parte del fondo donde estaba nuestra casa. Todo eso rodeaba un patio central que era el primero, atrás de la casa estaba un segundo patio que veíamos por la cocina, y había más departamentos, nunca íbamos para allá”, explica.
Macarena señala que en los departamentos del tercer piso que su abuelo subarrendaba vivían jugadores de los Pericos de Puebla con sus familias, era tal la convivencia que alguno de ellos se hizo compadre de sus papás.
“Estaban Moi Camacho, yo jugaba mucho con su hijo; también un cubano muy famoso de apellido Guerra y un cátcher de apellido Canseco, que fue compadres de mis papás. Abajo vivía mi tío Augusto con su familia y una señora que creo se llamaba Elenita y vivía con su hijo, Eduardo. En el pasillito que unía el primer patio con el segundo, estaba la señora Herrerías que tenía varias hijas y tejía crochet. De este lado había como seis departamentos, y en el segundo patio igual”, detalla.
También recuerda que en esa casa vivió el reconocido ortopedista Rafael Mendivil cuando era estudiante y la señora Jovita, quien vivía en el primer piso y todos los días sacaba su puesto, una especie de carrito, para vender dulces en la entrada. De los locales comerciales dice recordar la joyería La Turquesa de don Julio Romero Pardo.
“Nosotros nos cambiamos de casa antes del desalojo, mi abuelito se quedó porque amaba mucho esa casa, pero se tuvo que ir cuando el dueño quiso tirarla. Entonces cambió el consultorio sobre la misma calle, en la 3 Poniente, pero en el número 504, creo, donde estaba la Estrella Roja”, puntualiza.
Averiguaciones y dictamen
El investigador Velarde Tritschler refiere que en 1964, se supo que el señor Enrique Montoto Arámburo, había adquirido la propiedad y pretendía hacer reparaciones. De inmediato, la inspectoría de monumentos que en ese momento era encabezada por el profesor Ramón Pablo Loreto, solicitó la protección del inmueble.
El caso de la destrucción del edificio que había sido propiedad de los dominicos y sede de las oficinas inquisitoriales en la Angelópolis, fue dado a conocer oportunamente por esta casa editorial, El Sol de Puebla, y su edición vespertina La Voz de Puebla, durante los cinco años que duró el conflicto, del año 1964 hasta el año 1969.
“El oficio girado al gobernador del estado con fecha del 8 de agosto de 1964 por la Inspectoría de Monumentos Coloniales en Puebla, encabezada por el profesor Ramón Pablo Loreto, denunció los valores de la casa textualmente así: Palacio barroco que tipifica al siglo XVIII. Portada con cornisas, estípites-cariátide y molduraciones, revestida de ladrillo cuadrado, balcones aporticados con hierro; enmarcamiento, portón y lambrin de piedra; dos patios con arquerías y bovedillas embaldosados; barandal escalinata forjado; imagen monumental al óleo de San Cristóbal en el cubo de la escalera. Uno de los diez ejemplares más característicos poblanos”, detalla.
El arquitecto Víctor Manuel Villegas, ex director de Recursos Turísticos Nacionales de la República, quien en ese momento era director de la facultad de arquitectura de la Universidad de Guanajuato y había fundado la primera Escuela de Restauración Colonial en América, vino a la ciudad y lo calificó como un “Palacio Barroco, de lo mejor que tiene Puebla”.
Por su parte, el director general de Monumentos Coloniales de la República, Carlos Flores Marini, dictaminó que, por su valor, debía evitarse la destrucción de la casa.
El reportero de El Sol de Puebla, a quien Montoto le dio autorización de acceder al inmueble, lo describió como una casa semivacía en condiciones de inseguridad por sus techos de viga casi podridos, muros cuarteados, pisos hundidos, y diversas reparaciones que se realizaron sin lineamientos técnicos. El edificio contaba con bellas arcadas y corredores, una gran escalera de piedra, y 13 apartamentos en los que vivían casi 100 personas. Además de un consultorio médico en el último piso y locales comerciales en el primer piso hacia la calle.
“Montoto pidió autorización para su demolición, argumentando que él inmueble estaba en estado ruinoso y en peligro de derrumbe, pero se tenía que comprobar por las autoridades competentes. Pasaron meses y en su dictamen, los ingenieros especialistas Marco A. Barocio y José Luis Camacho, dijeron que el edificio no presentaba ningún peligro”, señala.
La resolución fue avalada por el arquitecto Alberto Velasco Adalid, director general de Obras Públicas del estado, quien dijo que no se autorizarían reformas y mucho menos la demolición de la casa.
“Quien se abstuvo de hacer declaraciones fue el profesor Miguel Estanislao Sarmiento, director del Museo Regional de la Casa de Alfeñique, quien era la persona que autorizaba la demolición de inmuebles. Este personaje autorizó el derrumbe de muchas casas que ahora son estacionamientos o edificios. En su momento fue calificado como ´nefasto´”, asegura.
Destrucción del patrimonio poblano
Ramón Pablo Loreto solicitó la intervención de la Comisión de Monumentos para que la casa fuera restaurada de acuerdo a su valor, pero pasaron los meses y para 1965, denunció graves daños a la fachada.
“Sobre la fachada había grandes escurrimientos de agua procedentes de la azotea, y eso podría deberse a que fueron tapados los caños de la casa. Le aplicaron una multa al dueño porque estaba violando el reglamento de uso del agua. Pero también descubrieron que las tuberías se habían dejado abiertas para que circulara el agua y los techos y vigas se pudrieran, así acelerar el deterioro de la casa”, advierte el investigador.
El sábado 11 de marzo de 1967, El Sol de Puebla, anunció que la destrucción del inmueble se había consumado, solo quedaba una parte de la fachada. Los vecinos presenciales afirmaron que la fechoría se había realizado durante la noche, cuando por medio de cables, camiones impulsaron la caída de los muros, alrededor de las 3 de madrugada.
Por lo anterior, Alberto Velásquez Adalid, titular de la dirección de Obras Públicas, solicitó guardia permanente en el interior y exterior del edificio para evitar su completa destrucción.
“La inspectoría denunció que el dictamen del director de Monumentos Coloniales de la República solo había sido respetado temporalmente, pero que Miguel E. Sarmiento y el departamento de Obras Públicas del estado lo habían pasado por alto para autorizar su destrucción. Lo que dijeron que había sucedido era que el titular de Obras Públicas estaba ausente por enfermedad y el arquitecto Romero, que laboraba en la dependencia, dio la autorización para la destrucción del inmueble. Su firma se aprecia en la constancia junto a la de Sarmiento”, narra.
El doctor Efraín Castro Morales, director del IPAH, dijo que la autorización era ilegal, no solo porque se pasó por alto el dictamen del departamento de Monumentos Coloniales sino porque el profesor Sarmiento no tenía la facultad para dar un fallo de esa naturaleza. Solo el gobernador podía hacerlo.
“Se entabló un juicio a nivel federal en un juzgado de distrito y el dueño se amparó. Se fueron a juicio por varios meses y al final se solicitó la reparación del daño. Montoto debería reconstruir la fachada que estaba destruida a la mitad. El edificio, es decir, lo que estaba detrás de la fachada que había sido casa habitación, era imposible de salvarse, estaba destruido”, comenta.
El arquitecto René Guzmán Santos, fue quien restauró la fachada. Para hacerlo pusieron una empalizada que abarcaba hasta la banqueta y era muy molesto para la ciudadanía. Pasaron muchos meses y hasta tuvieron que pedir un mes más de prórroga. En enero de 1969 se entregó una fachada idéntica a la original.
“La destrucción del edificio de la Casa de la Inquisición es uno de los mayores atentados en contra del patrimonio de Puebla. El profesor Ramón Pablo Loreto dijo que Miguel Estanislao Sarmiento, causó la mayor pérdida patrimonial que sufrió la ciudad durante los 40 años que estuvo en su cargo, incluso más que durante los sitios de Puebla juntos”, advierte.
“Finalmente, Montoto no pudo explotar la propiedad como quería y la vendió al gobierno del estado. Hoy es un estacionamiento donde los diputados guardan sus automóviles”, concluye el investigador.
El catálogo de 1864, dice que la antigua Casa de la Inquisición, ubicada en la 3 Poniente 141, constituía un ejemplar único de la arquitectura virreinal. El valor del edificio dentro de la evolución arquitectónica colonial de Puebla representó una modalidad de transición entre el barroco regional del siglo XVII y las corrientes neoclásicas de influencia francesa que llegaron a México en el siglo XVIII.
