Por unanimidad de votos, la Comisión de Presupuesto y Crédito Público del Congreso local aprobó la nueva Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla, pero ahora será opcional que la Secretaría de Planeación y Finanzas regule el gasto en sueldos y contrataciones de los poderes Legislativo y Judicial, así como de todos los organismos autónomos.
Originalmente la Secretaría de Planeación controlaría el gasto del Legislativo, Judicial y los órganos autónomos, pero la comisión determinó establecer como opcional la utilización de herramientas del sistema financiero que administra la secretaría para programar y calcular la integración del Presupuesto de Egresos y la cuenta pública a fin de respetar y salvaguardar su autonomía.
Otras modificaciones a la iniciativa consisten en no eliminar la asignación de recursos con “perspectiva de género”, agregar la palabra “responsable” a Ley de Presupuesto y Gasto Público y precisar la definición de Ley de Ingresos.
Los diputados Fernando Jara Vargas, Nora Merino Escamilla, Gabriel Biestro Medinilla, Valentín Medel Hernández, Gerardo Islas Maldonado, Liliana Luna Aguirre y Josefina García Hernández avalaron la propuesta enviada el 13 de octubre por el gobernador Luis Miguel Barbosa, la cual abroga la ley vigente.
El control del gasto público se pretendía aplicar al Congreso local, organismos constitucionalmente autónomos, dependencias y entidades, como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Instituto Electoral del Estado (IEE), Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
También la Auditoría Superior del Estado (ASE), Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue) y Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla.
La iniciativa de Barbosa prevé agregar el capítulo “Servicios Personales”, para que la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Secretaría de Administración tengan la opción de autorizar la contratación de personal, la creación de plazas o apertura de departamentos en las dependencias gubernamentales.
Además, el nuevo ordenamiento establece que la Secretaría de Planeación determinará en la Ley de Egresos del ejercicio fiscal respectivo, el monto por el cual el gobierno estatal podrá indemnizar a los particulares por responsabilidad patrimonial, es decir por daños causados por la administración pública.
“Los particulares tendrán derecho a hacer exigible ante la autoridad competente una indemnización, de conformidad con los procedimientos que para tal efecto establezcan las disposiciones legales aplicables, la cual estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria del Ejercicio Fiscal”, señala.
El gobernador aseguró que con la nueva ley se modificarán los procesos de programación y presupuesto, así como el ejercicio y supervisión de los recursos públicos con el objeto de garantizar la legalidad entre la norma constitucional y los actos de cada uno de los ejecutores del gasto.