/ lunes 5 de junio de 2023

Arrancan trabajos en el Congreso de Puebla para la Ley General de Movilidad

Puebla fue el segundo municipio del país con el mayor número de víctimas mortales en accidentes ocurridos durante el 2020

Con el inicio del trabajo al interior del Congreso de Puebla encaminado a la homologación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, el estado podría convertirse en la sexta entidad a nivel nacional en igualar la normativa que busca proteger la vida de los ciclistas, los peatones, así como las personas que padecen alguna discapacidad, de acuerdo con el colectivo Ciudad Activa.

El 17 de mayo del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ley que debió ser homologada por los Congresos locales de las entidades federativas antes del 13 de noviembre del 2022 porque en dicha fecha venció el plazo de 180 días indicado para realizar el procedimiento.

Pese a ello, hasta la publicación de este texto lo anterior únicamente ocurrió en los parlamentos de Jalisco, Nayarit, Yucatán, Aguascalientes y Colima. De acuerdo con la revisión realizada por El Sol de Puebla, en el resto de entidades los proyectos no han sido presentados o se encuentran en la congeladora.

Dicha situación es la que actualmente ocurre en el estado, Campeche, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz.

Comienzan reuniones para homologación de Ley General de Movilidad

Sin embargo, después de la exigencia de los colectivos, la presión de los diputados locales y la llegada de la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Silvia Tanús Osorio, a la presidencia de la Comisión de Transporte y Movilidad, comenzó la labor en el parlamento con miras a la homologación antes de que concluya el año.

La panista Guadalupe Leal Rodríguez, autora de un proyecto, confirmó que iniciaron las reuniones entre ella, Silvia Tanús Osorio y Roberto Solís Valles, presidentes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Comisión de Transportes y Movilidad, así como la Comisión de Seguridad Pública, respectivamente.

Lo anterior porque son las áreas involucradas en el tema e informó que en los encuentros realizados se ha hecho un análisis de los documentos con el fin de detectar las similitudes y diferencias para sacar solamente el proyecto que será puesto a la disposición de la comisión para su dictaminación y posterior realización de la consulta pública.

“Hemos tenido unas reuniones en la que nos han convocado a los presidentes donde fueron turnadas las propuestas (…) el objetivo es hacer un estudio, análisis, de lo que tienen los tres proyectos en la propuesta”, declaró.

Leal Rodríguez precisó que el ejercicio puede ser realizado en un modelo híbrido, es decir, una parte en línea y otra presencial, lo anterior para abarcar el mayor número de población posible, principalmente a quienes cuentan con una dificultad para trasladarse.

Aunque todavía no existe una fecha específica para realizar la consulta, reconoció que, con el cambio de titular en la comisión de Transportes y Movilidad se agilizaron los trabajos.

Cuestionada respecto a su sentir sobre el avance legislativo, declaró que representa una gran responsabilidad por la cantidad de personas con alguna discapacidad o que se trasladan sin el uso del automóvil y puso de ejemplo a los estudiantes que van en bicicleta a la escuela, el señor de los tamales que sale a trabajar o el joven que va en patineta.

Congreso de Puebla, con tres proyectos

La entidad cuenta con tres proyectos. El primero fue presentado por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) el 15 de marzo del año pasado, el segundo fue enviado por el exgobernador fallecido Miguel Barbosa Huerta el 8 de junio.

En tanto, el tercero y hasta el momento último es de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que fue presentado el 20 de octubre del año pasado.

El proyecto del albiazul está conformado por seis títulos. Los puntos más destacados es la realización de pruebas permanentes de alcohol a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y se establece que la planeación de las políticas públicas debe ser con base a la jerarquía de movilidad.

En la jerarquía anteriormente mencionada se encuentran por orden de importancia, los peatones, los ciclistas y las personas usuarias de artículos no motorizados, después aquellos que sean prestadores del transporte público de pasajeros, de bienes y mercancías. En último lugar se encuentran los vehículos motorizados particulares.

El proyecto del Ejecutivo estatal está conformado por siete títulos. Lo más relevante es la creación del observatorio estatal de movilidad y seguridad vial, para que el gobierno, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, así como el sector privado, propongan y evalúen las políticas de movilidad y seguridad vial.

Entre las funciones del observatorio se encontrará el estudio, investigación, propuestas y evaluación de las políticas sobre la problemática de la movilidad, la seguridad vial, la accesibilidad, la eficiencia, la sostenibilidad.

Se deberá integrar un registro estatal de movilidad que tendrá por objeto actualizar la información sobre las materias reguladas a través de la normativa.

Dicho registro deberá contar con información sobre licencias de conducir, infracciones cometidas, encuestas de movilidad y proyectos de diseño.

La propuesta del tricolor está alineada con la del Ejecutivo y únicamente hace ligeras modificaciones para complementar algunos lineamientos a los aspectos rurales con el fin de incentivar la movilidad en las zonas más alejadas del estado.

Segundo municipio con más muertes en el 2020

Con 70 personas fallecidas, Puebla fue el segundo municipio del país con el mayor número de víctimas mortales en accidentes ocurridos durante el 2020, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La primera posición fue para Culiacán, entidad que documentó 78 decesos.

Los datos del instituto indicaron que, del total de muertes, el 24 por ciento de las ocurrió por encuentros violentos con vehículos, el 14% por colisión con motocicletas, el 2.9 por ciento murió en un choque con objetos fijos y el 8.6 por ciento restante con otros, aunque no se detalló los motivos.

Además de los datos del INEGI, el colectivo “Ni una Muerte Vial Más” tiene conocimiento de que durante el periodo comprendido de enero al 27 de abril del 2023 han muerto 63 personas por atropellamientos, de las cuales 31 eran peatones, 24 motociclistas y ocho ciclistas.

Pide ser tomado en cuenta

Aunque los integrantes de los colectivos mantienen una lucha desde el 2014 para sacar la ley, la pelea se intensificó con los recientes hechos ocurridos en la entidad, tras la muerte del menor de 16 años de edad, Agustín N., en la Vía Recreativa Metropolitana el pasado 30 de abril, quien era estudiante del Conalep plantel San Bartolo y sobrino del dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina.

A lo anterior se sumó cuando un grupo de ciclistas se manifestó pacíficamente para exigir justicia por el caso del joven, cuando un automovilista, identificado como Alfonso N. arremetió contra los protestantes, quienes lo escoltaron hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir su vinculación a proceso por las agresiones.

En entrevista con este diario, Armando Pliego Ishikawa, integrante del colectivo Ciudad Activa, hizo un llamado a los diputados de la actual legislatura para ser tomados en cuenta con la realización del trabajo previo a expedir el dictamen de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial a fin de que el documento esté completo.

Aclaró que los tres proyectos con los que cuenta el parlamento tienen similitudes porque cuentan con los objetivos y principios que cambian la esencia de las acciones que el gobierno tiene que ejecutar en materia de movilidad, deslinda responsabilidades, obligaciones y estipula los mecanismos de coordinación para que los ayuntamientos y las dependencias del estado trabajen de manera colaborativa.

A decir de Armando Pliego, no existe ningún impedimento para retrasar el análisis del documento, únicamente hace falta voluntad política por parte de los tomadores de decisiones.

Con el inicio del trabajo al interior del Congreso de Puebla encaminado a la homologación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, el estado podría convertirse en la sexta entidad a nivel nacional en igualar la normativa que busca proteger la vida de los ciclistas, los peatones, así como las personas que padecen alguna discapacidad, de acuerdo con el colectivo Ciudad Activa.

El 17 de mayo del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ley que debió ser homologada por los Congresos locales de las entidades federativas antes del 13 de noviembre del 2022 porque en dicha fecha venció el plazo de 180 días indicado para realizar el procedimiento.

Pese a ello, hasta la publicación de este texto lo anterior únicamente ocurrió en los parlamentos de Jalisco, Nayarit, Yucatán, Aguascalientes y Colima. De acuerdo con la revisión realizada por El Sol de Puebla, en el resto de entidades los proyectos no han sido presentados o se encuentran en la congeladora.

Dicha situación es la que actualmente ocurre en el estado, Campeche, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz.

Comienzan reuniones para homologación de Ley General de Movilidad

Sin embargo, después de la exigencia de los colectivos, la presión de los diputados locales y la llegada de la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Silvia Tanús Osorio, a la presidencia de la Comisión de Transporte y Movilidad, comenzó la labor en el parlamento con miras a la homologación antes de que concluya el año.

La panista Guadalupe Leal Rodríguez, autora de un proyecto, confirmó que iniciaron las reuniones entre ella, Silvia Tanús Osorio y Roberto Solís Valles, presidentes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Comisión de Transportes y Movilidad, así como la Comisión de Seguridad Pública, respectivamente.

Lo anterior porque son las áreas involucradas en el tema e informó que en los encuentros realizados se ha hecho un análisis de los documentos con el fin de detectar las similitudes y diferencias para sacar solamente el proyecto que será puesto a la disposición de la comisión para su dictaminación y posterior realización de la consulta pública.

“Hemos tenido unas reuniones en la que nos han convocado a los presidentes donde fueron turnadas las propuestas (…) el objetivo es hacer un estudio, análisis, de lo que tienen los tres proyectos en la propuesta”, declaró.

Leal Rodríguez precisó que el ejercicio puede ser realizado en un modelo híbrido, es decir, una parte en línea y otra presencial, lo anterior para abarcar el mayor número de población posible, principalmente a quienes cuentan con una dificultad para trasladarse.

Aunque todavía no existe una fecha específica para realizar la consulta, reconoció que, con el cambio de titular en la comisión de Transportes y Movilidad se agilizaron los trabajos.

Cuestionada respecto a su sentir sobre el avance legislativo, declaró que representa una gran responsabilidad por la cantidad de personas con alguna discapacidad o que se trasladan sin el uso del automóvil y puso de ejemplo a los estudiantes que van en bicicleta a la escuela, el señor de los tamales que sale a trabajar o el joven que va en patineta.

Congreso de Puebla, con tres proyectos

La entidad cuenta con tres proyectos. El primero fue presentado por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) el 15 de marzo del año pasado, el segundo fue enviado por el exgobernador fallecido Miguel Barbosa Huerta el 8 de junio.

En tanto, el tercero y hasta el momento último es de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que fue presentado el 20 de octubre del año pasado.

El proyecto del albiazul está conformado por seis títulos. Los puntos más destacados es la realización de pruebas permanentes de alcohol a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y se establece que la planeación de las políticas públicas debe ser con base a la jerarquía de movilidad.

En la jerarquía anteriormente mencionada se encuentran por orden de importancia, los peatones, los ciclistas y las personas usuarias de artículos no motorizados, después aquellos que sean prestadores del transporte público de pasajeros, de bienes y mercancías. En último lugar se encuentran los vehículos motorizados particulares.

El proyecto del Ejecutivo estatal está conformado por siete títulos. Lo más relevante es la creación del observatorio estatal de movilidad y seguridad vial, para que el gobierno, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, así como el sector privado, propongan y evalúen las políticas de movilidad y seguridad vial.

Entre las funciones del observatorio se encontrará el estudio, investigación, propuestas y evaluación de las políticas sobre la problemática de la movilidad, la seguridad vial, la accesibilidad, la eficiencia, la sostenibilidad.

Se deberá integrar un registro estatal de movilidad que tendrá por objeto actualizar la información sobre las materias reguladas a través de la normativa.

Dicho registro deberá contar con información sobre licencias de conducir, infracciones cometidas, encuestas de movilidad y proyectos de diseño.

La propuesta del tricolor está alineada con la del Ejecutivo y únicamente hace ligeras modificaciones para complementar algunos lineamientos a los aspectos rurales con el fin de incentivar la movilidad en las zonas más alejadas del estado.

Segundo municipio con más muertes en el 2020

Con 70 personas fallecidas, Puebla fue el segundo municipio del país con el mayor número de víctimas mortales en accidentes ocurridos durante el 2020, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La primera posición fue para Culiacán, entidad que documentó 78 decesos.

Los datos del instituto indicaron que, del total de muertes, el 24 por ciento de las ocurrió por encuentros violentos con vehículos, el 14% por colisión con motocicletas, el 2.9 por ciento murió en un choque con objetos fijos y el 8.6 por ciento restante con otros, aunque no se detalló los motivos.

Además de los datos del INEGI, el colectivo “Ni una Muerte Vial Más” tiene conocimiento de que durante el periodo comprendido de enero al 27 de abril del 2023 han muerto 63 personas por atropellamientos, de las cuales 31 eran peatones, 24 motociclistas y ocho ciclistas.

Pide ser tomado en cuenta

Aunque los integrantes de los colectivos mantienen una lucha desde el 2014 para sacar la ley, la pelea se intensificó con los recientes hechos ocurridos en la entidad, tras la muerte del menor de 16 años de edad, Agustín N., en la Vía Recreativa Metropolitana el pasado 30 de abril, quien era estudiante del Conalep plantel San Bartolo y sobrino del dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina.

A lo anterior se sumó cuando un grupo de ciclistas se manifestó pacíficamente para exigir justicia por el caso del joven, cuando un automovilista, identificado como Alfonso N. arremetió contra los protestantes, quienes lo escoltaron hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir su vinculación a proceso por las agresiones.

En entrevista con este diario, Armando Pliego Ishikawa, integrante del colectivo Ciudad Activa, hizo un llamado a los diputados de la actual legislatura para ser tomados en cuenta con la realización del trabajo previo a expedir el dictamen de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial a fin de que el documento esté completo.

Aclaró que los tres proyectos con los que cuenta el parlamento tienen similitudes porque cuentan con los objetivos y principios que cambian la esencia de las acciones que el gobierno tiene que ejecutar en materia de movilidad, deslinda responsabilidades, obligaciones y estipula los mecanismos de coordinación para que los ayuntamientos y las dependencias del estado trabajen de manera colaborativa.

A decir de Armando Pliego, no existe ningún impedimento para retrasar el análisis del documento, únicamente hace falta voluntad política por parte de los tomadores de decisiones.

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