En el 2022 únicamente fueron atendidas tres de las 28 recomendaciones que emitió la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado de Puebla, lo que significa que el 89 por ciento continúa en proceso de seguimiento por la violación a los derechos humanos. La cifra total de recomendaciones durante el año en curso fue menor a la del año anterior porque en el 2021 el organismo autónomo realizó 40 recomendaciones a las diferentes autoridades de los diferentes niveles de gobierno.
Para el integrante del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), Brahim Zamora, la cifra de recomendaciones atendidas durante el 2022 refleja la problemática que atraviesa el organismo autónomo porque fomenta la impunidad y se esfuerza poco para que las autoridades cumplan con su parte de responsabilidad tras violar los derechos humanos de las personas.
De acuerdo con la página digital de la CDH Puebla, las tres recomendaciones que se acataron este año fueron emitidas para el secretario de Cultura, Sergio Vergara Verdejo, la directora de “Museos Puebla”, Catalina Ortiz Alvarado, el fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna y el presidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández.
Sin embargo, de las 25 recomendaciones en seguimiento destaca la que el organismo giró en torno al linchamiento de Daniel Picazo, ocurrido el pasado viernes 10 de junio en la junta auxiliar de Papatlazolco, perteneciente al municipio de Huachinango, cuando el abogado fue acusado de ser un supuesto roba niños.
El documento con el número de recomendación 18/2022 fue dirigida al presidente municipal de Huachinango, Rogelio López Angulo y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, con el argumentó que se violaron los derechos humanos de la seguridad y la vida del joven porque las autoridades no adoptaron las medidas para proteger al varón.
Posteriormente, tras participar en un evento público, el secretario de Seguridad Pública estatal, dio a conocer que la dependencia su cargo no aceptaría la recomendación porque la narrativa de los hechos tiene circunstancias distintas a la llegada de la Policía Estatal.
Se encuentra, de igual forma, la recomendación 14/2022 que fue emitida para el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, porque un médico residente adscrito a la dependencia Estatal se suicidó tras sufrir acoso y hostigamiento laboral.
El expediente asentó que se vulneró el derecho humano a la igualdad, la seguridad jurídica y una vida libre de violencia porque la dependencia conocía la problemática y evitó resolverla con acciones específicas.
Una constante
El listado disponible en la página web da cuenta de que el año pasado fueron cumplidas 23 recomendaciones y 17 continúan pendientes. Entre ellas sobresalió la que se emitió al Congreso del Estado porque un diputado, del cual no refiere su identidad, presuntamente vulneró el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a la no discriminación y a la igualdad entre mujeres y hombres.
Según las pruebas, las expresiones del servidor público en las sesiones del Poder Legislativo contenían adjetivos cargados de prejuicios y estigmas sociales, así que, colocaban en una situación de violencia a las diputadas de la pasada legislatura y a la ciudadanía poblana en general.
En 10 años, 279 recomendaciones fueron emitidas
En la última década, la CDH del estado de Puebla emitió 279 recomendaciones a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, de las cuales 212 se cumplieron, es decir, el 75 por ciento, mientras que 67 continúan en seguimiento o no fueron atendidas.
Mediante una revisión realizada por El Sol de Puebla, se detectó que del 2012 al 2015 la Comisión de Derechos Humanos del Estado emitió 120 recomendaciones. De dicha cifra, 116 fueron atendidas por los sujetos señalados, tres no fueron cumplidas y una continua en seguimiento desde hace nueve años.
La queja pendiente en dicho periodo fue emitida al entonces presidente municipal de Tepeaca, Isauro Crisóforo Rendón Vargas y la directora del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio por presuntamente violar los derechos humanos de la seguridad y la conservación del medio ambiente porque las plantas de tratamiento de aguas residuales de Santa María Oxtotipan y la central de abastos no funcionaban.
De las tres recomendaciones que no fueron atendidas, una corresponde al entonces alcalde de Xicotepec De Juárez, Carlos Barragán Amador, por la muerte de un niño de 12 años de edad a consecuencia de un disparo de escopeta que recibió por parte de un policía municipal y otra fue para el edil del municipio Venustiano Carranza, Jorge Alejandro Valencia Ávila, para realizar obras de desenvolvimiento en el arroyo del municipio.
La tercera fue para el alcalde de Tlachichuca, Uruviel González Vieyra, debido a una descarga de aguas negras proveniente de las comunidades de Santa Cecilia, Los Álamos Tepetitlán y Santa Rosa Tepetitlán, todas del municipio, lo que provocaba una grave contaminación sin que el presidente municipal tomara las medidas necesarias.
Del histórico, el 2016, 2017 y 2018 fue el periodo donde se emitieron menos recomendaciones porque en los tres años la cifra fue de 40, se atendieron 34 y seis no fueron atendidas. Para el 2019, el número se elevó porque la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla realizó 24 recomendaciones, un año después la cifra aumentó a 27 y en el 2021 se hicieron 40 recomendaciones, por lo que, fue el año donde más recomendaciones se realizaron.
Necesarias las sanciones administrativas: activista
Ante los ojos del activista, Brahim Zamora, la atención mínima a las recomendaciones que han sido atendidas, promueve la impunidad porque las autoridades señaladas de atentar contra los derechos humanos no atienden el problema, al contrario, se abre la posibilidad de que el contratiempo se repita nuevamente en un futuro e inclusive con mayor agresividad.
Consideró que el Congreso de Puebla debería reformar la ley en materia de derechos humanos con el fin de implementar sanciones administrativas que orillen a las autoridades a responder las recomendaciones que reciben con el fin de que no pasar por alto las mismas.
“La falta de atención a las violaciones de los derechos humanos como estamos viendo en el caso del 2022 lo que genera es impunidad y lo que genera es mayor violación de derechos humanos (…) tendría que haber sanciones administrativas en primer lugar”, manifestó.
A la par, opinó que el propio organismo autónomo se encuentra en una situación compleja porque desde administraciones pasadas se encuentra limitado respecto al presupuesto que puede ejercer para los ejercicios fiscales, así que, pierde autoridad respecto a las actividades que puede y no realizar.
Sin sanciones por rechazar recomendaciones
Las recomendaciones son pronunciamientos públicos que divulgan el resultado de una investigación. Está dirigido a la autoridad responsable por los hechos y busca el fortalecimiento de los derechos humanos de las personas para protegerlas de los abusos de autoridad.
La autoridad que haya aceptado la recomendación tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en caso contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública. Cuando los señalados como responsables no acepten la recomendación, se deberá justificar la razón, pero no existe algún procedimiento que se inicie por la negativa.
El artículo 46 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Puebla estipula que las recomendaciones son públicas y autónomas. En el mismo apartado señala que cuando la recomendación sea recibida por la autoridad o servidor público se informará dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado a criterio de la comisión.
