/ miércoles 15 de junio de 2022

Cierran acceso a los Lavaderos de Almoloya por riesgo de colapso

Los conductos localizados debajo de los lavaderos “no eran túneles, eran drenajes”, por ello las estructuras que sostienen al lugar “no son fuertes"

A consecuencia de las modificaciones que realizó, presuntamente sin autorización, la empresa hotelera que por años tuvo a su cuidado los Lavaderos de Almoloya, el sitio recién recuperado cerró momentáneamente sus puertas, debido a que su estructura subterránea está en riesgo de colapso. Por ello, el gobierno estatal en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emprenderán un proyecto de reestructuración.

El anuncio lo dio el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien reconoció en conferencia de prensa este 15 de junio que los conductos localizados debajo de los lavaderos, “no eran túneles, eran drenajes”. Por esta razón, hizo hincapié en que las estructuras que sostienen al lugar “no son fuertes (...) Hay que reparar para evitar un colapso”.

El titular del Ejecutivo estableció que, en conjunto con esa dependencia federal, se elaborará un plan integral de intervención de infraestructura, que será retroalimentado de forma constante por personal especialista en el tema histórico. Fijó que su administración ya desarrolló el dictamen actual del sitio, pero el mismo necesita ser validado por INAH todavía.

ACUSAN A HOTEL POR EL DETERIORO

Por su parte, Igor Ferrer, colaborador del gobierno estatal para la recuperación de espacios históricos, abundó en que dichas alteraciones del terreno se hicieron sin conocimiento de la autoridad, derivando en un gran riesgo para la población. Apuntó a que la decisión de usar estos conductos como túneles, en lugar de lo que originalmente eran (desagües), fue motivada por intereses económicos.

“Hemos encontrado un deterioro tremendo en estas obras hidráulicas, que en su momento fueron recubiertas [y] fueron disfrazadas como túneles de época para poder sacar un beneficio económico que solamente veían estas empresas que tenían tomados estos espacios”, acusó.

Inclusive, señaló que a través de estos túneles, el hotel tomó la decisión de colocar instalación eléctrica a nivel de piso. El problema es que en dicho lugar, fluye el agua de una cisterna, propiedad de la empresa, lo cual se presenta como un riesgo latente de alta tensión.

“Además, beligerantemente, a escondidas y sin conocimiento de ninguna autoridad estatal o federal (...) pusieron corriente eléctrica al piso, tanto a la capilla como al supuesto túnel que hoy sabemos que es una obra hidráulica. Esto supone un peligro para cualquier visitante porque está a flor de piel”, sostuvo.

Ante ese contexto, el arquitecto Alberto Miranda, quien sirve al Gobierno de Puebla, informó que desde su apertura en mayo pasado, se procedió a reforzar la estructura de estos túneles con el objetivo de prevenir su colapso inmediato.

A propósito, quien también defendió la inestabilidad del terreno fue José Abundio Enrique Gómez, supervisor del Centro INAH, pues reconoció que “haber bajado el piso de los canales a un posible uso de visita, convierte a todo el sistema todavía en un riesgo mayor”.

Igualmente, señaló que la intervención es necesaria y urgente puesto que las mismas vibraciones, que producen los vehículos que transitan por la zona, así como la presencia humana, abonan al riesgo de colapso.

“Ahora nos encontramos en una inestabilidad total y nuestra obligación es acompañar a las personas que realizan los trabajos de estabilización, aportando la información y la asesoría que correspondan para que se logre correctamente nuevamente esa unión y se pierde ese riesgo”, añadió.

En su intervención, Manuel Villaruel Vázquez, delegado del INAH en el estado de Puebla, celebró que en la entidad se esté realizando la recuperación de espacios históricos. Sin embargo, evidenció que el flujo hídrico ha sido una constante en el lugar por lo que no puede ser ignorado del desarrollo de proyectos de infraestructura.

Finalmente, es valioso mencionar que a la conferencia de prensa prensa acudieron también Belén Neri, coordinadora de difusión del INAH en Puebla, así como Carlos Palafox, consejero jurídico del gobierno estatal.

A consecuencia de las modificaciones que realizó, presuntamente sin autorización, la empresa hotelera que por años tuvo a su cuidado los Lavaderos de Almoloya, el sitio recién recuperado cerró momentáneamente sus puertas, debido a que su estructura subterránea está en riesgo de colapso. Por ello, el gobierno estatal en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emprenderán un proyecto de reestructuración.

El anuncio lo dio el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien reconoció en conferencia de prensa este 15 de junio que los conductos localizados debajo de los lavaderos, “no eran túneles, eran drenajes”. Por esta razón, hizo hincapié en que las estructuras que sostienen al lugar “no son fuertes (...) Hay que reparar para evitar un colapso”.

El titular del Ejecutivo estableció que, en conjunto con esa dependencia federal, se elaborará un plan integral de intervención de infraestructura, que será retroalimentado de forma constante por personal especialista en el tema histórico. Fijó que su administración ya desarrolló el dictamen actual del sitio, pero el mismo necesita ser validado por INAH todavía.

ACUSAN A HOTEL POR EL DETERIORO

Por su parte, Igor Ferrer, colaborador del gobierno estatal para la recuperación de espacios históricos, abundó en que dichas alteraciones del terreno se hicieron sin conocimiento de la autoridad, derivando en un gran riesgo para la población. Apuntó a que la decisión de usar estos conductos como túneles, en lugar de lo que originalmente eran (desagües), fue motivada por intereses económicos.

“Hemos encontrado un deterioro tremendo en estas obras hidráulicas, que en su momento fueron recubiertas [y] fueron disfrazadas como túneles de época para poder sacar un beneficio económico que solamente veían estas empresas que tenían tomados estos espacios”, acusó.

Inclusive, señaló que a través de estos túneles, el hotel tomó la decisión de colocar instalación eléctrica a nivel de piso. El problema es que en dicho lugar, fluye el agua de una cisterna, propiedad de la empresa, lo cual se presenta como un riesgo latente de alta tensión.

“Además, beligerantemente, a escondidas y sin conocimiento de ninguna autoridad estatal o federal (...) pusieron corriente eléctrica al piso, tanto a la capilla como al supuesto túnel que hoy sabemos que es una obra hidráulica. Esto supone un peligro para cualquier visitante porque está a flor de piel”, sostuvo.

Ante ese contexto, el arquitecto Alberto Miranda, quien sirve al Gobierno de Puebla, informó que desde su apertura en mayo pasado, se procedió a reforzar la estructura de estos túneles con el objetivo de prevenir su colapso inmediato.

A propósito, quien también defendió la inestabilidad del terreno fue José Abundio Enrique Gómez, supervisor del Centro INAH, pues reconoció que “haber bajado el piso de los canales a un posible uso de visita, convierte a todo el sistema todavía en un riesgo mayor”.

Igualmente, señaló que la intervención es necesaria y urgente puesto que las mismas vibraciones, que producen los vehículos que transitan por la zona, así como la presencia humana, abonan al riesgo de colapso.

“Ahora nos encontramos en una inestabilidad total y nuestra obligación es acompañar a las personas que realizan los trabajos de estabilización, aportando la información y la asesoría que correspondan para que se logre correctamente nuevamente esa unión y se pierde ese riesgo”, añadió.

En su intervención, Manuel Villaruel Vázquez, delegado del INAH en el estado de Puebla, celebró que en la entidad se esté realizando la recuperación de espacios históricos. Sin embargo, evidenció que el flujo hídrico ha sido una constante en el lugar por lo que no puede ser ignorado del desarrollo de proyectos de infraestructura.

Finalmente, es valioso mencionar que a la conferencia de prensa prensa acudieron también Belén Neri, coordinadora de difusión del INAH en Puebla, así como Carlos Palafox, consejero jurídico del gobierno estatal.

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