La hija de la señora Maru desapareció y lo primero que hizo fue entrar al sitio web de la Comisión de Búsqueda en Puebla para saber los pasos que tenía que seguir y poder encontrarla. Su sorpresa fue que la página no indica cómo interponer una denuncia y sólo hay un número para hacer reportes en el que no siempre contestan. Con el paso del tiempo y al ver que su hija no fue localizada, se sumó a un colectivo para exigir justicia. Luego de volverse activista, se dio cuenta que la Comisión no tiene mecanismos de rendición de cuentas y que, para acceder a los datos referentes al manejo de sus recursos, se tienen que presentar solicitudes de información.
Para Maru y cientos de familias que tienen un integrante desaparecido esta situación es preocupante, pues el organismo que debe apoyarlos y brindarles confianza no otorga información continua y la poca que comparte es poco comprensible y no es de utilidad. Esto se debe a que la Comisión no es un sujeto obligado para el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaipue) y no tiene el compromiso de informar sobre sus acciones y justificarlas en público, pese a que recibe recursos del erario.
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El Sol de Puebla expone este caso en el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que se conmemoró este 28 de septiembre, ya que en esta fecha se recuerda a las autoridades, organismos y dependencias que deben de garantizar el acceso público a la información para disminuir la corrupción y coadyuvar en la toma de decisiones. También se aprovechó esta fecha para exhortar a la Comisión de Búsqueda a que realice las gestiones necesarias para ser incluida en el listado de sujetos obligados del Itaipue y pueda publicar su información en la Plataforma Nacional de Transparencia de manera autónoma.
Una Comisión nada transparente
En entrevista con este medio, Shanik David George, responsable del Observatorio con los Ojos Abiertos: Por Derecho de la Verdad, recordó que en coordinación con el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Ibero Puebla, realizaron el análisis técnico denominado “Presupuesto para la búsqueda, subejercicio y opacidad en el manejo de los recursos federales de la Comisión de Búsqueda de Personas”.
En el estudio encontraron que esta Comisión no está dada de alta como sujeto obligado ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaipue), es decir, que no es su obligación poner a disposición de la ciudadanía sus facultades, atribuciones, funciones, documentos y el destino de los recursos públicos que recibe.
“Todas las solicitudes de información que se le quieran hacer tienen que mandarse a la Secretaría de Gobernación y poner: ‘Secretaría de Gobernación, quiero que la Comisión me informe esto’. Es triangular y aquí presentamos el primer obstáculo para el acceso a la información, ya que la secretaría tiene un monstruo de trabajo y es difícil contestar”, lamentó.
Actualmente, la Comisión en Puebla no publica periódicamente sus contratos, convenios, gastos en viáticos, su plantilla laboral, así como sus currículos. Al entrar a su página se puede encontrar un apartado de noticias que datan desde el 2022, cuatro párrafos de qué es la Comisión, un directorio con tres contactos, sus antecedentes y aunque hay un apartado de transparencia, se dirigirá a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), pero a nombre del Ejecutivo del Estado, ni siquiera de Gobernación, pese a que es un órgano desconcentrado de dicha dependencia.
“Como depende de la secretaría se publican datos muy esporádicos y si estuvieran sujetados, la Comisión ya tendría la obligación de publicar información cada tres meses, con los formatos que ellos decidan, como marca la ley y sin tener que depender de los lineamientos internos de Gobernación (…) la página debe de actualizarse, pero tiene boletines desde hace un año, no hay información de utilidad y si la página oficial no tiene información se convierte en un sitio que sólo está sin aprovecharse”, agregó.
Para la responsable del Observatorio, lo mínimo que debería de tener la página son los pasos a seguir en caso de que un familiar o conocido esté desaparecido: ¿Cuánto tiempo debo de esperar?, ¿a dónde debo de acudir?, ¿a quién debo de llamar?, ¿qué papeles debo de llevar? En suma, debería de tener un registro de todas las desapariciones que se han reportado, pero aceptó que esto sería muy difícil, ya que ni los informes nacionales tienen un control de todos estos datos.
Al detectar que la Comisión en Puebla no era un sujeto obligado, el Observatorio se dio a la tarea de revisar las demás comisiones en otras entidades y su sorpresa fue que en Coahuila, Chiapas, la Ciudad de México, Tabasco y hasta en la Comisión Nacional sí son sujetos obligados y cada uno de estos organismos en su página puede solicitar información de transparencia.
“Ellos tienen el control de la información que quieren difundir y el hecho de que sean sujetos obligados ayuda a que la ciudadanía sepa de su trabajo”, comentó.
Si la Comisión se volviera un sujeto obligado le daría esa rendición de cuentas a las familias que tanto exigen desde que se creó en el 2019, pues las personas con seres queridos sin localizar quieren saber a dónde se van los recursos que se destinan, si de verdad están sirviendo para encontrarlos o sólo es una institución de simulación.
“Eso ayudaría a la apertura que se necesita con las familias, que sepan qué se está haciendo, cómo se está haciendo y las estadísticas de atención”, indicó.
David George recordó que toda la ciudadanía tiene derecho a la libertad de acceso a la información y esto implica solicitarles a las autoridades datos y, al mismo tiempo, las personas no tienen ninguna obligación de acreditar interés alguno ni justificar para qué quieren dicha información. Es decir, que podrían requerir esta información sólo para vigilar su actuar y en caso de encontrar una irregularidad habría oportunidad de interponer una denuncia ante el Instituto de Transparencia por no compartir ni un solo contrato.
“Es una forma de exigirles cuentas, entonces no sólo es cumplir con un trámite administrativo, sino sujetarse como su nombre lo dice a que puedan ser revisados por las instituciones y por la sociedad”, opinó.
Ser sujeto obligado depende del nuevo comisionado
Shanik David cree que sólo es cuestión de voluntad política para que la Comisión sea un sujeto obligado, pues en otra investigación que hizo el Observatorio se pudo encontrar que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Puebla (CEEAVI) estaba en la misma condición, pues no era un sujeto obligado, pero la misma encargada de despacho, Miriam Itzsel Chávez Gómez, solicitó transparentar sus gestiones y rendir cuentas a la sociedad. Esto lo solicitaron en el 2021.
“Presentaron oficios al Instituto de Transparencia, en donde indicaron desde cuándo empezaron a operar, presentaron su unidad de transparencia y solicitaron ser parte del padrón. Se puede hacer de forma voluntaria (…) puede ser el comisionado de búsqueda quien lo solicite y puede argumentarse en varios artículos de transparencia, a la CEEAVI le costó un mes, entonces se puede hacer”, detalló.
Para la también académica, es cuestión de que el nuevo titular de la Comisión, Luis Javier Cervantes Gómez, tenga voluntad política y quiera hacer las cosas diferentes en este organismo. Hay que recordar que su antecesora, María del Carmen Carabarin Trujillo, dejó el puesto tras una serie de señalamientos de presunta corrupción y nulo apoyo a las familias con una persona desaparecida.
El único argumento que podría exponer la Comisión de Búsqueda para no ser sujeto obligado es que, aunque dicha Comisión y la CEEAVI forman parte de Gobernación, tienen naturalezas diferentes. La primera es un organismo desconcentrado y la segunda es descentralizada; en esta última tienen un poco más de autonomía y pueden tomar ciertas decisiones propias.
“La Comisión Nacional también es un organismo desconcentrado como es la Comisión local y sí es un sujeto obligado. De que se puede se puede, depende más de la voluntad política y por eso es importante que el nuevo comisionado tome ese paso. Sí pueden hacerlo, sólo hace falta que tomen esas decisiones”, expuso.
Para concluir, dijo que la Comisión cuenta con una página de Internet que puede aprovecharse al máximo, pero no han sabido cómo hacerlo, ya que brindar información a la ciudadanía no sólo se trata de cumplir por cumplir, sino de ser sensibles, ponerse en los zapatos de los familiares y preguntarse: “¿ellos qué necesitan?”. Una de sus sugerencias es que se integre el funcionamiento del Protocolo Alba, que es un mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas.
“Hay mucho que se puede hacer para difundir información y no se está aprovechando, pero con estos cambios puede ser el momento para empujar el tema (…) otra sugerencia es que la misma Gobernación suba más información de la Comisión en sus plataformas o aplique la transparencia focalizada, que es escoger un tema en particular, que sea de necesidad o de interés para la población, como se hizo con el Covid-19 con su portal de salud”, concluyó.
“No hay pretexto para no dar información”
Lilia Vélez Iglesias, directora general académica de la Universidad Iberoamericana campus Puebla e integrante del Nodo de Transparencia en Puebla, opinó que siempre que haya recursos públicos involucrados en un ente, se deben de transparentar los recursos.
“Si la Comisión recibe recurso público debería de ser sujeto obligado de la ley, aunque no esté incorporado como tal en el listado, ya que así la Constitución lo establece”, expuso.
La también periodista explicó que cualquier organismo que reciba dinero público tiene la obligación de darle información detallada a la ciudadanía y si dicha Comisión no es sujeto obligado tendría que establecer mecanismos para que las personas puedan acceder a los datos importantes de su trabajo.
“Debe de cumplir con los requisitos mínimos de transparencia, como tener un portal en donde se ponga la información relevante y la establecida en la ley estatal y tener mecanismos para que la gente pueda preguntar”, señaló.
Al igual que Shanik David, la académica sugirió que, por cuenta propia, el comisionado de búsqueda acuda al Itaipue y solicite cumplir con la Constitución, así como la ley, que lo ingresen a la lista de sujetos obligados y que lo asesoren para que esto pueda lograrse.
“No hay pretexto para no dar información, incluso los sindicatos y partidos políticos ya son sujetos obligados de la ley, entonces la Comisión no tiene pretexto (…) Por ejemplo, los sindicatos reciben recursos privados de sus afiliados y en eso se escudan, pero la ley marca que no deben de dar información de los afiliados, pero sí los apoyos gubernamentales. No hay entes que reciban recursos públicos que puedan poner pretexto”, finalizó.
Día Internacional del Acceso Universal a la Información
La anterior información se dio a conocer debido a que este 28 de septiembre fue el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, fecha que fue instaurada desde el 2015 por la UNESCO, ya que el derecho a saber es fundamental para todas las personas, sin importar su edad, su raza, su género o si tiene una discapacidad. Estos datos deben de ser públicos y el objetivo es que la población tenga herramientas para poder tomar decisiones y ejercer sus derechos.
“Es una herramienta fundamental para la rendición de cuentas, que es a lo que aspiramos a las democracias; cómo puedo yo exigirle a un gobierno y pedirle que rinda cuentas si no tengo datos, si no tengo información, si ni siquiera sé sus políticas públicas y sus resultados. Si la población ya sabe toda esta información y detecta que la autoridad no cumplió puede solicitar una sanción penal si hay un ilícito y corrupción o sólo sanción administrativa si no cumplió con los trámites”, expuso Lilia Vélez.
La académica agregó que esta conmemoración es un recordatorio a las autoridades de que tienen que rendir cuentas y que, si no lo hacen, la ciudadanía puede castigarlos políticamente. Esto quiere decir que si un alcalde no hizo bien su trabajo porque se buscaron datos y se comprobó, en las próximas elecciones no se vota por él o ella.
“¿Cómo puedo hacer este castigo político?, pues sólo si tengo datos, si sé qué está pasando en los organismos, en las dependencias, pero si no hay información, los ciudadanos estamos desarmados para poder exigir”, planteó.
También dijo que por muchos años en el país no hubo una legislación que garantizara el derecho a la información, fue una larga lucha que inició con la reforma de 1977, que fue la primera reforma político-electoral, que inició el proceso de democratización en México y ahí se incorporó en el sexto artículo constitucional este derecho. Sin embargo, se quedó un “poco coja”, pues no hubo ley reglamentaria y nadie sabía cómo ejercerla.
Organizaciones civiles y académicos presionaron en años siguientes para mejorar la legislación y en el sexenio de Ernesto Zedillo se hizo un primer ejercicio con una asociación en el que se le pidió información de su sueldo al presidente, pero no contestó y se interpuso un amparo en 1995, el cual ganaron.
“No sabíamos cuánto ganaba el presidente, los diputados y los senadores; no había información de ningún tipo y fue muy difícil acceder a datos públicos”, recordó.
Hasta el sexenio de Vicente Fox se creó la Ley de Transparencia y cada estado ha hecho sus reformas que derivaron de esta Ley General y por la cual se creó en Puebla el Itaipue, que es un organismo público autónomo y de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio; responsable de promover, difundir y garantizar el acceso a la información pública y la protección de los datos personales en la entidad.
El instituto es el único órgano garante de la transparencia, del acceso a la información pública y de la protección de los datos personales en Puebla, con competencia para vigilar el cumplimiento de la Ley por parte de todos los sujetos obligados.
Este medio buscó su postura y no se pudo concretar comunicación con sus representantes.
Para Vélez, esta última administración federal ha abonado en que el derecho a la información registre retrocesos, pues el mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) debe de desaparecer, que es un organismo que “no hace nada” y que cuesta millones de pesos a los mexicanos.
En varios estados, principalmente los que son del mismo partido que el presidente, han replicado estos discursos “de opacidad” y las dependencias ponen pretextos para no responder solicitudes de información y “reservan” o “clasifican” por varios años los datos para que estén fuera del acceso público.
De acuerdo con las autoridades, reservan la información porque puede causar un daño público su divulgación, pero en un gran porcentaje solo no quieren que se sepa el destino de los recursos públicos.
“Ha sido un largo proceso para construir un marco jurídico y constitucional que nos permita garantizar este derecho, por eso es tan preocupante que vemos retrocesos o intentos de irnos atrás en esta lucha en vez de avanzar por tener estos datos (…) lamentablemente el sexenio federal tiene esta política de negar información, de ocultarla y cuando se la presentan la rechaza, esperemos esta situación cambie porque hay un rezago y los próximos candidatos deben de fortalecer este derecho y entregarnos una buena oferta”, remató.
