Los alcaldes de San Andrés Cholula y Coronango, Karina Pérez Popoca y Antonio Teutli Cuautle, respectivamente, atribuyeron a la falta de información heredada por administraciones pasadas, el motivo de las observaciones hechas en fechas pasadas por el Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Itaipue), en donde les anuncia una baja calificación en la materia.
Al exponer su opinión, Pérez Popoca, en su calidad de gobernante del suelo sanandreseño dijo que, el cambio de plataformas digitales generado por el proceso de entrega-recepción contribuyó con dicho escenario, pero se están corrigiendo estas cuestiones presentadas.
Señaló además que, en su momento fue informado a la Auditoría Superior del Estado (ASE) de las condiciones en que pasadas autoridades habían dejado esta plataforma, la cual no presentaba toda la reglamentación legal obligada a consulta.
No obstante mencionó que en próximas fechas su gobierno estará cubriendo los faltantes dejados para cumplir con todas las disposiciones recomendadas por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Por su parte, el presidente municipal de Coronango, Antonio Teutli, asentó, “tenemos una calificación de 55 puntos, pero cuando recibimos este gobierno estaba en ceros y el motivo porque el que no llegamos a una calificación más alta es porque mucho de los rubros piden información de las administraciones pasadas y que abarca de 2014 al 2018 y lamentablemente no tenemos los expedientes, porque solo recibimos algunos”.
Añadió que, ante este escenario el Ayuntamiento realiza los trámites correspondientes para fincar responsabilidades a los ex funcionarios, quienes se fueron y antes no dejaron en orden el tema relacionado a la transparencia y rendición de cuentas.
Al igual aclaró que los datos oficiales generados por su gobierno son exhibidos en la plataforma digital, contrario a lo que sucede en aquellos relacionados en anteriores gestiones municipales.
Por último indicó que, de octubre pasado a la fecha, la Contraloría Municipal ha abierto más de 60 procedimientos administrativos en contra de igual cifra de exservidores públicos, por heredar irregularidades en diferentes rubros de operación, pero hasta ahora ninguno ha terminado en una sanción económica.