En todo el año 2022, se abrieron en Puebla, cinco carpetas de investigación por el delito de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, es decir, que los victimarios buscaron castigar o quebrantar la resistencia física o emocional de estas personas sin propósito concreto.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en el 2022, se abrieron y se judicializaron, cinco carpetas de investigación por dicho delito, lo que dio como resultado, un total de 12 víctimas. De esta cifra, 11 fueron hombres y un caso correspondió a una mujer.
La Fiscalía no detalló la edad de las víctimas, ni el tipo de trato crueles que vivieron. Tampoco se sabe el municipio en donde se abrió la indagatoria y si el victimario era cercano a las personas que fue torturada.
Estos casos fueron atendidos por la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, la cual está adscrita a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la FGE.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación a nivel federal, los tratos crueles e inhumanos, son actos que agreden o maltratan intencionalmente a una persona. Estas acciones buscan castigar o quebrantar la resistencia física o emocional de una persona.
Mientras que los tratos degradantes son los actos que provocan miedo, ansia y sentimientos de inferioridad con el fin de humillar, degradar y romper la resistencia física y moral de la víctima.
La Secretaría citó a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, pues estableció a la tortura como un acto que implica dolores y sufrimientos graves.
En consecuencia, se consideraba que la diferencia entre tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, radica en la intensidad de los sufrimientos provocados. Sin embargo, la definición de tortura de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985, no indica que el dolor o sufrimiento causado tiene que ser grave, por lo tanto, es necesario que una autoridad u organismo competente revise cada caso.
A quien cometa el delito de tortura se le aplicará prisión de 3 a 12 años, una multa de 200 a 500 días y se le inhabilitará para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el doble del tiempo de prisión impuesto.
La información de este material se obtuvo gracias a la solicitud de información con folio 210421523000284 y 210421523000352 que otorgó la Fiscalía de Puebla.