El Estado mexicano fracasó sistemáticamente en la formación de instituciones policiacas capacitadas para enfrentar a los grupos delictivos que imperan en el país. Por el contrario, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador le apostó a una corporación híbrida civil-militar, la Guardia Nacional, que ha sido incapaz de contener la proliferación de las células criminales que atentan contra la paz y prosperidad del país, coincidieron los académicos Eduardo Guerrero Gutiérrez y Sergio López Ayllón.
Durante el foro “¿Por qué hemos llegado a estos niveles de violencia?”, que forma parte del Diálogo Nacional por la Paz, con el que especialistas e integrantes de la Iglesia Católica en México trabajan para proponer una estrategia para pacificar el país, los investigadores Guerrero Gutiérrez y López Ayllón analizaron la capacidad institucional del Estado para atender la crisis de violencia que actualmente se vive en el país.
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Guerrero Gutiérrez, quien ostenta un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Chicago y es director de la consultoría Lantia, que analiza las políticas públicas de gobiernos estatales y municipales, señaló que la confianza en las policías civiles ha decrecido en los últimos años y la razón principal es la exigua inversión que las autoridades han hecho en su capacitación y mejoramiento.
Aunado a ello, enfatizó que el contexto actual, en donde grupos criminales ostentan arsenales que superan en fuerza al Ejército Mexicano, demanda que las corporaciones policiacas tengan las herramientas necesarias para afrontar la adversa realidad de violencia que se vive en el país.
Señaló que el gobierno federal, partiendo de ese escenario, instauró una corporación híbrida civil-militar, la Guardia Nacional, sin embargo, su configuración fue inadecuada y ello ocasionó que se creara una policía poco funcional.
“Pensar en una policía militar, que era la idea de la Guardia Nacional, sobre todo cuando te estás enfrentando a ejércitos criminales con capacidades militares, como el Cártel Jalisco [Nueva Generación], el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste, o los propios Viagras en Michoacán, tienen ametralladoras que solamente el Ejército Mexicano las tiene, pero se hizo tan mal… Vamos, se agarró un pedazo de gendarmería, otro de la policía naval, otro cacho de militares, otro pedazo de la Policía Federal y se quisieron unir esos pedazos y se creó un Frankenstein extraño que nunca funcionó, y que el presidente apenas y se dio cuenta hace unos meses que no funcionaba”, indicó.
Guerrero Gutiérrez hizo hincapié en que la ausencia de una institución fuerte ha debilitado al Estado mexicano. Esta condición, además, ha permitido que los grupos criminales refuercen su presencia territorial, al punto de que hoy en día existen alrededor de 40 cárteles, 57 mafias y 500 células criminales a nivel local.
El académico también refirió que los delincuentes han encontrado en los gobiernos locales una forma de cooptar el sistema judicial y de seguridad pública. El problema es que en este nivel de autoridad es donde se encuentran las instituciones de proximidad ciudadana, como las policías municipales y estatales.
Por si ello fuera poco, Guerrero Gutiérrez remarcó que los gobernantes suelen destinar estos espacios públicos para personas con poca preparación en temas de protección ciudadana, lo que agudiza la inseguridad en diversos puntos del país. Además, expuso que muchas veces se atiende la crisis hasta que ésta desbordó los niveles cotidianos.
“Si pensamos en las causas, yo las agruparía en tres, una es de carácter estructural, que tienen que ver con temas de pobreza y, por ejemplo, con la vecindad con Estados Unidos, que no solamente consume drogas, sino que vende armas a los grupos criminales que son los mejor armados del mundo. Tenemos otro grupo de causas que son las institucionales, que tienen que ver con las debilidades de las policías, las fiscalías y los tribunales. Y finalmente tenemos las causas de carácter contextual, que tienen que ver con las pésimas estrategias que echan a andar nuestros gobernantes, disque para combatir el crimen organizado, pero se trata básicamente de políticos completamente impreparados en materia de seguridad y criminal, que no entienden nada y pocas veces, además, se dejan asesorar, porque muchos son de una soberbia enorme”, consideró.
En ese tenor, consideró que es fundamental que los gobiernos de Norteamérica firmen un tratado en materia de seguridad pública, tal como sucedió con el Tratado Entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con el objetivo de atender las causas que propician la violencia regional, las cuales muchas veces desembocan del trasiego de armas y drogas, etcétera.
Se ha abandonado a las instituciones locales y de impartición de justicia
Por su parte, López Ayllón, doctor en Derecho por la por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y exsecretario general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), refirió que la Guardia Nacional fue una solución equivocada a la crisis de violencia que impera en el país. Lo mismo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), remarcó.
“El abandono de la procuración de justicia y de la fiscalías es también bárbaro y no lo vamos a poder corregir rápidamente, y la lógica punitiva-simbólica-retórica sólo sirve para profundizar la desigualdad y el encarcelamiento de personas inocentes (...) Los escenarios que podemos plantear en ningún caso son halagadores”, destacó.
Señaló que el Estado mexicano perdió control territorial desde hace tiempo, pues las policías locales, y en ocasiones hasta el Ejército, no cumplen con su obligación constitucional, tal como ocurrió con los normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, en 2014.
“La impunidad alcanza niveles inaceptables para un Estado democrático, cuya obligación primaria es garantizar la paz y la seguridad de las personas. ¿Qué país es este, que se ha acostumbrado a la violencia, a la impunidad, la crueldad, la corrupción y al fracaso de sus instituciones? ¿Qué sociedad somos?, que observamos y toleramos, nos acostumbramos, nos resignamos y nos rendimos ante la violencia porque los gobiernos no han tenido un horizonte de acciones y políticas”, compartió.
“El argumento central es que, en buena medida, el problema de la inseguridad y la violencia se explica por el muy deficiente funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, las fiscalías, los tribunales, el sistema penitenciario y añado por el contubernio que en muchos casos existe entre las autoridades políticas y la delincuencia en todos sus niveles”, añadió.
López Ayllón destacó que la inversión pública debe reforzarse en el ámbito local y no en el federal, pues es en ese nivel gubernamental donde ocurre la mayor parte de delitos denunciados ante el ministerio público.
Aunado a lo anterior, señaló que históricamente las policías municipales y estatales han sido las más abandonadas en recursos, capacitación y equipamiento, lo que muchas veces las deja vulnerables incluso frente a la propia delincuencia.
Finalmente, el especialista recordó que las fiscalías deben ser reforzadas en capacitación, pues muchas veces sus funcionarios no tienen las herramientas para tratar con víctimas de forma adecuada y de abonar en la impartición de justicia. Lo mismo debe hacerse con los tribunales, enfatizó.
“Los ministerios públicos no tienen capacidad para hacer investigación, falta profesionalizarlos; cambian cada vez que hay un nuevo procurador, hay ausencia de política criminal, faltan protocolos de atención a víctimas”, concluyó.
