/ martes 11 de julio de 2023

Acusan a inspector de destruir la producción de indígena defensora de la tierra

Indígenas exigieron el resarcimiento de la totalidad de los daños contra la activista totonaca

TLACUILOTEPEC, Pue. Habitantes y organizaciones sociales acusan al inspector de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del Estado, Guillermo Serrano Jiménez, por la destrucción de cajón y el traslado de material del apiario de la indígena totonaca y activista Margarita Martínez Rosas como represalia por su actividad en defensa de la tierra; hasta donde se sabe, la pérdida de 40 latas de 18 litros de miel cada una.

Aunque los hechos ocurrieron el pasado 9 de julio, hoy se sabe que ese domingo el inspector y su personal, acompañados de policías municipales, se presentaron en el predio Apoxtla, ubicado en el predio de Cuautepec, lugar donde había 22 cajones con sus respectivas colmenas, que si no fueron destruidas, fueron retenidas.



Organizaciones sociales como "Tlacuilo en Lucha", a través de un comunicado, acusaron al actual presidente, Osvaldo Guzmán Sánchez, como quien orquestó estas acciones, así como los actos ocurridos tres días antes contra la familia del también activista Floro Vázquez, de la comunidad de la Esperanza, también de este municipio, un acto de represión incluyó que desconocidos entraron a su casa.

El comunicado responsabiliza al presidente municipal de cualquier agresión que sucedan tanto Floro como Margarita y pidieron a que se investigue la legalidad de las actuaciones de este inspector de la Secretaría de desarrollo rural o, en su defecto, el amparo de algún mandato judicial con el que se llevaron a cabo estas acciones.

También exigieron el resarcimiento de la totalidad de los daños contra la indígena totonaca, así como que el gobernador del estado impulse cursos y talleres a todo su personal, así como al de los 217 ayuntamientos, sobre la declaración Universal de los derechos de los pueblos indígenas, sobre el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la Convención Internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial, así como otras leyes y normas vigentes para frenar los abusos y atropellos contra "nuestros hermanos indígenas", según se lee en este comunicado.

TLACUILOTEPEC, Pue. Habitantes y organizaciones sociales acusan al inspector de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del Estado, Guillermo Serrano Jiménez, por la destrucción de cajón y el traslado de material del apiario de la indígena totonaca y activista Margarita Martínez Rosas como represalia por su actividad en defensa de la tierra; hasta donde se sabe, la pérdida de 40 latas de 18 litros de miel cada una.

Aunque los hechos ocurrieron el pasado 9 de julio, hoy se sabe que ese domingo el inspector y su personal, acompañados de policías municipales, se presentaron en el predio Apoxtla, ubicado en el predio de Cuautepec, lugar donde había 22 cajones con sus respectivas colmenas, que si no fueron destruidas, fueron retenidas.



Organizaciones sociales como "Tlacuilo en Lucha", a través de un comunicado, acusaron al actual presidente, Osvaldo Guzmán Sánchez, como quien orquestó estas acciones, así como los actos ocurridos tres días antes contra la familia del también activista Floro Vázquez, de la comunidad de la Esperanza, también de este municipio, un acto de represión incluyó que desconocidos entraron a su casa.

El comunicado responsabiliza al presidente municipal de cualquier agresión que sucedan tanto Floro como Margarita y pidieron a que se investigue la legalidad de las actuaciones de este inspector de la Secretaría de desarrollo rural o, en su defecto, el amparo de algún mandato judicial con el que se llevaron a cabo estas acciones.

También exigieron el resarcimiento de la totalidad de los daños contra la indígena totonaca, así como que el gobernador del estado impulse cursos y talleres a todo su personal, así como al de los 217 ayuntamientos, sobre la declaración Universal de los derechos de los pueblos indígenas, sobre el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la Convención Internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial, así como otras leyes y normas vigentes para frenar los abusos y atropellos contra "nuestros hermanos indígenas", según se lee en este comunicado.

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