En riesgo de fracaso se encuentra la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, por faltantes para su implementación e irregularidades cometidas en su elaboración, consideró Gerardo Pérez Muñoz, activista en temas culturales.
En entrevista, el culturalista destacó que la legislación además de que carece de un reglamento, no consultó a los pueblos indígenas y sigue concibiendo al patrimonio cultural como un objeto y no como un sujeto, por ello -dijo- teme que ocurra lo mismo que otras iniciativas similares que no se han podido concretar a casi 10 años de que se impulsaron.
El entrevistado recordó que la Ley Federal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de este año, pero su reglamento debió publicarse en junio pasado y a la fecha eso no ha ocurrido.
"Parece que va a correr la misma suerte que cuando se firmó la Convención Internacional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, del 2013, que a la fecha no se ha formado esta Comisión para determinar cuál patrimonio cultural inmaterial estaba en riesgo, ya casi cumple 10 años y no se ha podido instaurar", opinó.
El conocido activista destacó que las propias instancias oficiales son las que la encabezarían, empezando por la Secretaría de Cultura, la de Educación Pública, la de Hacienda y Crédito Público, el Instituto indígena, la Fiscalía General de la República y hasta el último a los representantes de los pueblos indígenas.
"Más que el propio reglamento, es una ley patrimonialista estatal, que se reproduce en otras leyes porque en el mismo marco jurídico hay una contradicción, se habla de una autodeterminación de los pueblos y no han sido consultados (…) hay que reconocer que la ley es un avance, aunque no es limitado, tal y como lo está actualmente, de ahí que deberían ser los propios pueblos indígenas los que definan cuál es su patrimonio, no los diputados, no una institución", precisó.
Ejemplificó el tema con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde todo el patrimonio cultural está en manos de una sola institución, lo que describió como una muestra del patrimonialismo estatal que ocurrirá con esta ley federal y su reglamento.
Abundó en que es una ley federal y no una ley general, lo que implica que quienes quedan a cargo lo estarían a través de alguna dependencia, lo que podría ser sumamente riesgoso, según explicó; en el segundo de los casos se involucraría a los niveles de gobierno.
Plagio, presente desde hace más de 20 años
Aunque defendió que el impacto de esta ausencia del reglamento y la visión con la que fue creada la ley y el reglamento tendría huella en el patrimonio cultural de todo el país, en el territorio poblano, desde hace más de 20 años, se ha venido ocurriendo el plagio de textiles, lo que suma lo que técnicamente se conoce como "bioprospección", en la que empresas están patentando semillas, flores y fauna endémica, como el caso del maíz criollo y la empresa Monsanto.
"El problema es la ley, te mete un sistema burocrático en el que tiene que ser denunciado, por ejemplo, a la Secretaría de cultura y de ahí ocurriría una mediación con las empresas, lo que parece absurdo, considerando que lo que debe ocurrir es una denuncia ante el ministerio público y que las empresas paguen a los artesanos creadores el plagio que están haciendo y le resarzan económicamente el daño que están sufriendo", opinó.
Señaló que el patrimonio cultural se habla de una propiedad intelectual colectiva "y hay que tratarlo como tal"; diferenció lo que en la mentalidad occidental se trata solamente propiedad intelectual individual.
En la entrevista, cuestionó: “¿Por qué a más de un año q se le entregó al presidente de la República la iniciativa de reforma constitucional de pueblos indígenas, ésta duerme injustamente el sueño de los justos y el olvido en el Congreso de la Unión?... Eso ¿no es racismo y discriminación por parte de las y los diputados y senadores?”
Entre los casos poblanos que citó está el de "Forever 21", en San Gabriel Chilac, un caso de plagio de diseños y textiles, aunque también ha habido plagios en Pahuatlán, Naupan, Chiconcuautla, Huauchinango, "eso es lo grave, lo que suma que ninguna institución cultural o en materia indígena facultada en Puebla tiene un diagnóstico de lo que está pasando, lo mismo sucede en las instancias federales, ninguna tiene un diagnóstico de campo de lo que está sucediendo".
Destacó que esta gravedad se acrescenta si se considera que algunas dependencias están catalogando el patrimonio cultural en riesgo, entonces la pregunta es que está haciendo con los recursos públicos que se está dando a estas instituciones.
"No le están dando la importancia que requiere este tipo de problemáticas actuales, hay una enorme ausencia en cuanto al diagnóstico estatal, pero tampoco hay una estrategia, tampoco hay talleres de información y de aplicación de esta misma ley para los funcionarios, hay un burocratismo impresionante, cada burócrata metió su castillo de la pureza, aun cuando esta temática los está rebasando”, señaló.
“El caso de Puebla, al igual que en el resto del país, no estoy viendo que esta ley haya tenido un proceso de consulta con los pueblos indígenas, así, lo que le hace falta la defensa y el sustrato que le dan los propios implicados, es decir, los pueblos indígenas que no fueron suficientemente tomados en consideración, lo que se puede resumir con esta frase: nuestra cultura no caben sus museos, porque los pueblos indígenas siguen siendo objeto de políticas, no el sujeto de esas políticas, de ahí que también le hace falta una autocrítica de las instituciones", finalizó.
