/ miércoles 5 de agosto de 2020

Llevan linchamiento de Acatlán ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Los padres de las víctimas denunciaron que a Ricardo y Alberto les fue violado su derecho a la vida, la integridad personal, garantías judiciales, protección judicial, libertad personal y fueron torturados

Familiares de Ricardo N. y Alberto N. los dos hombres linchados el 29 de agosto de 2018 en el municipio de Acatlán de Osorio, interpusieron una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del estado mexicano.

El abogado de los familiares, Víctor Alonso Tadeo Solano, presentó la petición de denuncia, en la cual se responsabilizó al gobierno municipal de Acatlán, al estatal, Poder Judicial del Estado, Fiscalía General del Estado, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También a la Jueza Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado, el Juez de Control de la Región Sur con residencia en Acatlán, al fiscal Gilberto Higuera Bernal, al fiscal regional Jaime Huerta Ramos, al gobernador de Puebla, al presidente municipal de Acatlán, así como a magistrados del Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del Segundo y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, y al Congreso local por no emitir una decisión final del caso.

Según el expediente al que tuvo acceso El Sol de Puebla, los padres de las víctimas denunciaron que a Ricardo y Alberto les fue violado su derecho a la vida, la integridad personal, garantías judiciales, protección judicial, libertad personal y fueron torturados.

En el documento se detallan las acciones intentadas ante los órganos judiciales que van desde la presentación de diversos juicios de amparo indirectos y directos, audiencias de control judicial, reclamación de responsabilidad patrimonial al gobierno y la Fiscalía, juicios de nulidad y técnicas de investigación de intervención de comunicaciones.

Se denunció el retardo de las autoridades en emitir una decisión final sobre el caso, pues señalaron que el 29 de agosto de 2018 el Ministerio Público inició la investigación judicial pero no con la debida diligencia, ha ocultado información y se ha abstenido de investigar con el argumento de que los fiscales Gilberto Higuera y Jaime Huerta deben autorizarlo.

El abogado presentó pruebas para demostrar las violaciones denunciadas, entre las cuales destacan toda la carpeta de investigación, un recurso de queja promovido ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un oficio ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, juicios de amparo y la reclamación de responsabilidad patrimonial.

Ricardo y Alberto fueron privados de la vida por pobladores de Acatlán de Osorio quienes hicieron justicia por propia mano. Fueron sacados del área de seguridad de la comandancia municipal para golpearlos, rociarles combustible y después quemarlos vivos.



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Familiares de Ricardo N. y Alberto N. los dos hombres linchados el 29 de agosto de 2018 en el municipio de Acatlán de Osorio, interpusieron una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del estado mexicano.

El abogado de los familiares, Víctor Alonso Tadeo Solano, presentó la petición de denuncia, en la cual se responsabilizó al gobierno municipal de Acatlán, al estatal, Poder Judicial del Estado, Fiscalía General del Estado, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También a la Jueza Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado, el Juez de Control de la Región Sur con residencia en Acatlán, al fiscal Gilberto Higuera Bernal, al fiscal regional Jaime Huerta Ramos, al gobernador de Puebla, al presidente municipal de Acatlán, así como a magistrados del Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del Segundo y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, y al Congreso local por no emitir una decisión final del caso.

Según el expediente al que tuvo acceso El Sol de Puebla, los padres de las víctimas denunciaron que a Ricardo y Alberto les fue violado su derecho a la vida, la integridad personal, garantías judiciales, protección judicial, libertad personal y fueron torturados.

En el documento se detallan las acciones intentadas ante los órganos judiciales que van desde la presentación de diversos juicios de amparo indirectos y directos, audiencias de control judicial, reclamación de responsabilidad patrimonial al gobierno y la Fiscalía, juicios de nulidad y técnicas de investigación de intervención de comunicaciones.

Se denunció el retardo de las autoridades en emitir una decisión final sobre el caso, pues señalaron que el 29 de agosto de 2018 el Ministerio Público inició la investigación judicial pero no con la debida diligencia, ha ocultado información y se ha abstenido de investigar con el argumento de que los fiscales Gilberto Higuera y Jaime Huerta deben autorizarlo.

El abogado presentó pruebas para demostrar las violaciones denunciadas, entre las cuales destacan toda la carpeta de investigación, un recurso de queja promovido ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un oficio ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, juicios de amparo y la reclamación de responsabilidad patrimonial.

Ricardo y Alberto fueron privados de la vida por pobladores de Acatlán de Osorio quienes hicieron justicia por propia mano. Fueron sacados del área de seguridad de la comandancia municipal para golpearlos, rociarles combustible y después quemarlos vivos.



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