/ sábado 23 de octubre de 2021

Rechazan pobladores y ONG estudio para proyecto minero en Ixtacamaxtitlán

Minera Gorrión anunció la elaboración de una evaluación sobre impactos en derechos humanos en la zona

Ixtacamaxtitlán.- Como una patraña calificaron organizaciones no gubernamentales e indígenas locales la realización de un estudio pagado por la subsidiaria de Almaden Minerals para el proyecto minero desarrollado en esta demarcación y que es rechazado por las comunidades, según se desprende del comunicado que emitieron luego de que la filial de esta empresa canadiense, Minera Gorrión, difundieron boletín en el que anunció la elaboración de una evaluación de impactos en derechos humanos.

Signada por la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder) y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), el comunicado de prensa inició con el señalamiento de que el llamado Proyecto Ixtaca es rechazado por las comunidades, por lo que "no cuenta con autorización ambiental del gobierno y es inútil que insistan en su realización", se lee en el comunicado.

Mismo que abunda que la única y válida evaluación de impacto en derechos humanos es aquella que es liderada por las comunidades, misma que desprendió de análisis realizado a lo largo de cuatro años y que fue presentado en 2017, luego de un proceso participativo, transparente y, sobre todo, dirigido por las personas afectadas en las comunidades.

El comunicado defiende que esta evaluación del impacto de derechos humanos incluso la entregaron a parlamentarios y organizaciones canadienses aliadas, también en aquel año. El comunicado argumenta que esta evaluación identificó impactos negativos a los derechos al medio ambiente, el agua y la salud durante la etapa de exploración.

También encontró potenciales riesgos de desplazamiento forzado y la falta de cumplimiento de obligaciones previstas en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, en relación a obtener el Consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas, razón por la que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales rechazó, a finales del año pasado, la solicitud de permiso de la minera para iniciar la fase de explotación.

Los indígenas y las organizaciones criticaron que, con los antecedentes de violaciones a derechos humanos y de información imprecisa a sus propios inversionistas canadienses, la minera se refiera a la comunicación que involucrará el proceso de evaluación que emprenderá con los diversos actores, entre ellos las comunidades indígenas, mismas cuya existencia negaron cuando presentaron su manifestación de impacto ambiental, en 2020.

"De ninguna manera aceptaremos "compensación" alguna por las violaciones a los derechos humanos que quieren cometer con su proyecto y como lo señalan en su comunicación pública", se lee en el comunicado que argumenta que una evaluación en esta materia, elaborada por la empresa, no puede tener un "Comité independiente", si es financiado por la misma empresa y tampoco si sus empleados participan en el.

"No pueden pagar a alguien para lavarse la cara y convencer a inversionistas que pueden rescatar un proyecto que no fue autorizado por el gobierno y que no es consentido por las comunidades", se lee en el comunicado.

Igualmente, cuestionaron: "¿por qué no recibieron al equipo implementador de la EIDH ni quisieron comentar la EIDH que realizamos en 2017? ¿Darán a conocer los resultados de la supuesta Evaluación de Impactos Sociales (Evis) que realizaron y prefirieron mantener ocultos?"


Ixtacamaxtitlán.- Como una patraña calificaron organizaciones no gubernamentales e indígenas locales la realización de un estudio pagado por la subsidiaria de Almaden Minerals para el proyecto minero desarrollado en esta demarcación y que es rechazado por las comunidades, según se desprende del comunicado que emitieron luego de que la filial de esta empresa canadiense, Minera Gorrión, difundieron boletín en el que anunció la elaboración de una evaluación de impactos en derechos humanos.

Signada por la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder) y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), el comunicado de prensa inició con el señalamiento de que el llamado Proyecto Ixtaca es rechazado por las comunidades, por lo que "no cuenta con autorización ambiental del gobierno y es inútil que insistan en su realización", se lee en el comunicado.

Mismo que abunda que la única y válida evaluación de impacto en derechos humanos es aquella que es liderada por las comunidades, misma que desprendió de análisis realizado a lo largo de cuatro años y que fue presentado en 2017, luego de un proceso participativo, transparente y, sobre todo, dirigido por las personas afectadas en las comunidades.

El comunicado defiende que esta evaluación del impacto de derechos humanos incluso la entregaron a parlamentarios y organizaciones canadienses aliadas, también en aquel año. El comunicado argumenta que esta evaluación identificó impactos negativos a los derechos al medio ambiente, el agua y la salud durante la etapa de exploración.

También encontró potenciales riesgos de desplazamiento forzado y la falta de cumplimiento de obligaciones previstas en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, en relación a obtener el Consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas, razón por la que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales rechazó, a finales del año pasado, la solicitud de permiso de la minera para iniciar la fase de explotación.

Los indígenas y las organizaciones criticaron que, con los antecedentes de violaciones a derechos humanos y de información imprecisa a sus propios inversionistas canadienses, la minera se refiera a la comunicación que involucrará el proceso de evaluación que emprenderá con los diversos actores, entre ellos las comunidades indígenas, mismas cuya existencia negaron cuando presentaron su manifestación de impacto ambiental, en 2020.

"De ninguna manera aceptaremos "compensación" alguna por las violaciones a los derechos humanos que quieren cometer con su proyecto y como lo señalan en su comunicación pública", se lee en el comunicado que argumenta que una evaluación en esta materia, elaborada por la empresa, no puede tener un "Comité independiente", si es financiado por la misma empresa y tampoco si sus empleados participan en el.

"No pueden pagar a alguien para lavarse la cara y convencer a inversionistas que pueden rescatar un proyecto que no fue autorizado por el gobierno y que no es consentido por las comunidades", se lee en el comunicado.

Igualmente, cuestionaron: "¿por qué no recibieron al equipo implementador de la EIDH ni quisieron comentar la EIDH que realizamos en 2017? ¿Darán a conocer los resultados de la supuesta Evaluación de Impactos Sociales (Evis) que realizaron y prefirieron mantener ocultos?"


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