Las comunidades totonacas de San Felipe Tepatlán, Altica y San Mateo Tlacotepec de la Sierra Norte de Puebla firmaron una petición en la plataforma Change.org para exigir que se cancele el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, que fue autorizado por el Estado Mexicano a favor de empresas como Wal-Mart, Waldo´s Dólar, Vips, Suburbia y Colchas México.
De 500 firmas que requieren a la fecha han acumulado 423 para reclamar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Secretaría de Energía (Sener) y las presidencias municipales, que hayan otorgado los permisos sobre el Río Ajajalpan.
“FIRMA ESTA PETICIÓN para que el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla dicte sentencia, reconociendo la vulneración de los derechos del pueblo Tutunaku y ordenando la cancelación de los permisos que dan origen al PHP1”, señala la petición en Change.org
En 2016 interpusieron el juicio de amparo en contra del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1), por la violación a sus derechos como pueblos indígenas, que fue autorizado por el gobierno a favor de la empresa Deselec 1-Comexhidro para abastecer de energía a sus socias Wal-Mart, Waldo´s Dólar, Vips, Suburbia, Colchas México e Ileana Jinich Mekler.
En la demanda acompañada por el Consejo Tiyat Tlali y por Fundar, los inconformes reclaman a las autoridades haber entregado los permisos sobre el Río Ajajalpan, que es parte de su territorio ancestral y que se hayan violado obligaciones internacionales de derechos humanos como el derecho a la consulta, consentimiento indígena, tierra, territorio, libre determinación, medio ambiente, agua y no haber realizado un estudio de los posibles impactos sociales del proyecto.
Por ello solicitaron la cancelación de los permisos y rechazaron la construcción de la hidroeléctrica que, de acuerdo con los peritajes existentes en el expediente, tendrá impactos en el medio ambiente, como la disminución en la calidad del agua, generación de gases de efecto invernadero, aparición de fauna nociva, contaminación de acuíferos y remoción de vegetación forestal.
Las comunidades también exigieron que se revise la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), ya que el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previsto, es contrario a los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas.
Cabe mencionar que el 11 de julio de este año se realizó la Audiencia Constitucional del Juicio de Amparo 598/2016, por lo que el caso llegó a un momento decisivo.
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