La Universidad Iberoamericana Puebla, a través de la Clínica Jurídica Minerva Calderón, obtuvo una resolución a nivel federal que obliga al Congreso local a legislar a favor de la Declaración Especial de Ausencias.
Mediante un comunicado detalló que la resolución fue emitida por el Poder Judicial de la Federación ante la omisión legislativa prevaleciente en la entidad para que los familiares de desaparecidos puedan ejercer los derechos de las víctimas.
Advirtió que, de no ser acatada esta resolución, se genera un escenario de incertidumbre jurídica y de desprotección para las personas víctimas de desaparición forzada y sus familias.
“Esta figura permite acudir a un juez civil para que emita una resolución que protege los derechos de personas desaparecidas y cuente con una especie de representación legal bajo presunción de vida, para que sus derechos sean ejercidos por sus familiares”, explicó la casa de estudios.
De acuerdo con la resolución, el Congreso de Puebla ha sido omiso en desplegar sus atribuciones para cumplir con las con las medidas de protección para las víctimas de desaparición que les permita obtener la Declaración Especial de Ausencia.
La casa de estudios informó que, hasta el día de hoy, solo 15 estados del país han cumplido con el plazo de 180 días que estableció la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda para legislar en este tema.
“Al conceder el amparo, la jueza de Distrito sostuvo que la desaparición de personas es una problemática de Estado particularmente grave en la que Puebla cuenta con un índice mayor de personas desaparecidas y no localizadas en relación con los Estados vecinos como Tlaxcala y Oaxaca”, lamentó.
Finalmente, la universidad hizo un llamado para que este proceso legislativo no impere sobre intereses políticos, sino que debe ser prioritaria, sin excusas al margen de quien a la fecha ocupe el cargo y bajo los principios que rigen la administración pública.
“Hacemos votos para que el Congreso local, de manera responsable y comprometida, acate esta sentencia y dé trámite al proceso legislativo”, finalizó.
