Manejo de ASE debe tener una visión integral: aspirante al organismo

De acuerdo con Marquina Sainz, el proceso de fiscalización debe contar con las herramientas necesarias para detectar empresas “fantasma”

Víctor Hugo Juárez

  · viernes 4 de octubre de 2019

Una visión integral en el manejo de la Auditoría Superior del Estado (ASE) es la apuesta del aspirante a titular del organismo, Rogelio Manuel Marquina Sainz, para acabar con la corrupción en el manejo de recursos públicos por parte de los sujetos obligados.

De acuerdo con Marquina Sainz, quien es apoyado por el rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez Bautista, el proceso de fiscalización debe contar con las herramientas necesarias para detectar empresas “fantasma”, que no solo implica actos de corrupción, sino otros delitos como el desvío de recursos públicos.

“Considero indispensable que la fiscalización, con visión integral, sea también una herramienta que permita dotar de información a las instancias competentes para iniciar los procedimientos penales necesarios en contra de las empresas fantasma y actos delictivos”.

Por ello también avaló la necesidad de implementar procesos de “Auditoría Forense” para detectar información que pueda ser turnada a las instancias de administración de justicia para iniciar los procedimientos penales correspondientes en caso de detectar irregularidades en las cuentas que reportan los sujetos obligados.

“Coincido en que deben incluirse en los procesos de fiscalización, procesos de Auditoría Forense, que permitan integrar técnicas de contabilidad, investigación criminalistica, conocimientos jurídicos-procesales y otras habilidades, con la finalidad de contar con información que apoye a las instancias administradoras de justicia, en desarrollo de los procedimientos penales que se ejercen derivados de la recaudación de recursos públicos”.

En ese sentido, cabe destacar que la Comisión Inspectora es el Congreso del Estado ya aprobó en comisiones la creación de una Auditoría Forense, encargada específicamente para detectar “empresas fantasma” y la triangulación de recursos en las instancias que manejan recursos públicos.