El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Julio César Ulises Chávez Ramos, manifestó que por la normatividad procesal correspondiente el exgobernador poblano, el priista Mario Marín Torres, sí es considerado como un prófugo de la justicia.
“En términos de la normatividad y la legislación, no conozco a detalle el expediente, pero así lo cataloga la normatividad procesal correspondiente”, expuso ayer en sus oficinas ubicadas en la lateral de la Recta a Cholula.
En Mario Marín, y en otras tres personas, pesa una orden de aprehensión por el delito de tortura cometida en 2005 en contra de la periodista y activista Lydia Cacho, quien fue detenida por difamación y calumnia tras la publicación del libro titulado “Los Demonios del Edén”, en el que hablaba de explotación sexual de menores y en el que involucraba a políticos y empresarios poblanos.
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Entrevistado después de participar en la puesta en marcha del predespliegue ministerial previo a las elecciones del 2 de junio, el funcionario federal reportó que hasta el momento la FGR de Puebla no tiene ninguna intervención en la detención del exgobernador del Partido Revolucionario Institucional.
“Hay que recordar que la Fiscalía General de la República es un órgano ya constitucional autónomo, cuyo radio de acción o cobertura es federal, por ende es a nivel nacional”, expresó Chávez Ramos.
Añadió: “entiendo que esto es a través de la agencia de investigación criminal, cuyas unidades centrales cuentan con oficinas o grupos que se dedican al cumplimiento de mandamientos judiciales”.
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Las otras tres personas que también cuentan con una orden de aprehensión por su participación en la comisión del mismo delito son: Adolfo Karam Beltrán, exdirector de la Policía Judicial; el empresario Kamel Nacif; y Juan Sánchez Moreno, excomandante de Grupo de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, quien supuestamente ya fue detenido.
La orden de arresto se giró el pasado 11 de abril por pate de María Elena Suárez Préstamo, Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito.
Si bien el incidente de tortura que denuncia la periodista se registró hace 14 años, el caso Marín- Cacho se reactivó porque este delito, según criterios nacionales e internacionales, es una grave violación a los derechos humanos y por ende no se debe de recurrir a la figura de la prescripción.
