/ jueves 22 de julio de 2021

Peligra pago de salarios en la UDLAP tras bloqueo de cuentas por litigio

Tras negativa de la JCIAP para devolver el control de la universidad, la familia Jenkins procederá legalmente por los delitos de usurpación de funciones y falsedad de declaraciones

El juez de la Ciudad de México que permitió que el patronato presidido por Horacio Magaña tomara el control de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) el pasado 29 de junio, es el que debe devolver el control administrativo y del campus a la Fundación Mary Street Jenkins y mientras eso no ocurra las cuentas bancarias de la institución estarán congeladas, indicó el vocero de esta última, Enrique Rodríguez Martínez.

A seis días de que el Poder Judicial de la Federación ordenó que el control de la universidad se devolviera al patronato que preside Margarita Jenkins de Landa, Rodríguez señaló qué hay una negativa por parte de la Junta para el

Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) para cumplir.

En consecuencia, dijo que la fundación a la que representa procederá a interponer denuncias penales contra quienes resulten responsables por los delitos federales de allanamiento, usurpación de funciones y falsedad de declaraciones en informes previamente rendidos a la autoridad judicial.

El vocero enfatizó que la orden del Poder Judicial está vigente y debe ser cumplida de inmediato por el juez de la Ciudad de México que dio su aval para que el patronato designado por la Junta tomará el campus, con apoyo de la policía estatal.

"El juzgado ya nos ha respondido que la autoridad que debe dar cumplimiento a este mandato judicial federal debe ser la que originó la intervención ilícita de la UDLAP, es decir, el juzgado establecido en el fuero común de la Ciudad de México es el que debe dar cumplimiento a esta resolución", dijo.

En la respuesta del juzgado tercero de distrito en materia de amparo, que mostró a esta casa editorial y fue emitida el 20 de julio, se indica que "es el juez de origen el que se encuentra constreñido a emitir los actos necesarios para cumplimentar la acción concedida".

"Sumado a que la orden de entrega y posesión del inmueble, materia del presente incidente, debe desahogarse de forma tal que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución del acto reclamado, sin que se constituyan derechos que no correspondan a la emisión del mismo, lo que solo puede constatar la autoridad que la llevo a cabo", añade.

El vocero de la Fundación Jenkins dijo que no están facultados para pedir el apoyo de la fuerza pública a fin de dar cumplimiento a la orden judicial, sin embargo quien si puede hacerlo es el juzgado tercero de distrito y ya se lo han sugerido.

Insistió en qué hay un interés por parte del gobierno estatal para despojar a la fundación de su patrimonio, ya que con insistencia ha señalado que existen órdenes de aprehensión vigentes contra integrantes de la familia Jenkins y no es así.

"Hay un clima de persecución para inhibir los efectos de la suspensión para recuperar el campus de la universidad y evitar, a través de amenazas, la presencia física de las autoridades universitarias en sus instalaciones, lo que representa un conjunto de irregularidades para apropiarse de un patrimonio privado", acotó.

Congelan cuentas de la UDLAP, no se podrá pagar a los trabajadores.

Enrique Roríguez Martínez y el rector interino de la UDLAP, designado por el patronato que se niega a devolverla, coincidieron en que el litigio ha provocado que se congelaran las cuentas bancarias de la institución, por lo que no se podrá pagar el salario de los trabajadores.

Armando Ríos Piter detalló que los sindicalizados ya se vieron afectados con la falta del pago correspondiente a la actual decena, mientras que el de la quincena para los empleados de confianza, previsto para la próxima semana, tampoco podrá realizarse.

"El recurso legal que se ha promovido para oponerse a la conformación de un nuevo patronato ha tenido como efecto que, ante la duda jurídica y como medida cautelar, las instituciones bancarias congelaran las cuentas", dijo al tiempo de explicar que, a diferencia de la quincena pasada, la Dirección de Recursos Humanos no ha colaborado con la información para dispersar el pago de la nómina.

Ríos Piter aseguró que en una audiencia, que tendrá lugar el próximo jueves o a más tardar cuando los jueces retornen de vacaciones, se aclarará la situación con las instituciones bancarias.

Sin embargo, Enrique Rodríguez insistió en que el patronato de la Fundación UDLAP, presidido por Margarita Jenkins, es el único legitimado para manejar las cuentas bancarias y podrá hacerlo hasta que se acate la orden judicial y se le devuelva el control de las mismas y del campus.

"En cuanto se cumpla la resolución del juzgado federal que ordena restituirnos las instalaciones y las cuentas todo volverá a normalizarse, pero mientras no se cumpla, nosotros no podemos hacernos responsables de la falta de pagos o de cualquier daño patrimonial que pueda sufrir físicamente el campus".

El vocero dijo que la fundación hace directamente responsable al rector interino, Armando Ríos Piter, así como a "todo su séquito de abogados" de las anomalías generadas por el desacato a la orden judicial, ya que no han podido acceder a las cuentas porque no están legitimados para ello.

Mientras tanto, dijo, la negativa de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla y del patronato presidido por Horacio Magaña para devolver las instalaciones, afectará a corto plazo el pago a los trabajadores.

El juez de la Ciudad de México que permitió que el patronato presidido por Horacio Magaña tomara el control de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) el pasado 29 de junio, es el que debe devolver el control administrativo y del campus a la Fundación Mary Street Jenkins y mientras eso no ocurra las cuentas bancarias de la institución estarán congeladas, indicó el vocero de esta última, Enrique Rodríguez Martínez.

A seis días de que el Poder Judicial de la Federación ordenó que el control de la universidad se devolviera al patronato que preside Margarita Jenkins de Landa, Rodríguez señaló qué hay una negativa por parte de la Junta para el

Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) para cumplir.

En consecuencia, dijo que la fundación a la que representa procederá a interponer denuncias penales contra quienes resulten responsables por los delitos federales de allanamiento, usurpación de funciones y falsedad de declaraciones en informes previamente rendidos a la autoridad judicial.

El vocero enfatizó que la orden del Poder Judicial está vigente y debe ser cumplida de inmediato por el juez de la Ciudad de México que dio su aval para que el patronato designado por la Junta tomará el campus, con apoyo de la policía estatal.

"El juzgado ya nos ha respondido que la autoridad que debe dar cumplimiento a este mandato judicial federal debe ser la que originó la intervención ilícita de la UDLAP, es decir, el juzgado establecido en el fuero común de la Ciudad de México es el que debe dar cumplimiento a esta resolución", dijo.

En la respuesta del juzgado tercero de distrito en materia de amparo, que mostró a esta casa editorial y fue emitida el 20 de julio, se indica que "es el juez de origen el que se encuentra constreñido a emitir los actos necesarios para cumplimentar la acción concedida".

"Sumado a que la orden de entrega y posesión del inmueble, materia del presente incidente, debe desahogarse de forma tal que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución del acto reclamado, sin que se constituyan derechos que no correspondan a la emisión del mismo, lo que solo puede constatar la autoridad que la llevo a cabo", añade.

El vocero de la Fundación Jenkins dijo que no están facultados para pedir el apoyo de la fuerza pública a fin de dar cumplimiento a la orden judicial, sin embargo quien si puede hacerlo es el juzgado tercero de distrito y ya se lo han sugerido.

Insistió en qué hay un interés por parte del gobierno estatal para despojar a la fundación de su patrimonio, ya que con insistencia ha señalado que existen órdenes de aprehensión vigentes contra integrantes de la familia Jenkins y no es así.

"Hay un clima de persecución para inhibir los efectos de la suspensión para recuperar el campus de la universidad y evitar, a través de amenazas, la presencia física de las autoridades universitarias en sus instalaciones, lo que representa un conjunto de irregularidades para apropiarse de un patrimonio privado", acotó.

Congelan cuentas de la UDLAP, no se podrá pagar a los trabajadores.

Enrique Roríguez Martínez y el rector interino de la UDLAP, designado por el patronato que se niega a devolverla, coincidieron en que el litigio ha provocado que se congelaran las cuentas bancarias de la institución, por lo que no se podrá pagar el salario de los trabajadores.

Armando Ríos Piter detalló que los sindicalizados ya se vieron afectados con la falta del pago correspondiente a la actual decena, mientras que el de la quincena para los empleados de confianza, previsto para la próxima semana, tampoco podrá realizarse.

"El recurso legal que se ha promovido para oponerse a la conformación de un nuevo patronato ha tenido como efecto que, ante la duda jurídica y como medida cautelar, las instituciones bancarias congelaran las cuentas", dijo al tiempo de explicar que, a diferencia de la quincena pasada, la Dirección de Recursos Humanos no ha colaborado con la información para dispersar el pago de la nómina.

Ríos Piter aseguró que en una audiencia, que tendrá lugar el próximo jueves o a más tardar cuando los jueces retornen de vacaciones, se aclarará la situación con las instituciones bancarias.

Sin embargo, Enrique Rodríguez insistió en que el patronato de la Fundación UDLAP, presidido por Margarita Jenkins, es el único legitimado para manejar las cuentas bancarias y podrá hacerlo hasta que se acate la orden judicial y se le devuelva el control de las mismas y del campus.

"En cuanto se cumpla la resolución del juzgado federal que ordena restituirnos las instalaciones y las cuentas todo volverá a normalizarse, pero mientras no se cumpla, nosotros no podemos hacernos responsables de la falta de pagos o de cualquier daño patrimonial que pueda sufrir físicamente el campus".

El vocero dijo que la fundación hace directamente responsable al rector interino, Armando Ríos Piter, así como a "todo su séquito de abogados" de las anomalías generadas por el desacato a la orden judicial, ya que no han podido acceder a las cuentas porque no están legitimados para ello.

Mientras tanto, dijo, la negativa de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla y del patronato presidido por Horacio Magaña para devolver las instalaciones, afectará a corto plazo el pago a los trabajadores.

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