El periodismo no debe servir como altavoz del gobierno, ni el gobierno debe exigir sumisión del periodismo, consignó Sergio Salomón Céspedes Peregrina, mandatario poblano, en el marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión.
En un evento convocado por la Asociación de Periodistas y Escritores de Puebla (Apepac), el titular del Ejecutivo local aseguró que la división de poderes debe ser la insignia de la libertad de expresión, pues aseguró que la labor informativa es inherente de la democracia.
“El valor del periodismo no está ni ha estado nunca en la adulación al gobernante. El periodismo que se erige como altavoz del poder, ni es periodismo, ni tiene utilidad social; del mismo modo que el gobernante que exige sumisión al informar no puede llamársele buen gobernante”, refirió.
Reconoció que el trabajo periodístico es necesario para mantener informada a la población, pero también para evidenciar las necesidades sociales y las carencias de un territorio.
Aseguró que las investigaciones hechas por comunicadores, en un contexto donde la voz de la ciudadanía debe ser escuchada, es fundamental para crear datos que sirvan al gobierno para elaborar políticas públicas más asertivas.
Aunado a ello, Céspedes Peregrina reconoció que la relación entre el Estado poblano y la prensa debe fortalecerse, pues dijo que el aparato de comunicación gubernamental jamás sustituirá el trabajo de los medios de comunicación, por lo que enfatizó que la colaboración entre ambos entes es fundamental para crear sinergias.
Del mismo modo, aseguró estar consciente de las necesidades de inseguridad a las que se enfrenta el gremio periodístico en la entidad. Sin particularizar, el mandatario se comprometió a garantizar espacios libres, así como protección, a los comunicadores que realizan periodismo en Puebla.
Por otro lado, precisó que siempre estará dispuesto a escuchar las necesidades que le externen grupos y colectivos de prensa. No obstante, aseguró que es indispensable que haya apertura de ideas, pues refirió que las “verdades absolutas” no abonan a la democracia.
Al acto acudieron directores de medios de comunicación, reporteros, fotógrafos, así como funcionarios estatales y titulares de organismos públicos.
Recuerdan a periodistas violentados y asesinados
En el acto, Claudia Martínez Sánchez, representante de la Apepac, aseguró que este 7 de junio “no hay nada que celebrar”, pues manifestó que, hasta este día, el gremio periodístico sigue siendo objeto de actos violentos que vulneran su trabajo profesional.
Defendió que la entidad poblana está de luto desde 2016, pues fue en ese año cuando el periodista Aurelio Cabrera Campos fue asesinado en la carretera que va de Huauchinango a Xicotepec, en la Sierra Norte de Puebla.
Recriminó que, a casi siete años de su muerte, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha esclarecido los hechos, acusando, además, que las propias autoridades han sido quienes han obstaculizado las investigaciones.
Por otro lado, Martínez Sánchez mencionó el caso del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández, quien fue brutalmente asesinado el pasado 23 de mayo, cuando circulaba por las calles del municipio de Tehuacán.
También destacó el atentado que sufrió Pedro Alonso Benítez, colaborador de El Sol de Puebla, también en mayo pasado, cuando su casa fue baleada por sujetos desconocidos.
En lo que va de 2023, aseguró, se han registrado siete agresiones a comunicadores en el país. Señaló que esta situación afecta, no solamente la libertad de expresión, sino también la propia democracia mexicana.
Inclusive precisó que, en años recientes, el aparato gubernamental ha sido utilizado para controlar de forma facciosa los medios. Acusó que también se registraron actos de hostigamiento.
Finalmente, la periodista y activista poblana subrayó que en la entidad poblana persisten retos importantes para el desarrollo de la prensa libre. Inclusive acusó al secretario de Gobernación (Segob), Julio Huerta Gómez, de mostrarse indiferente ante los reclamos del gremio, pues señaló que el funcionario ha sido enterado de múltiples ataques cometidos contra comunicadores desde 2019, cuando Miguel Barbosa Huerta era gobernador.
