A un año de la aprobación de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, la realidad de las familias de personas desaparecidas no ha mejorado en la entidad, pues el número de víctimas aumentó 22.4 por ciento en este año, a comparación del año anterior, cuando había esperanza de que esta realidad cambiara con adecuaciones al marco legal.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), de enero a julio de 2021 se documentaron 753 desapariciones, mientras que, para el mismo periodo de este año, ya con la ley en vigor, la cifra creció a 922 casos.
Víctimas indirectas y especialistas en la materia coinciden en que es la aplicación de la ley y no el diseño de la misma la que podría resolver el problema de fondo, pero falta voluntad política.
Familias siguen sin ser escuchadas
Simón Hernández León, coordinador de la licenciatura de Derecho en la Ibero Puebla y colaborador en la propuesta de ley presentada por el colectivo de desaparecidos, considera que, pese a que existe un marco normativo, la participación de las familias no se ha garantizado en ninguno de los espacios obligados por la ley.
“Tenemos algunos cambios, pero no son suficientes. La dificultad que advertimos en este momento es que, pese a que existe el marco normativo, situaciones como la participación de las víctimas, tanto en comisión de búsqueda y FGE, así como de manera estructural en el consejo ciudadano no ha sido garantizada y las familias siguen sin tener esa voz”, platica.
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En este sentido, señala que, pese a que hace un año los familiares de desaparecidos lograron la homologación de la ley en la materia, no existe una transformación de fondo en este fenómeno, prueba de ello es el aumento en las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía; sin embargo, también dijo que este registro no es lo suficientemente confiable debido a que no hay una correcta clasificación de persona ausente, extraviada o desaparecida—distinción que debió ser integrada en la norma—.
“Esto sigue siendo una problemática sobre todo porque ‘desaparecida’ la ponen como una persona que no está localizada y esta puede obedecer o no a un delito y cuando no es un delito puede ser persona ausente; los registros pueden ser caóticos y poco fiables”, opina.
Para el docente, otro punto pendiente en la ley es que no se especifica el periodo de tiempo que debe permanecer en el cargo la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, pues considera que una renovación es indispensable para que se logre la integración de familiares en la toma de decisiones debido a que, con la actual representante, María Carabarin Trujillo, han tenido confrontaciones que entorpece un trabajo eficiente.
“Sigue existiendo una comisión de búsqueda con poco diálogo y acercamiento a las familias (…) pensamos que una renovación de este órgano es necesaria porque parte importante de los recursos se han orientado a cuestiones como equipamiento, adquisición de vehículos y capacitaciones que no están ayudando a transformar el tema de desaparición”, dice.
María Luisa Núñez Baroja, fundadora del colectivo la Voz de los Desaparecidos, coincide que la falta de voluntad política es lo que provoca que no se vea reflejada la aplicación de la legislación, pues asegura que la norma no es deficiente, el problema es su aplicación.
“El problema no es la ley, son los operadores, las autoridades, la limitación de recurso humano y material. Estamos conscientes de que la ley por sí sola no va a funcionar; mientras la gente que tiene la obligación de implementarla no lo haga de manera correcta, con ética, responsabilidad y respetando los derechos de las víctimas, no habrá ley que funcione”, expresa.
También concuerda en que servidores públicos siguen revictimizando a las familias que les ha ‘golpeado’ este fenómeno y asegura que, a un año de la aprobación de la norma, no ha mejorado de manera significativa la atención en la búsqueda de personas.
Además, la mujer insiste en que la ley no visibiliza el fenómeno de la desaparición forzada, debido a que en el nombre no se especifica el término “desaparición” –como lo señalaron previo a su aprobación—. Además de que no existe una definición clara entre el término y la relación con diversos delitos.
Una Fiscalía que revictimiza
Un servidor público integrado a la Fiscalía le aseguró a Guadalupe Andrade que su hija, Claudia Andrea, de 25 años, era trabajadora sexual y la amenazó con filtrar información a medios de comunicación para revictimizarla y estigmatizarla. Habían pasado algunos meses desde que la joven salió de su domicilio ubicado en ese municipio de la zona metropolitana de Puebla rumbo a Cuautlancingo, la tarde del 25 de junio de 2021; la madre había señalado a la expareja sentimental de su hija como uno de los posibles responsables de su desaparición ya que intentó ahorcarla e incluso difundió fotografías íntimas en redes sociales sin su consentimiento.
“El fiscal me dijo que mi hija se dedicaba a escort y dijo: si usted habla a los medios, yo publico a lo que su hija se dedicaba. Me preguntó que si me daba pena a lo que se dedicaba, yo le dije que no tenía por qué tenerla y si yo supiera a lo que se dedicaba iba y se lo decía. Me dicen que lo deje pasar (la desaparición) y que tarde o temprano saldrá la verdad, pero yo no veo a mi hija”, reclama.
La madre de Claudia recuerda las presuntas inconsistencias en la investigación de su hija, mismas que van desde la desaparición de videos de cámaras de seguridad, posible encubrimiento a quien señalan como victimario, así como cambio en la versión de lo acontecido por parte de autoridades estatales.
“El fiscal me dice que le dieron un levantón y que solo hay una foto, pero no es visible, esa nunca me la enseñó. El último video es de ella saliendo de una tienda viendo el celular y de ahí supuestamente le dan el levantón y ya no hay más, que no hay quien les preste cámaras y por lo tanto no hay nada”, comenta.
Rememora que recibía amenazas para que abandonara la búsqueda de la joven porque “si no me retiraba, los próximos serían mis hijos”. Guadalupe y su familia tuvieron que salir del domicilio donde vivían y optaron por desplazarse por lo que le ocurrió a Claudia, así como por los constantes amagos a los que se enfrentaban.
La mujer declara que, pese a la ley, no ha sentido avances significativos en cómo se trata su caso y afirma que persisten las malas prácticas y revictimización.
“Mi hija está viva. He recibido mensajes que dicen que posiblemente está en Tijuana en una trata de blancas y ¿yo qué puedo hacer? No me siento apoyada por la autoridad y así como yo también hay muchos padres y madres que estamos en búsqueda, pero los tenemos en contra (a los servidores públicos). Mi hija ya había denunciado maltrato por parte de su expareja y ellos no hicieron nada”, finaliza.
Intervención de municipios es un pendiente, pese a ley
Aunque la reforma legal establece que se deben de crear células de búsqueda municipales en donde servidores públicos de instituciones de Seguridad Pública participen en búsquedas activas, en palabras de Simón Hernández León esto sigue siendo un pendiente pues se desconoce cuántas demarcaciones territoriales tienen formados sus grupos.
Señala que la intención de crear esta agrupación es dejar de adjudicar en su totalidad la tarea de búsqueda de personas a la FGE o a la seguridad pública, pues este fenómeno debe ser atendido desde los primeros niveles: los ayuntamientos, pero reitera que aún no existen estas comisiones.
Pese a que existe una legislación sobre la materia, comparte que también debe de existir una reglamentación que determine el funcionamiento de la célula, así como establecer el otorgamiento de recursos económicos pues, desde su perspectiva, “No solo es crear mecanismos de coordinación, es garantizar que sean funcionales”.
En tanto que María Luisa Núñez asegura que las células de búsqueda “no funcionan de nada”, ya que—según su información—el presidente municipal es quien debe de encabezar las jornadas de búsqueda, sin embargo, esto no sucede pues “andan extraviados en otros temas y lo que menos les interesa es atender el problema de la desaparición de personas en su municipio”.
Comparte que la mayoría de los 217 municipios que hay en territorio poblano cuenta con un documento que avala la creación de la célula de búsqueda, pero ninguna cumple con su ejecución a excepción de la recién creada en la capital poblana, ya que ha tenido reacción inmediata en el tema de búsqueda, además, considera que cuenta con gente capacitada, con ganas de aprender y apoyar.
La reglamentación también señala como necesario que se verifiquen las condiciones de los panteones municipales y sus registros. Asimismo, los propietarios o encargados de hospitales, clínicas, albergues, instituciones de asistencia social, centro de atención de adicciones o de rehabilitación, de atención psiquiátrica, ya sea públicos o privados, están obligados a informar a la Comisión Estatal de Búsqueda el ingreso y egreso de personas no identificadas y que no tengan certeza de su identidad; no obstante, ambos personajes señalan un total desconocimiento por parte de los encargados de estos servicios para hacer valer la ley.
Voces del Consejo Ciudadano
Uno de los principales temores que familiares de personas desaparecidas manifestaron previo a la aprobación de la ley era el restringir y limitar la participación de los mismos en el Consejo Ciudadano, toda vez que la ley redujo su integración al incluir sólo cuatro de los seis lugares que buscaban los miembros del colectivo.
A decir de Núñez Barojas, aunque las familias deben de tener voz, esto no se cumple, pues muchas veces no son escuchadas por lo que no tienen voz ni voto en la búsqueda de sus seres queridos.
Pese a que Simón Hernández desconoce si ya comenzaron las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Ciudadano, comenta que los integrantes deberían impulsar una agenda a favor de las víctimas y transparentar su funcionamiento.
Paloma del Carmen Cabrera Camargo, integrante del Consejo Ciudadano, difiere con lo que la fundadora del colectivo de desaparecidos en Puebla plantea. Para la familiar de Paulina Camargo— joven desaparecida desde el 2015 y presunta víctima de feminicidio — los consejeros son escuchados y tomados en cuenta dentro de la Comisión de Búsqueda.
Aunque lleva poco tiempo como integrante del consejo, adelanta que presentarán una recomendación en materia de prevención del delito de desaparición forzada ante la Secretaría de Gobernación. Aunque aclara que la normativa no establece la metodología para emitir una propuesta, a ellos se les pide un plan de trabajo, con justificación, desarrollo y posibles vías de acción.
Esta podría ser la primera recomendación que el grupo de integrantes del Consejo emite en su calidad de consejeros, después de ser electos por el Congreso local.
Sin embargo, comparte que existen diversos pendientes en la atención de este fenómeno como la eficaz atención a familiares de víctimas, en específico en materia de sensibilización, así como que se cumpla de manera oportuna con las acciones de búsqueda.
Cabrera Camargo asegura que la ley es un avance, pero lo que ahora se requiere son acciones para atender las causas de este fenómeno.
“La ley por sí sola es un avance, lo que se requiere son acciones del Estado desde una política pública integral que atienda sus causas. Claro que la ley tiene áreas de oportunidad para mejorar, bien podríamos aumentar en la ley la metodología para elevar las recomendaciones y que tengan una buena implementación”, aclara.
Es importante recordar que el Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda ya existía previo a la legislación, aunque en ese momento no se transparentó el proceso de selección, en este primer grupo estaba la madre de Paulina Camargo, Rocío Limón, quien comenta que la ley fue un gran paso para las familias, pero señala que existen áreas de mejora.
Aunque las acciones del Consejo se detuvieron en 2020, debido a la crisis sanitaria por Covid-19, considera que su trabajo y el de la comisionada ha sido bueno, pues los consejeros emitieron recomendaciones verbales como la implementación de binomios caninos para las acciones de búsqueda. No obstante, reconoce que existe trabajo pendiente para atender el fenómeno de la desaparición forzada en territorio poblano.
“Siempre existirá algo más, algo más que aprender, entender y hacer. Las familias son primero, tienen que ser escuchadas, tenemos que abrir la menta y escuchar a la familia (…) Las cosas sí se pueden hacer bien y se pueden hacer mejor”, puntualiza.
Pendiente homologación de ley
Hernández León y Núñez Baroja coinciden en que la siguiente exigencia es la homologación de la Declaración Especial de Ausencia, misma que está estipulada en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, y tiene como finalidad reconocer los derechos tanto de las personas desaparecidas como sus familiares a que se presuma con vida, y con esto resguardar los derechos patrimoniales y modificar el estatus legal de la persona.
En palabras del especialista en derechos humanos, cuando la persona está desaparecida el estatus jurídico es complejo. Al no estar, sus derechos y bienes quedan sin poder ejercer y las familias tienen problemas para realizar diferentes trámites, desde poder acceder a las cuentas bancarias, reclamar una pensión o temas que requieren la presencia de la persona.
Con este mecanismo, se permite solucionar algunos problemas en tanto la persona es localizada. De acuerdo con la ley general los estados deben de emitir las legislaciones especiales en la materia, para que este procedimiento quede bien regulado.
La fundadora del Colectivo La Voz de los desaparecidos en Puebla se suma a esta petición, pues son innumerables los casos en donde menores cuyos padres permanecen desaparecidos han tenido que abandonar sus estudios por carecer de recursos.
El docente de la Ibero agrega dos pendientes más a la lista: una reforma a la norma y crear una estructura para la identificación forense.
Sobre la segunda propuesta argumenta que hace falta un Centro de Identificación Humana que cuente con equipamiento tecnología, recurso económico y humano. En este sentido, recuerda la propuesta de la diputada local Mónica Silva Ruiz sobre crear dicho espacio que se encargaría de la búsqueda de personas desaparecidas desde el ámbito forense, por lo que estaría facultado para recabar información genética de cuerpos y restos humanos.
La madre de Paulina también coincide en que es urgente la creación de esta institución, con la intención de darle nombre a aquellos cuerpos que no han sido reconocidos. “Si esto se hace ya, muchas madres vamos a tener respuestas y vamos a encontrar a nuestros hijos”.
El centro estatal que propone reformaría la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, y servirá de herramienta para la localización de víctimas, quienes tienen derecho a la verdad.
Por último, María Luisa reitera el pendiente en la ley sobre la reparación del daño—expuesta previo a la aprobación de la misa—, ya que la regulación establece medidas de satisfacción como la construcción de lugares o monumentos de memoria, una disculpa pública de parte del Estado, recuperación de escenarios de encuentro comunitario, medidas de no repetición y suspensión temporal o inhabilitación definitiva a servidores públicos investigados o sancionados por el delito de desaparición forzada.
Dejando a un lado que en la reparación del daño se incluya el regreso digno y seguro al lugar de residencia, reintegración del empleo, devolución de todos los bienes o valores que hayan sido incautados, atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada.
También los servicios y asesorías jurídicos, programas de educación para garantizar su plena reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de vida.
