La senadora Nancy de la Sierra pidió a la SEP federal y estatal que rindan un informe de las acciones que implementarán para garantizar que las escuelas cuentan con infraestructura y servicios necesarios que permitan el regreso de los alumnos en condiciones sanitarias y seguras.
A través de un exhorto presentado ante la Comisión Permanente del Senado de la República también solicitó que cuando el semáforo epidemiológico de Covid-19 se encuentre en verde y se permita el regreso de los estudiantes a los centros educativos, las autoridades presenten un reporte de las escuelas que no se encuentran en condiciones para retomar actividades presenciales, así como el desarrollo de una estrategia para que esto sea de forma escalonada.
Pidió dar prioridad a menores que no pueden ser cuidados por sus padres ante la reanudación de labores en los centros de trabajo, medida que consideró vital para evitar rebrotes en los centros educativos, así como prevenir que estos vuelvan a cerrar una vez que hayan reabierto.
Nancy de la Sierra dijo que el proceso debe incluir elevar el porcentaje de escuelas que cuentan con agua potable, estaciones para lavado de manos, suministros de aseo y retretes adicionales.
El ciclo escolar 2020-2021 comenzará el 24 de agosto a distancia pues no existen condiciones sanitarias para retomar actividades presenciales, por lo cual la senadora de Morena por Puebla sostuvo que la contingencia amenaza el aprendizaje de niñas y niños por el cierre de escuelas y la recesión económica que se genera a partir de las medidas para controlar la pandemia.
“Este doble impacto podría implicar altos costos para la educación y el desarrollo si los gobiernos no reaccionan con rapidez para contrarrestarlos. Debemos recalcar los efectos negativos que se perciben en el escenario actual: la reducción del aprendizaje, el deterioro de la salud mental, la deserción escolar y el cierre de escuelas privadas”, mencionó.
Citó al Instituto Nacional para Evaluación de la Educación (INEE) que advierte que el 31 por ciento de las escuelas diagnosticadas presenta daño estructural, el 55 por ciento tiene carencias de accesibilidad y el 69 por ciento carece de servicio de internet. Además el 45 por ciento carece de drenaje, el 23 por ciento de agua potable y el 3 por ciento no cuentan con energía eléctrica, lo que impide garantizar un entorno saludable, principalmente en las zonas rurales.
