Con más evasiones a cuestionamientos que resultados en materia de modernización de transporte público y combate a los taxis "pirata”, fue la comparecencia de la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de Puebla, Elsa Bracamonte González, donde la bancada del PAN le exigió su renuncia al cargo por no cumplir con sus funciones.
Fue la propia funcionaria quien reconoció ante los diputados locales que el 65 por ciento de las unidades de transporte público se encuentran deficientes y no cumplen con la modernización que se acordó desde 2019, cuando se autorizó el aumento al pasaje.
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En atención a este tema, la secretaria dijo que se trabaja en un programa para la “chatarrización” de unidades viejas a cambio de bonos que permitan a los transportistas adquirir unidades nuevas que cumplan con la modernización, botones de pánico y cámaras de seguridad.
Además, aseguró que el problema del pirataje en Puebla es promovido también por los usuarios que protegen a los conductores, ya que se hacen pasar por familiares de los conductores, y la dependencia no cuenta con los supervisores necesarios para vigilar todo el estado.
Presume poner fin al “Cártel del Transporte”
Bracamonte González expuso que durante este 2022 se llevó a cabo la desarticulación del “Cártel del Transporte”, el cual estaba conformado por integrantes de la SMT y sus delegados, que permitían la operación de unidades de transporte colectivo irregulares a cambio de “moches”, por lo cual fueron cesados de sus cargos, aunque no precisó el número.
En este sentido, agregó que se iniciaron 20 procesos de revocación de concesiones, además de 59 cancelaciones de permisos y 27 actos de suspensión de licencias.
PAN pide su renuncia
En la ronda de preguntas y respuestas, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) exigió la renuncia de Elsa Bracamonte, quien se defendió haciendo alusión a la corrupción de administraciones blanquiazules.
La diputada Guadalupe Leal, en su participación, cuestionó sobre la inconclusa modernización del transporte público, así como la presunta entrega de concesiones a personas físicas cuando solo debe hacerse a personas morales, según lo comentando.
En tribuna, Elsa Bracamonte respondió que destituyó a 70 servidores públicos vinculados con “actos de corrupción del pasado”, haciendo una clara referencia a los gobiernos panistas. Al mismo tiempo la invitó a un curso de sensibilización a los conductores para constatar su trabajo.
La respuesta directa a la legisladora provocó que la Mesa Directiva pidiera a la funcionaria no entrar en una dinámica de diálogo con algún legislador, menos en alusiones personales.
La réplica de la diputada contó con el respaldo de las y los integrantes de la bancada panista, quienes siguieron cuestionando a la secretaria y, posteriormente, Lupita Leal pidió que, si la funcionaria no puede dar los resultados, debe presentar se renuncia a la Secretaría de Movilidad y Transporte.
“Ese discurso de los gobiernos pasados ya lo gastó en su comparecencia pasada. Deje de contestarnos aludiendo a los cuestionamientos (…) lo más ético es que presente el día de hoy su renuncia”, señaló.
En su respuesta final, Bracamonte González se limitó a presentar cifras sobre la emisión de licencias de conducir, sin hablar nuevamente sobre la modernización.
Acusa falta de recursos y personal para combatir pirataje
Al abordar el tema de unidades de transporte público y taxis de plataforma digital que operan en la entidad poblana de forma irregulares, también conocidos como “piratas”, Bracamonte González señaló que la falta de presupuesto económico para la dependencia limita sus acciones en la materia.
Reveló que se han enfrentado a problemáticas como la complicidad de autoridades municipales y el engaño de los operadores de estos vehículos que se hacen pasar por automovilistas particulares.
En este sentido, detalló que el año pasado únicamente se sancionaron a 37 unidades que brindaban el servicio de transporte público de forma ilegal, además de otras 87 que se hacían pasar por taxis, hecho por lo cual también se procedió a interponer denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
"Es un poco complicado abatir el pirataje, porque muchas unidades pasan como transporte privado, al momento de hacer los operativos la gente te dice: yo vengo con mi familia", expresó.
Detalló que la Secretaría únicamente cuenta con 24 supervisores, pero necesita más de 100 personas para realizar las actividades contra el transporte irregular.
