Las reformas en materia de violencia política y paridad de género aprobadas la semana pasada en el Congreso del Estado, recibieron la aprobación de presidentas municipales, como es el caso de las gobernantes de Texmelucan, Chiautzingo y Tlalancaleca, sin embargo, también fue analizada por la alcaldesa de Tepexi de Rodríguez como un tema que podría haber esperado en medio de la emergencia sanitaria.
La presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layón Aarún, subrayó que aplaude a los diputados de su partido (Morena) que logran impedir que sea candidato u ocupe un puesto de elección popular una persona que violente de una u otra forma a la familia, así como a la mujer y ponga en riesgo los derechos de los niños.
La munícipe consideró que el cumplimiento de las obligaciones mínimas para aquellas personas que buscan ser ejemplo y administrar el quehacer público, es de reconocer que estas reformas electorales permitirán exigir las mejores actitudes a los funcionarios, no sólo hacia las mujeres y las familias, sino también hacia la sociedad en general.
En tanto, la presidenta municipal de San Lorenzo Chiautzingo, Leticia Juárez Mejía, también emanada del Movimiento regeneración Nacional, subrayó que está de acuerdo con las reformas, porque no se puede dar el derecho de ser nuestros representantes a aquellos que incumplen con sus obligaciones básicas como personas. Asimismo, destacó que para ser un buen servidor público primero se debe ser un buen individuo, persona y ciudadano, por lo que elegir a alguien que no lleve principios de inclusión y tolerancia deja entrevistó que durante su ejercicio habrá violaciones a los derechos humanos y más aún, en contra de las mujeres.
Destacó que con la aprobación de estas reformas se garantiza que, durante el ejercicio de los funcionarios, estos se conduzcan bajo los principios éticos apropiados, no obstante, que se hace un cambio adecuado para alcanzar el estado de derecho democrático y constitucional, por el que han estado peleando las mujeres lo largo de los años para ser incluidas en la vida política y social de las comunidades.
Por su parte la presidenta municipal de San Matías Tlalancaleca, Elizabeth Morales Olarte, emanada de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se sumó al respaldo a la reforma al representar un avance democrático: “Como mujer, como presidenta y como poblana, aplaudo la aprobación de estas reformas, porque se trata de un tema que estaba pendiente, como es la armonización de la Constitución para garantizar la paridad de género, para garantizar el acceso a las mujeres a cargos públicos de manera equitativa y paritaria, que se ha venido construyendo durante muchos años y hoy es esfuerzo se está viendo reflejado”.
Agregó que a pesar de que actualmente en nuestro país son reconocidos los derechos de las mujeres a votar y ser votadas, siempre ha persistido un impedimento grave para el avance político de las mujeres, por ello, las que participaron en las elecciones del 2018 vivieron en carne propia lo complicado que es ser parte en una elección en donde la violencia fue uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
En contraparte, la alcaldesa de Tepexi de Rodríguez, Alondra Méndez Betancourt, también de las filas del PRI, consideró que no era momento para tratar este tema, cuando la emergencia es atender las afectaciones que ha causado el Covid-19.
“Yo creo que lo que los señores diputados lo que deberían de estar discutiendo es cómo apoyar a los municipios ante los recortes que están haciendo y ayudar a ver cómo atender el tema del Covid, que en municipios como el mío está pegando duro. Pareciera que lo que el Congreso hace es distraer la atención de la ciudadanía, el tema ahorita sería el Covid y qué hace el gobierno para atender el problema”, declaró.
LA REFORMA
El pasado 15 de julio el pleno del Congreso avaló reformas al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla que contemplan el impedimento de ser candidatos a quienes cuenten con una sentencia firme condenatoria por violencia política o incumplan la obligación alimentaria, además de que ante faltas graves por violentar mujeres se podrá, incluso, perder la candidatura o el registro de un partido político.
Con la aprobación los legisladores argumentaron que con éstas modificaciones el estado de Puebla alcanza la paridad de género en todos los cargos de representación popular, en los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, como es el gabinete estatal, municipios, diputaciones y magistraturas, así como en los órganos autónomos.
Anteriormente la ley sancionaba a los partidos, precandidatos o candidatos con amonestación pública, multas económicas, la reducción del 50 por ciento del financiamiento y la cancelación del registro por infracciones administrativas, pero no por violencia política.
*Con información de Carmen Flores
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