En el año 2022 fueron 11 mujeres las que sufrieron violencia al grado que pensaron les quitarían la vida, sus casos fueron catalogados como “tentativas de feminicidio”, es decir, que la otra persona hizo actos encaminados a asesinar, pero afortunadamente no lo lograron.
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) en su apartado de “información socialmente útil” dio a conocer que del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del mismo año, se registraron 11 víctimas por tentativa de feminicidio.
La capital poblana fue la que registró más víctimas con un total de tres mujeres, posteriormente Atempan, Libres y Huauchinango con dos víctimas respectivamente, luego con Calpan y Xicotepec que registraron una víctima cada uno.
El portal no indica el estatus de cada caso y el vínculo que tenía la víctima con el victimario. Sólo llevan este registro para implementar “medidas de prevención, medidas de seguridad, y medidas de justicia”.
De acuerdo con el Código Penal del Estado de Puebla, la tentativa de feminicidio ya es considerado un delito y “se presumirá que hay tentativa cuando las lesiones dolosas, ocasionadas a una mujer, tengan algún precedente de violencia contemplada respecto del mismo agresor”.
Fue en el año 2015 cuando el Congreso del Estado de Puebla avaló tipificar en el Código Penal “tentativa de feminicidio” para castigar a los presuntos culpables con 24 y hasta 40 años de cárcel. De igual modo, hay que recordar que, en mayo del año pasado, la legisladora Mónica Rodríguez Della Vecchia, presentó una iniciativa para aumentar dicho delito y que la pena llegara hasta los 46 años de cárcel.
En su momento, Rodríguez Della Vecchia argumentó que la tentativa de feminicidio puede ayudar a evitar muertes y que su castigo hará que los posibles feminicidas piensen dos veces antes de ejecutar el atroz crimen. Ejemplificó con el caso de Cecilia Monzón, pues ella en reiteradas ocasiones denunció violencia, pero desgraciadamente fue asesinada.
Asimismo, la diputada cree que no sólo se tienen que endurecer las penas, sino que las autoridades deben de brindar garantías de seguridad para que la mujer que tuvo en riesgo su vida pueda continuar pese al momento traumático que vivió. Sin embargo, esto no ha sido avalado por los legisladores.
