/ miércoles 9 de noviembre de 2022

Abusos en corralones, una práctica que persiste incluso contra víctimas de delitos

Este medio ha publicado al menos cuatro casos de personas a quienes les exigieron pagos excesivos en el corralón para poder retirar sus vehículos

Los abusos o cobros excesivos en los corralones es una práctica que ha persistido durante varios años sin que las autoridades les pongan un freno a los dueños de tales depósitos de vehículos, pues el caso del conductor de DiDi asaltado en la colonia Fundadores de Chapultepec no es el único en el que la víctima fue obligada a pagar para recuperar su unidad; tres hechos más se suman a la lista publicados por este medio.

Las víctimas, en su momento, han llamado a las autoridades correspondientes para que regulen y frenen este tipo de abusos en los corralones de Puebla.

Una médico industrial, un animalista, una ama de casa y un conductor de DiDi, son algunas de las personas que tras haber sido víctima de los referidos tipos de abusos por parte de los dueños o empleados de corralones en contubernio con operadores de grúas, decidieron hacer públicos sus casos.

Las dos agraviadas optaron por no dejarse y pelear legalmente para recuperar sus unidades sin ningún tipo de pago y en uno de los casos, la afectada logró que el corralón le pagara por los daños ocasionados a su vehículo, el cual fue desvalijado en el corralón.

Blanca Lidia N, a través de sus abogados, contó en su momento a El Sol de Puebla que el 16 de octubre de 2018, sin que ella tuviera que ver con el hecho criminal, fue notificada que las placas de su vehículo se encontraban involucradas en una carpeta de investigación relacionada con un feminicidio, situación ante lo cual ella decidió por voluntad propia, poner a disposición de las autoridades ministeriales su automóvil para que se hicieran las inspecciones, diligencias o investigaciones a las que hubiera lugar.

Luego de diversas pesquisas y cinco meses después de la presentación del vehículo, en acuerdo radicado el 7 de marzo de 2019, el agente del Ministerio Público determinó que era procedente entregar la unidad de la señora Blanca, sin embargo, el día que acudió a las oficinas de las grúas San Andrés para que le devolvieran su vehículo, le exigieron un pago de 24 mil 530 pesos por concepto de arrastre y el tiempo que estuvo en resguardo.

Sus representantes legales promovieron una audiencia de control oral para que su auto le fuera devuelto sin ningún tipo de cobro. Foto: Archivo | El Sol de Puebla

Sus representantes legales promovieron una audiencia de control oral para que su auto le fuera devuelto sin ningún tipo de cobro, no obstante, la juez declaró que no tenía competencia para conocer del asunto. Ante la resolución de la togada, los litigantes interpusieron un amparo en el juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo Penal, tratándose del 850/2019, mediante el cual y después de pasar por todas la etapas legales requeridas, el 14 de octubre de 2019, la ley amparó a la propietaria del automóvil, por lo que se ordenó que su unidad se le regresara sin ningún cobro y tal y como se lo entregó a la Fiscalía de Puebla.

Cuando acudió al corralón donde estaba la unidad, es decir sobre Periférico Ecológico y la carretera federal a Amozoc, notó que la unidad estaba en un terreno más lejano, baldío, a la intemperie y sin ningún tipo de protección o resguardo, de tal forma que al revisar el auto, este ya no contaba con batería, velocímetro y el espejo lateral además estaba roto, por lo que ahora los daños a su vehículo ascendían a 18 mil pesos.

Ante tales hechos, y luego de que en el amparo a favor de la promoviente se especificara que el auto debía ser devuelto tal y como lo entregó, el corralón ahora en lugar de cobrar por derecho de piso y otros conceptos, tuvo que pagar por los daños al automóvil.

En este sentido, el abogado consultado señaló que las víctimas de un delito o como en este caso, presten su unidad a las autoridades para diversas investigaciones, deben recibir dicho vehículo en las mismas condiciones físicas que lo entregaron.

A médico industrial le exigían 16 mil pesos

Otro caso es el de Samantha N, una médico industrial de 34 años, quien el 9 de julio de 2020 salió de su antiguo trabajo en la ciudad de Puebla para instantes después abordar su automóvil Chevrolet Beat, modelo 2019, color azul y dirigirse a su domicilio en Sanctorum, Cuautlancingo.

Antes de llegar a su domicilio, sujetos a bordo de una camioneta y un automóvil comenzaron a seguirla sin que ella se diera cuenta de la situación, debido a lo agotada que se encontraba ya que había atendido a cerca de 50 trabajadores para descartar que estos tuvieran Covid-19, como parte de la jornada anticoronavirus que ese día se implementó en la empresa para la cual prestaba sus servicios.

Elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo llegaron al lugar del robo para tomar conocimiento. Foto: Archivo | El Sol de Puebla 

“Soy médico industrial. Ese día me tocó ver a varios pacientes, alrededor de 45 ó 50 para protocolo Covid-19; yo entré a trabajar desde las 8 de la mañana y tuvimos una jornada prolongada, precisamente por el “protocolo covid” que teníamos que aplicar para los trabajadores. Salí de mi trabajo en Puebla y me dirigí a mi casa por la autopista México-Puebla; escasa una cuadra y media, sujetos en un Mustang y una camioneta blanca empezaron a seguirme; me dieron alcance, sacaron sus armas para después apuntarme y bajarme del carro, traté de sacar mi teléfono de la guantera pero ya no pude, me jalaron y entonces me caí. Me gritaban de groserías. Ya no pude hacer nada, se fueron con todas mis cosas”, narró la víctima, quien tuvo que correr a un fraccionamiento cerca de la zona para pedir auxilio.

Fue así como tras una llamada al número de emergencias, elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo llegaron al lugar del robo para tomar conocimiento de los hechos, buscar a los responsables y llevar a la agraviada hacia su domicilio.

Sin que la policía en ese momento tuviera éxito en la localización del vehículo, horas después, la médico acudió a la Fiscalía de Puebla con el fin de ratificar la denuncia por robo de vehículo, así como de su teléfono celular, tarjetas bancarias y diversa documentación, que previamente hizo a través del 9-1-1. No obstante, fue enviada al C5 en Periférico Ecológico para dicho trámite y dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente.

Al día siguiente, según la entrevistada, elementos de la policía municipal de Puebla ubicaron su automóvil y detuvieron al sujeto que lo conducía, bajo cargos de detentación de vehículo robado. Tras la localización de la unidad, esta fue enviada por la Policía a un corralón particular que se localiza sobre la calle Libertad, entre Periférico Ecológico y Camino al Relleno Sanitario, debajo de las torres de energía eléctrica.

Para el 30 de julio, Samantha recibió una llamada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla para informarle que se vehículo ya había sido liberado, por lo que ese mismo día acudió al corralón anteriormente referido. Ahí, en ese instante le solicitaron un pago de 14 mil 200 pesos, de los cuales 12 mil eran por concepto de arrastre por parte de la empresa de “Grúas Ceronis” y 2 mil 200 pesos por derecho de piso, ya que por cada día en el corralón se debía pagar 100 pesos.

No obstante, para el 21 de agosto de 2020 ya sumaban 16 mil 200 pesos que la víctima debía pagar si quería recuperar su vehículo, situación ante la cual buscó el apoyo de unos abogados para solicitar al Ministerio Público del Fuero Común, Marcos Cabrera Barrera, que se emitiera algún escrito en el que como agraviada quedara exenta de dicho pago, ya que así lo marca la ley.

Cabe decir que la médico, tras el robo de su vehículo, por falta de movilidad y por atender el asunto delictivo, perdió su trabajo. Foto: Archivo | El Sol de Puebla

En este sentido, la Ley de Ingresos del Estado de Puebla en su artículo 99, fracción IV, indica lo siguiente: “la reducción en el pago de estas contribuciones será del 100% en el supuesto de que el propietario o poseedor del vehículo de que se trate, además de reunir los requisitos a que se refiere el párrafo anterior, tenga el carácter de víctima del delito o sujeto de error administrativo atribuible a alguna autoridad”.

Cabe decir que la médico, tras el robo de su vehículo, por falta de movilidad y por atender el asunto delictivo, perdió su trabajo, pero además, atravesó la muerte de su padre debido a Covid-19.

Cobran a animalista víctima de un asalto

A principios de octubre de este año (2022), el animalista Felipe Carpy denunció que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) retuvo su camioneta que fue recuperada tras el asalto que vivió meses antes, el 1 de junio, y para regresársela le pidieron 17 mil pesos en el corralón municipal, por lo que se reuniría con el gobernador Miguel Barbosa Huerta para atender su caso.

Meses antes a la denuncia, se dio a conocer que un cuentahabiente había sido herido de bala tras robarle 300 mil pesos y después se confirmó que se trató del ambientalista poblano Felipe Carpy, quien en ese momento estaba delicado de salud. Semanas después logró salir del hospital, pero aceptó que no tenía dinero para cubrir sus gastos médicos y empezó a vender orquídeas.

El joven tuvo que cubrir gastos como traslado en ambulancia para ir a consultas, fisioterapias, medicamentos, artículos médicos como guantes, gasas, jabón médico para limpiar heridas y también estaba juntando dinero para otra operación.

Para el 7 de octubre sus problemas aún no acababan, pues confesó que la FGE retuvo su camioneta por tratarse de un asalto y en el corralón municipal le condicionaron la devolución de su camioneta a cambio de 17 mil pesos.

“A pesar de ser yo la víctima y que la Fiscalía retuvo mi camioneta como evidencia de mi asalto ahora me cobran $17 mil pesos para poder sacarla del corralón así las cosas en Puebla. ¿Así es el apoyo a las víctimas Miguel Barbosa?, publicó.

Lo balean delincuentes y lo "sangran" en el corralón

Finalmente se encuentra el caso de Delfino, de 45 años de edad, quien además de haber sido baleado durante un intento de asalto en la colonia Fundadores de Chapultepec el pasado 30 de septiembre, el conductor de DiDi tuvo que pagar un total de 37 mil pesos entre los gastos de operación y la recuperación de su vehículo en un corralón de la colonia San Bernabé Temoxtitla, donde por arrastre y derecho de piso le cobraron 12 mil pesos, sin otorgarle ningún tipo de nota o ticket de pago.

El afectado hace un llamado a las autoridades para que regulen y frenen este tipo de abusos en los corralones de Puebla.

Los abusos o cobros excesivos en los corralones es una práctica que ha persistido durante varios años sin que las autoridades les pongan un freno a los dueños de tales depósitos de vehículos, pues el caso del conductor de DiDi asaltado en la colonia Fundadores de Chapultepec no es el único en el que la víctima fue obligada a pagar para recuperar su unidad; tres hechos más se suman a la lista publicados por este medio.

Las víctimas, en su momento, han llamado a las autoridades correspondientes para que regulen y frenen este tipo de abusos en los corralones de Puebla.

Una médico industrial, un animalista, una ama de casa y un conductor de DiDi, son algunas de las personas que tras haber sido víctima de los referidos tipos de abusos por parte de los dueños o empleados de corralones en contubernio con operadores de grúas, decidieron hacer públicos sus casos.

Las dos agraviadas optaron por no dejarse y pelear legalmente para recuperar sus unidades sin ningún tipo de pago y en uno de los casos, la afectada logró que el corralón le pagara por los daños ocasionados a su vehículo, el cual fue desvalijado en el corralón.

Blanca Lidia N, a través de sus abogados, contó en su momento a El Sol de Puebla que el 16 de octubre de 2018, sin que ella tuviera que ver con el hecho criminal, fue notificada que las placas de su vehículo se encontraban involucradas en una carpeta de investigación relacionada con un feminicidio, situación ante lo cual ella decidió por voluntad propia, poner a disposición de las autoridades ministeriales su automóvil para que se hicieran las inspecciones, diligencias o investigaciones a las que hubiera lugar.

Luego de diversas pesquisas y cinco meses después de la presentación del vehículo, en acuerdo radicado el 7 de marzo de 2019, el agente del Ministerio Público determinó que era procedente entregar la unidad de la señora Blanca, sin embargo, el día que acudió a las oficinas de las grúas San Andrés para que le devolvieran su vehículo, le exigieron un pago de 24 mil 530 pesos por concepto de arrastre y el tiempo que estuvo en resguardo.

Sus representantes legales promovieron una audiencia de control oral para que su auto le fuera devuelto sin ningún tipo de cobro. Foto: Archivo | El Sol de Puebla

Sus representantes legales promovieron una audiencia de control oral para que su auto le fuera devuelto sin ningún tipo de cobro, no obstante, la juez declaró que no tenía competencia para conocer del asunto. Ante la resolución de la togada, los litigantes interpusieron un amparo en el juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo Penal, tratándose del 850/2019, mediante el cual y después de pasar por todas la etapas legales requeridas, el 14 de octubre de 2019, la ley amparó a la propietaria del automóvil, por lo que se ordenó que su unidad se le regresara sin ningún cobro y tal y como se lo entregó a la Fiscalía de Puebla.

Cuando acudió al corralón donde estaba la unidad, es decir sobre Periférico Ecológico y la carretera federal a Amozoc, notó que la unidad estaba en un terreno más lejano, baldío, a la intemperie y sin ningún tipo de protección o resguardo, de tal forma que al revisar el auto, este ya no contaba con batería, velocímetro y el espejo lateral además estaba roto, por lo que ahora los daños a su vehículo ascendían a 18 mil pesos.

Ante tales hechos, y luego de que en el amparo a favor de la promoviente se especificara que el auto debía ser devuelto tal y como lo entregó, el corralón ahora en lugar de cobrar por derecho de piso y otros conceptos, tuvo que pagar por los daños al automóvil.

En este sentido, el abogado consultado señaló que las víctimas de un delito o como en este caso, presten su unidad a las autoridades para diversas investigaciones, deben recibir dicho vehículo en las mismas condiciones físicas que lo entregaron.

A médico industrial le exigían 16 mil pesos

Otro caso es el de Samantha N, una médico industrial de 34 años, quien el 9 de julio de 2020 salió de su antiguo trabajo en la ciudad de Puebla para instantes después abordar su automóvil Chevrolet Beat, modelo 2019, color azul y dirigirse a su domicilio en Sanctorum, Cuautlancingo.

Antes de llegar a su domicilio, sujetos a bordo de una camioneta y un automóvil comenzaron a seguirla sin que ella se diera cuenta de la situación, debido a lo agotada que se encontraba ya que había atendido a cerca de 50 trabajadores para descartar que estos tuvieran Covid-19, como parte de la jornada anticoronavirus que ese día se implementó en la empresa para la cual prestaba sus servicios.

Elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo llegaron al lugar del robo para tomar conocimiento. Foto: Archivo | El Sol de Puebla 

“Soy médico industrial. Ese día me tocó ver a varios pacientes, alrededor de 45 ó 50 para protocolo Covid-19; yo entré a trabajar desde las 8 de la mañana y tuvimos una jornada prolongada, precisamente por el “protocolo covid” que teníamos que aplicar para los trabajadores. Salí de mi trabajo en Puebla y me dirigí a mi casa por la autopista México-Puebla; escasa una cuadra y media, sujetos en un Mustang y una camioneta blanca empezaron a seguirme; me dieron alcance, sacaron sus armas para después apuntarme y bajarme del carro, traté de sacar mi teléfono de la guantera pero ya no pude, me jalaron y entonces me caí. Me gritaban de groserías. Ya no pude hacer nada, se fueron con todas mis cosas”, narró la víctima, quien tuvo que correr a un fraccionamiento cerca de la zona para pedir auxilio.

Fue así como tras una llamada al número de emergencias, elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo llegaron al lugar del robo para tomar conocimiento de los hechos, buscar a los responsables y llevar a la agraviada hacia su domicilio.

Sin que la policía en ese momento tuviera éxito en la localización del vehículo, horas después, la médico acudió a la Fiscalía de Puebla con el fin de ratificar la denuncia por robo de vehículo, así como de su teléfono celular, tarjetas bancarias y diversa documentación, que previamente hizo a través del 9-1-1. No obstante, fue enviada al C5 en Periférico Ecológico para dicho trámite y dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente.

Al día siguiente, según la entrevistada, elementos de la policía municipal de Puebla ubicaron su automóvil y detuvieron al sujeto que lo conducía, bajo cargos de detentación de vehículo robado. Tras la localización de la unidad, esta fue enviada por la Policía a un corralón particular que se localiza sobre la calle Libertad, entre Periférico Ecológico y Camino al Relleno Sanitario, debajo de las torres de energía eléctrica.

Para el 30 de julio, Samantha recibió una llamada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla para informarle que se vehículo ya había sido liberado, por lo que ese mismo día acudió al corralón anteriormente referido. Ahí, en ese instante le solicitaron un pago de 14 mil 200 pesos, de los cuales 12 mil eran por concepto de arrastre por parte de la empresa de “Grúas Ceronis” y 2 mil 200 pesos por derecho de piso, ya que por cada día en el corralón se debía pagar 100 pesos.

No obstante, para el 21 de agosto de 2020 ya sumaban 16 mil 200 pesos que la víctima debía pagar si quería recuperar su vehículo, situación ante la cual buscó el apoyo de unos abogados para solicitar al Ministerio Público del Fuero Común, Marcos Cabrera Barrera, que se emitiera algún escrito en el que como agraviada quedara exenta de dicho pago, ya que así lo marca la ley.

Cabe decir que la médico, tras el robo de su vehículo, por falta de movilidad y por atender el asunto delictivo, perdió su trabajo. Foto: Archivo | El Sol de Puebla

En este sentido, la Ley de Ingresos del Estado de Puebla en su artículo 99, fracción IV, indica lo siguiente: “la reducción en el pago de estas contribuciones será del 100% en el supuesto de que el propietario o poseedor del vehículo de que se trate, además de reunir los requisitos a que se refiere el párrafo anterior, tenga el carácter de víctima del delito o sujeto de error administrativo atribuible a alguna autoridad”.

Cabe decir que la médico, tras el robo de su vehículo, por falta de movilidad y por atender el asunto delictivo, perdió su trabajo, pero además, atravesó la muerte de su padre debido a Covid-19.

Cobran a animalista víctima de un asalto

A principios de octubre de este año (2022), el animalista Felipe Carpy denunció que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) retuvo su camioneta que fue recuperada tras el asalto que vivió meses antes, el 1 de junio, y para regresársela le pidieron 17 mil pesos en el corralón municipal, por lo que se reuniría con el gobernador Miguel Barbosa Huerta para atender su caso.

Meses antes a la denuncia, se dio a conocer que un cuentahabiente había sido herido de bala tras robarle 300 mil pesos y después se confirmó que se trató del ambientalista poblano Felipe Carpy, quien en ese momento estaba delicado de salud. Semanas después logró salir del hospital, pero aceptó que no tenía dinero para cubrir sus gastos médicos y empezó a vender orquídeas.

El joven tuvo que cubrir gastos como traslado en ambulancia para ir a consultas, fisioterapias, medicamentos, artículos médicos como guantes, gasas, jabón médico para limpiar heridas y también estaba juntando dinero para otra operación.

Para el 7 de octubre sus problemas aún no acababan, pues confesó que la FGE retuvo su camioneta por tratarse de un asalto y en el corralón municipal le condicionaron la devolución de su camioneta a cambio de 17 mil pesos.

“A pesar de ser yo la víctima y que la Fiscalía retuvo mi camioneta como evidencia de mi asalto ahora me cobran $17 mil pesos para poder sacarla del corralón así las cosas en Puebla. ¿Así es el apoyo a las víctimas Miguel Barbosa?, publicó.

Lo balean delincuentes y lo "sangran" en el corralón

Finalmente se encuentra el caso de Delfino, de 45 años de edad, quien además de haber sido baleado durante un intento de asalto en la colonia Fundadores de Chapultepec el pasado 30 de septiembre, el conductor de DiDi tuvo que pagar un total de 37 mil pesos entre los gastos de operación y la recuperación de su vehículo en un corralón de la colonia San Bernabé Temoxtitla, donde por arrastre y derecho de piso le cobraron 12 mil pesos, sin otorgarle ningún tipo de nota o ticket de pago.

El afectado hace un llamado a las autoridades para que regulen y frenen este tipo de abusos en los corralones de Puebla.

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