A través de sus agentes del Ministerio Público, este miércoles la Fiscalía General del Estado bloqueó a los medios de comunicación para que no estuvieran presentes en la audiencia inicial pública relativa al feminicidio ocurrido la tarde del domingo pasado en el Infonavit El Conde, ya que solicitó a un juez recientemente transferido a Puebla, que la misma fuera privada cuando en otros casos de igual índole se han realizado de manera pública, advirtiendo a la prensa sobre las sanciones de hacer públicos datos que deberán permanecer en reserva.

La ministerio público, María Guadalupe Campos Rivera, acompañada de sus colegas Julio Alberto Ramírez Martínez y Magali Guridi Jiménez, se opuso a que se atendiera a unos de los principios del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, es decir, al de publicidad, lo que significa que cualquier persona, incluida la prensa, puede ser testigo de un juicio en desarrollo.

El argumento de la MP fue que se podría atentar contra los derechos humanos del detenido y la víctima, cuyos nombres incluso ya fueron revelados por fuentes extraoficiales desde el día en que se perpetró el crimen.

La decisión de ayer del juez Fernando Martínez Espinosa se contrapone a otros casos de feminicidio, en los que incluso las víctimas han sido violadas o sufrido agresión sexual, y sin embargo, se ha permitido la permanencia de los medios de comunicación, quienes han sido testigos de los constantes errores de los ministerios públicos.

Esta acción de buscar juicios a “puerta cerrada”, que se ha vuelto frecuente por parte de los representantes de la Fiscalía, no se hizo esperar desde la primera audiencia prevista este miércoles a las 10:00 horas en contra de Rafael V.O., en la que se tratarían actos de investigación y en la que los agentes del MP únicamente solicitaron que se permitiera la toma de diversas muestras al acusado.

Durante la segunda audiencia para determinar la legal o no detención del imputado, que estaba programada a las 16:00 horas y se retrasó hasta las 19:49 horas, los ministerios públicos nuevamente hicieron la misma petición de que fuera privada.

Lo anterior también fue apoyado y concedido por el jurista Martínez Espinosa, quien pidió a la encargada de sala el retiro de tres medios de comunicación, logrando de este modo que no se supieran detalles del cómo y por qué ocurrió el asesinato de Bertha Yadira “N”, quien fue ultimada de varias puñaladas en su domicilio del Infonavit El Conde, la tarde del pasado domingo.