La defensa de Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez,exdirector de la Policía Estatal Preventiva (PEP ) y exjefe delGrupo de Operaciones Especiales (GOES), respectivamente, quienesestán acusados de complicidad o auxilio en el delito de robo dehidrocarburo, habría logrado que el caso avanzara a su favor,luego de que la Jueza de Control, Gabriela Rodríguez Escobar,desechara como pruebas dos conversaciones de Whatsapp y llamadasque supuestamente ligan a los exfuncionarios con ladrones decombustible.
Es así como la parte acusadora (Pemex), representada por suabogada, Ana Lilia Guarneros López, perdió una de sus cartasfuertes en el caso, por lo que ahora se valdrá de testimonios depolicías municipales de Tepeaca, de trabajadores del Copem asícomo del C4, entre otros, para poderles imputar dicho delito a losextrabajadores del estado, lo anterior según lo resuelto al finalde la audiencia intermedia que se celebró desde la tarde delmartes hasta la madrugada de ayer en las instalaciones del Tribunaldel Poder Judicial de la Federación.
ILEGAL LA OBTENCIÓN DE CONVERSACIONES DEL CELULAR:DEFENSA DE EXMANDOS
Tras un receso de casi cinco horas en la audiencia en contra delos exmandos policiacos, la Jueza informó que las conversacionesde Whatsapp presentadas por parte de los abogados de PetróleosMexicanos no serían aceptadas como pruebas para acusar a lospresuntos responsables del ilícito en mención. Y es que ladefensa de Marco Antonio Estrada y de Tomás Méndez argumentaronque en la obtención de dichas conversaciones del celular deEstrada, se violó la privacidad del exfuncionario además de quefue ilegal ya que no se contaba con el permiso judicial paraello.
Se trata de los mensajes en lo se puede leer lo siguiente:“Qué partida de madre nos pusieron estos ojetes”, y lainterrogante: “Qué pasó jefe por qué no contestas”, loscuales habrían sido enviados a Estrada por un contacto registradoen su teléfono celular como “Viejón 3”; éstos formaban parteimportante en el caso para poder fincarles el delito del que se lesacusa a los exmandos policíacos del estado.
Pues con dicha conversación, la parte acusadora buscabaconfirmar ante el Juez de Oralidad que la verdadera razón por laque Estrada y Méndez se encontraban en un paraje de Tepeaca,resguardando 25 camionetas cargadas con bidones de gasolina magna,aquel 25 de julio del año pasado, era por una complicidad con losllamados o conocidos popularmente como “chupaductos”, y noporque realmente estuvieran esperando algún apoyo.
En este sentido, los abogados defensores de los procesados,alegaron que la obtención de las pruebas descritas fueronilegales, bajo el argumento de que el Ministerio Público de laFederación sólo contaba con el permiso legal para obtener delcelular de Estrada, la información contenida en el móvil hasta48 horas antes de la detención. Y es que las conversaciones yllamadas a las que apelaba Pemex, a través de su abogada, cuentancon registro después de la medianoche de ese día, es decir, posterior al aseguramiento de los exfuncionarios que ocurrió,según lo expuesto durante la audiencia, alrededor de las 23:30horas. De tal forma que el exdirector de la PEP, para ese momento,ya no tenía el celular en sus manos.
En contraste, la Jueza Gabriela Rodríguez Escobar, admitiócomo parte de las pruebas de Pemex, la exposición de lostestimonios de los policías municipales de Tepeaca que el día delos hechos, habrían ofrecido ayuda a los exmandos policíacos parala vigilancia de la camioneta volcada que supuestamente custodiabanlos procesados. Para lo anterior, la parte acusadora tuvo quereconocer por primera vez, la existencia de dicha camioneta volcadaen la escena del aseguramiento.
Y es que así, la abogada de Pemex buscará demostrar queEstrada rechazó el apoyo de los policías municipales con lo quese desecharía el argumento principal de los exmandos, de que seencontraban en el sitio en espera de apoyo: “es completamenteinverosímil la versión de que estaban en el lugar en espera deapoyo", argumentó la parte acusadora.
PIDEN 8 AÑOS DE CÁRCEL Y EL PAGO DE $152 MIL POR LOSDAÑOS Y EL HIDROCARBURO ROBADO
Mientras en la última audiencia intermedia, algunas pruebasfueron admitidas y otras rechazadas, y la representante legal dePemex, solicitó una penalidad de 8 años de cárcel así como elpago de aproximadamente 152 mil 700 pesos por los daños y elhidrocarburo robado, sigue sin definirse la fecha para el juiciooral que enfrentarán los causados, cuyos abogados consideraron deimprocedente ya que aseguraron que sus clientes son inocentes y nocometieron el referido delito.
Será hasta la conclusión del juicio oral cuando se determinela inocencia o la culpabilidad de los exmandos estatales.
