/ miércoles 2 de agosto de 2023

Juez Hernández Chino suma nueva queja por presunto apoyo a exlíder narcomenudista

La madre del uniformado estatal busca obtener una beca educativa para sus nietas de ahora 14 y 15 años de edad

Una queja más sobre el actuar del juez de control, hoy de la región judicial de Zacatlán, Aarón Hernández Chino, se sumó en las últimas horas; en este caso, fueron familiares del policía estatal Luciano N, quien estaba destacamentado en el municipio de Huejotzingo y fue asesinado en 2019 presuntamente por el exlíder narcomenudista José Christian N, alias “El Grillo”, quienes acusaron que el jurista permitió la dilación del proceso jurídico en múltiples ocasiones y ahora, tras la muerte del acusado, no han podido obtener justicia.

Luego de que el día lunes 31 de julio, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla anunciara el inicio de una investigación en contra del referido jurista, por dejar sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva del diácono Gerardo N, imputado por el delito de violación equiparada en grado de tentativa en contra de un menor de edad en el municipio de Aquixtla, Inés, madre del policía estatal ultimado hace cuatro años, decidió sumarse a los señalamientos en contra del juez de la región judicial Norte.

La agraviada aseveró que desde el 26 de octubre de 2020, meses después de que “El Grillo” fuera ubicado y detenido en la Ciudad de México por agentes de la entonces Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), el caso sobre el asesinato de su hijo fue puesto en manos del juez Aarón Hernández Chino bajo la carpeta judicial número 1444/2020.

Las audiencias de formulación de imputación y vinculación a proceso, fueron las únicas que se realizaron de manera pronta, indicó la entrevistada.

El calvario de Inés, quien tras la desaparición y posterior localización de los retos humanos de su hijo se dedicó a buscar y exigir justicia, se hizo todavía más agotador ya que por diversas razones, como múltiples cambios de defensa y fallas tecnológicas en el Cefereso de Oaxaca, el juez de control otorgó en varias ocasiones la suspensión de la primera audiencia de la etapa intermedia en la que se desahogarían los datos de prueba que hay en el caso.

Así lo permitió el referido jurista, hasta el pasado 15 de febrero de 2023, cuando el asunto fue turnado al juez Francisco Javier Martínez Castillo, quien también accedió a la suspensión de la audiencia en espera de que se fijara nueva fecha para el desarrollo de la misma.

En este sentido, la declarante consideró que el juez Aarón Hernández Chino fue bastante permisivo para que a lo largo de tres años se aplazara el inicio de la etapa intermedia e incluso sospecha, que el juez pudo haberse dejado sobornar por “El Grillo” pues, dijo, nunca veló o sobrepuso los derechos de las víctimas, además de que no hizo nada para detener las prácticas dilatorias del acusado y sus abogados.

“Es tan triste que no se haya velado por nuestros derechos, siempre el juez actuó a favor de este delincuente que ya murió, pero estoy casi segura de que se dejó comprar al igual que otros servidores públicos involucrados en el caso; no se me hace justo todo lo que hemos pasado, yo creo que querían dinero para acelerar la investigación, pero yo no lo tuve, ni lo tengo”, acusó la entrevistada vía telefónica.

Después de que el pasado 6 de junio se supo sobre la muerte natural de José Christian, alias “El Grillo”, en el penal federal de Oaxaca (donde se encontraba recluido), la madre del uniformado estatal señaló que no han tenido una audiencia para recibir información sobre lo que ocurrirá con el proceso judicial.

Inés refirió que hace quince días, lo último que le indicó el agente del Ministerio Público que llevaba el asunto es que deberá esperar a que se tenga copia del acta de defunción de José Christian y así pueda ser llamada a audiencia para notificarle sobre el caso, pues se presume que se procederá a la extinción de la acción penal por la muerte del acusado.

No obstante, la madre de la víctima acusó que a pesar de que en la carpeta de investigación solo está asentado como responsable el exlíder narcomenudista y de comerciantes del mercado Morelos, hay más involucrados a los que no se les ha detenido o imputado cargos.

Ante toda esta situación, la señora Inés buscará también llevar su queja ante las autoridades federales, a fin de exhibir el actuar del juez Aarón y de otros servidores públicos.

Busca becas educativas para nietas huérfanas

Por otro lado, la madre del uniformado estatal busca obtener una beca educativa para sus nietas de ahora 14 y 15 años de edad, quienes quedaron en el desamparo de su padre y aunque su madre y su abuela han hecho lo posible por sacarlas adelante, compartió la declarante, es algo complicado debido a su situación económica y a que Luciano era la cabeza de la familia.

Después de externar esta inquietud y a la vez, solicitud, al secretario de Seguridad Pública Estatal (SSP), Daniel Iván Cruz Luna, este se comprometió este martes en rueda de prensa, a revisar el caso, contactar a la quejosa y analizar si se les puede otorgar alguna beca escolar a las hijas del policía estatal Luciano, muerto a manos de la delincuencia después de despeñarse con honradez.

“En su momento se dio todo lo que corresponde de ley a las derechohabientes, no sabía que se habían acercado a pedir esta prestación que es una motivación también para los policías, pero que se acerquen, es más, instruyo a que la contacten y verifiquemos su caso”, expresó el secretario.

Lo privan de la libertad y lo hallan muerto

El 16 de marzo de 2019, Luciano fue privado de su libertad cuando se encontraba en su trabajo, en el municipio de Huejotzingo, donde estaba comisionado; su familia, en la ciudad de Puebla empezó a buscarlo.

A pesar de la denuncia levantada ante el agente del Ministerio Público y de la campaña emprendida en redes sociales para la pronta localización del policía, nada sirvió, ya que el 30 de marzo de 2019, sus restos fueron hallados en un montículo de escombros y más restos humanos en San Salvador Chachapa, Amozoc.

Tan solo unos días después, el 2 de abril del mismo año, se descubrió una fosa clandestina en un estacionamiento a un costado del mercado Morelos, donde se encontraron indicios y más restos de las víctimas abandonadas en Amozoc.

Aquel día se implementó un amplio dispositivo de seguridad por parte de policías municipales, estatales, ministeriales e incluso del Ejército Mexicano; es así como se mantuvo rodeado el mercado José María Morelos y Pavón.

Además, las autoridades catearon varios locales lo cual arrojó el hallazgo de paquetes con diversas drogas, pero lo que más llamó la atención fueron dos trozos de piernas humanas. Durante el operativo también pudo ubicarse el camión de volteo, de color blanco y la retroexcavadora que se utilizaron para desenterrar los cuerpos y trasladarlos hasta Chachapa.

Fue hasta el 2 de febrero de 2020, tras los estudios de genética, cuando los restos del policía fueron entregados a su familia, luego de un homenaje en las instalaciones de la Dirección de la Policía Estatal.

A puerta cerrada y con la presencia de sus familiares y compañeros, se realizó este homenaje póstumo en la 9 Oriente y 14 Sur en el Barrio de Analco.

Una vez concluido el evento protocolario, los deudos se marcharon con los restos de Luciano; lo anterior, bajo una escolta de agentes policíacos.

Pese a los señalamientos contra diversas personas que podrían estar involucrados en los hechos, los agentes ministeriales sólo detuvieron a una persona y se trató de José Christian N, quien fue detenido el 24 de junio de 2019 en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México.

Posteriormente, la Fiscalía de Puebla dio a conocer que el asegurado, presuntamente, estaba relacionado en la desaparición de, al menos, 10 personas, entre ellas Luciano.

El 12 de febrero de 2021, la dependencia señaló que un juez de control decidió vincular a proceso a José Christian N por desaparición cometida por particulares y delitos relacionados con la desaparición de personas.

Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que se indicó que debería permanecer recluido, en este caso, en el Centro Federal de Reinserción Social de Oaxaca, donde fue internado desde octubre de 2019.

Finalmente, el 6 de junio del presente año se dio a conocer la muerte de “El Grillo”, presuntamente a causa de un infarto en su celda, además de que se supo qué meses antes, le tuvieron que amputar una pierna.

Una queja más sobre el actuar del juez de control, hoy de la región judicial de Zacatlán, Aarón Hernández Chino, se sumó en las últimas horas; en este caso, fueron familiares del policía estatal Luciano N, quien estaba destacamentado en el municipio de Huejotzingo y fue asesinado en 2019 presuntamente por el exlíder narcomenudista José Christian N, alias “El Grillo”, quienes acusaron que el jurista permitió la dilación del proceso jurídico en múltiples ocasiones y ahora, tras la muerte del acusado, no han podido obtener justicia.

Luego de que el día lunes 31 de julio, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla anunciara el inicio de una investigación en contra del referido jurista, por dejar sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva del diácono Gerardo N, imputado por el delito de violación equiparada en grado de tentativa en contra de un menor de edad en el municipio de Aquixtla, Inés, madre del policía estatal ultimado hace cuatro años, decidió sumarse a los señalamientos en contra del juez de la región judicial Norte.

La agraviada aseveró que desde el 26 de octubre de 2020, meses después de que “El Grillo” fuera ubicado y detenido en la Ciudad de México por agentes de la entonces Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), el caso sobre el asesinato de su hijo fue puesto en manos del juez Aarón Hernández Chino bajo la carpeta judicial número 1444/2020.

Las audiencias de formulación de imputación y vinculación a proceso, fueron las únicas que se realizaron de manera pronta, indicó la entrevistada.

El calvario de Inés, quien tras la desaparición y posterior localización de los retos humanos de su hijo se dedicó a buscar y exigir justicia, se hizo todavía más agotador ya que por diversas razones, como múltiples cambios de defensa y fallas tecnológicas en el Cefereso de Oaxaca, el juez de control otorgó en varias ocasiones la suspensión de la primera audiencia de la etapa intermedia en la que se desahogarían los datos de prueba que hay en el caso.

Así lo permitió el referido jurista, hasta el pasado 15 de febrero de 2023, cuando el asunto fue turnado al juez Francisco Javier Martínez Castillo, quien también accedió a la suspensión de la audiencia en espera de que se fijara nueva fecha para el desarrollo de la misma.

En este sentido, la declarante consideró que el juez Aarón Hernández Chino fue bastante permisivo para que a lo largo de tres años se aplazara el inicio de la etapa intermedia e incluso sospecha, que el juez pudo haberse dejado sobornar por “El Grillo” pues, dijo, nunca veló o sobrepuso los derechos de las víctimas, además de que no hizo nada para detener las prácticas dilatorias del acusado y sus abogados.

“Es tan triste que no se haya velado por nuestros derechos, siempre el juez actuó a favor de este delincuente que ya murió, pero estoy casi segura de que se dejó comprar al igual que otros servidores públicos involucrados en el caso; no se me hace justo todo lo que hemos pasado, yo creo que querían dinero para acelerar la investigación, pero yo no lo tuve, ni lo tengo”, acusó la entrevistada vía telefónica.

Después de que el pasado 6 de junio se supo sobre la muerte natural de José Christian, alias “El Grillo”, en el penal federal de Oaxaca (donde se encontraba recluido), la madre del uniformado estatal señaló que no han tenido una audiencia para recibir información sobre lo que ocurrirá con el proceso judicial.

Inés refirió que hace quince días, lo último que le indicó el agente del Ministerio Público que llevaba el asunto es que deberá esperar a que se tenga copia del acta de defunción de José Christian y así pueda ser llamada a audiencia para notificarle sobre el caso, pues se presume que se procederá a la extinción de la acción penal por la muerte del acusado.

No obstante, la madre de la víctima acusó que a pesar de que en la carpeta de investigación solo está asentado como responsable el exlíder narcomenudista y de comerciantes del mercado Morelos, hay más involucrados a los que no se les ha detenido o imputado cargos.

Ante toda esta situación, la señora Inés buscará también llevar su queja ante las autoridades federales, a fin de exhibir el actuar del juez Aarón y de otros servidores públicos.

Busca becas educativas para nietas huérfanas

Por otro lado, la madre del uniformado estatal busca obtener una beca educativa para sus nietas de ahora 14 y 15 años de edad, quienes quedaron en el desamparo de su padre y aunque su madre y su abuela han hecho lo posible por sacarlas adelante, compartió la declarante, es algo complicado debido a su situación económica y a que Luciano era la cabeza de la familia.

Después de externar esta inquietud y a la vez, solicitud, al secretario de Seguridad Pública Estatal (SSP), Daniel Iván Cruz Luna, este se comprometió este martes en rueda de prensa, a revisar el caso, contactar a la quejosa y analizar si se les puede otorgar alguna beca escolar a las hijas del policía estatal Luciano, muerto a manos de la delincuencia después de despeñarse con honradez.

“En su momento se dio todo lo que corresponde de ley a las derechohabientes, no sabía que se habían acercado a pedir esta prestación que es una motivación también para los policías, pero que se acerquen, es más, instruyo a que la contacten y verifiquemos su caso”, expresó el secretario.

Lo privan de la libertad y lo hallan muerto

El 16 de marzo de 2019, Luciano fue privado de su libertad cuando se encontraba en su trabajo, en el municipio de Huejotzingo, donde estaba comisionado; su familia, en la ciudad de Puebla empezó a buscarlo.

A pesar de la denuncia levantada ante el agente del Ministerio Público y de la campaña emprendida en redes sociales para la pronta localización del policía, nada sirvió, ya que el 30 de marzo de 2019, sus restos fueron hallados en un montículo de escombros y más restos humanos en San Salvador Chachapa, Amozoc.

Tan solo unos días después, el 2 de abril del mismo año, se descubrió una fosa clandestina en un estacionamiento a un costado del mercado Morelos, donde se encontraron indicios y más restos de las víctimas abandonadas en Amozoc.

Aquel día se implementó un amplio dispositivo de seguridad por parte de policías municipales, estatales, ministeriales e incluso del Ejército Mexicano; es así como se mantuvo rodeado el mercado José María Morelos y Pavón.

Además, las autoridades catearon varios locales lo cual arrojó el hallazgo de paquetes con diversas drogas, pero lo que más llamó la atención fueron dos trozos de piernas humanas. Durante el operativo también pudo ubicarse el camión de volteo, de color blanco y la retroexcavadora que se utilizaron para desenterrar los cuerpos y trasladarlos hasta Chachapa.

Fue hasta el 2 de febrero de 2020, tras los estudios de genética, cuando los restos del policía fueron entregados a su familia, luego de un homenaje en las instalaciones de la Dirección de la Policía Estatal.

A puerta cerrada y con la presencia de sus familiares y compañeros, se realizó este homenaje póstumo en la 9 Oriente y 14 Sur en el Barrio de Analco.

Una vez concluido el evento protocolario, los deudos se marcharon con los restos de Luciano; lo anterior, bajo una escolta de agentes policíacos.

Pese a los señalamientos contra diversas personas que podrían estar involucrados en los hechos, los agentes ministeriales sólo detuvieron a una persona y se trató de José Christian N, quien fue detenido el 24 de junio de 2019 en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México.

Posteriormente, la Fiscalía de Puebla dio a conocer que el asegurado, presuntamente, estaba relacionado en la desaparición de, al menos, 10 personas, entre ellas Luciano.

El 12 de febrero de 2021, la dependencia señaló que un juez de control decidió vincular a proceso a José Christian N por desaparición cometida por particulares y delitos relacionados con la desaparición de personas.

Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que se indicó que debería permanecer recluido, en este caso, en el Centro Federal de Reinserción Social de Oaxaca, donde fue internado desde octubre de 2019.

Finalmente, el 6 de junio del presente año se dio a conocer la muerte de “El Grillo”, presuntamente a causa de un infarto en su celda, además de que se supo qué meses antes, le tuvieron que amputar una pierna.

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