El abogado laboralista y exsecretario de Trabajo hasta hace un par de meses Abelardo Cuéllar Delgado se ha colocado en la mira de atención del gobernador Miguel Barbosa Huerta, no solo por los hechos que marcaron su partida del gabinete, sino por una reciente manifestación de despedidos del Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de Puebla (Icatep) que exigen su reinstalación.
La protesta, que se llevó a cabo el miércoles de la semana pasada frente a las oficinas de la Junta de Conciliación y Arbitraje, volvió a poner sobre la mesa una acusación recurrente que cayó sobre Cuéllar Delgado mientras se desempeñaba como secretario de Trabajo: su conflicto de interés por permanecer al frente de esa dependencia al mismo tiempo que, desde su despacho, representaba a decenas de despedidos que peleaban jurídicamente contra la administración estatal.
Señalamientos abundaron en contra del entonces integrante del gabinete sin que el gobernador Barbosa pudiera tener las pruebas requeridas para actuar en consecuencia, hasta hace unos días.
Inmediatamente después de la manifestación del miércoles 9 de marzo, los sabuesos jurídicos del mandatario estatal le hicieron llegar una ficha informativa que detalla las presuntas implicaciones de su excolaborador en el movimiento de los trabajadores despedidos del Icatep.
Según esto, quien azuzó a los quejosos para apersonarse en la Junta de Conciliación y Arbirtaje fue el abogado Evaristo Álvarez Alonso, un colaborador de Cuéllar Delgado para la atención de sus asuntos particulares.
La misma ficha expone cómo y cuánto tiene de participación el exsecretario en los asuntos del Icatep.
De los 96 juicios laborales que existían en ese Instituto de Capacitación para el Trabajo hasta el 28 de febrero del año en curso, 41 contaban con la intervención del despacho de Abelardo Cuéllar, cantidad que es equivalente al 43 por ciento del total.
El reporte que le fue hecho llegar a Barbosa agrega que, de esos 41 asuntos, ocho se encontraban en la etapa procesal de instrucción, nueve en la de laudo y 24, la gran mayoría, en la etapa de inminente ejecución.
Todos juntos suman un monto demandado al Icatep por 33 millones 383 mil 125 pesos con 50 centavos, lo que representa el 45.52 por ciento de la deuda total por juicios laborales en el instituto.
En el informe se resalta que el Icatep tiene como cabeza de sector en el gobierno del estado a la Secretaría de Trabajo, condición jurídica y administrativa que confirmaría por sí sola aquello de que Abelardo Cuéllar habría actuado como juez y parte (demandado y demandante) durante poco más de dos años, tiempo que duró su paso por la administración estatal.
Eso es lo que tiene irritado al gobernador.
Tarde ha podido confirmar las sospechas que tenía sobre el abogado laboralista, quien, en efecto, en el pasado creó una buena fama a partir de la defensa de causas presumiblemente justas.
El problema es que no quiso dejar de hacerlo aun cuando le significara un choque de intereses.
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