Es indiscutible que Andrés Manuel López Obrador y Morena en buena medida deben su aplastante triunfo electoral al hartazgo de la sociedad ante la corrupción desbordante del régimen saliente, que junto con la inseguridad palpable eclipsó cualquier logro o avance que pudiera haber tenido.
La palabra corrupción dentro de un enfoque social y legal se define como la acción humana que intencionalmente transgrede las normas legales y los principios éticos con la finalidad de extraer algún beneficio personal o grupal. En ese sentido la corrupción no solo se traduce en conductas como la malversación de recursos públicos o el enriquecimiento ilícito, sino que abarca otros contextos y efectos igualmente ilegales, como el incumplimiento del deber público, la construcción de alianzas impúdicas o la reforma facciosa del orden jurídico para obstaculizar al adversario y evitar ser sancionado, por citar algunos ejemplos.
Al respecto, mienten quienes opinan que el próximo presidente de la república pudiera sucumbir a la tentación de revigorizar el presidencialismo autoritario del siglo pasado al enfrentar una oposición inerme, puesto que nunca en la historia de este país se habían tomado tantas decisiones de último minuto ni hecho tantas reformas legales al vapor con un mismo propósito: exprimir la gallina de los huevos de oro y dificultar el ejercicio del poder político a una fuerza mayoritaria próxima a asumir su responsabilidad histórica a nivel federal, estatal y municipal.
Así, a la par de una oposición legítima y respetable, existe una oposición franca y fuerte, que de manera corrupta lucha zafiamente por salvaguardar el lastimoso status quo, usufructuar el poder hasta el último segundo y evitar que las autoridades emanadas de la voluntad popular manifestada de manera incuestionable el pasado primero de julio cumplan el mandato del pueblo. Ejemplo cumbre y vergonzoso de ello a nivel nacional: la reciente liberación de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, a quien las autoridades de Chihuahua acusan de haber desviado 250 millones de pesos del presupuesto de dicha entidad para beneficio de su partido. En tanto que a nivel local lo es el ungimiento de un abogado lego y de nulo prestigio como Jorge Cruz Bermúdez, dirigente del PRD en Puebla, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, para vergüenza del congreso saliente y oprobio de la judicatura.
Por supuesto, ninguna transformación resulta fácil ni exenta de resistencias, pero el tremendo grado de descomposición política, jurídica y social del país no permitirá al próximo régimen extender de manera indefinida su ofrecimiento de paz y concordia. De este modo es evidente que quienes no desistan definitivamente de sus costumbres corruptas y perversas, dando muestras sinceras e inmediatas de ello, tendrán que enfrentar el peso de la misma ley que no se han cansado de pisotear, tal como lo ha anunciado el próximo presidente. Y eso será simplemente justicia, no venganza ni aplastamiento político.
En ese tenor la nueva administración se verá obligada a enfrentar con firmeza, en algún momento cercano, al monstruo de la corrupción, extendido en casi todos los ámbitos de nuestra sociedad y no solo en el de la política, pues no hacerlo sería suicida ante una población en las últimas, que sin embargo votó esperanzada por el ofrecimiento de un cambio verdadero, no cosmético.
Y uno de los más peligrosos e inexpugnables refugios de este monstruo irredento lo encontramos en el corporativismo laboral, fuertemente escudado en la autonomía organizacional y la defensa de los intereses gremiales. Sin embargo, es indudable que la sociedad mexicana se siente igualmente agraviada por la corrupción sindical de una casta de líderes que se la han ingeniado para perpetuarse en el cargo y enriquecerse indebidamente a costa del trabajo, de las cuotas y del sometimiento de sus “representados”, con la complacencia y complicidad de las autoridades salientes y que no se cansa de exigir a las entrantes que le pongan fin definitivamente.
Entre los casos más emblemáticos encontramos a la maestra Elba Esther Gordillo, lideresa del SNTE y madrina política de Rafael Moreno Valle, a quien nadie le cree que su fortuna provenga de su madre, quien -como simple maestra rural alejada del sindicalismo- supuestamente le heredó varios millones de pesos en bienes y en efectivo. Pero también a Carlos Antonio Romero Deschamps, símbolo de corrupción, extorsión y saqueo a Pemex, igualmente encumbrado por Carlos Salinas y que no ha tenido empacho en exhibir la ostentosa vida de su familia, dueña de incontables propiedades y lujos adquiridos a costa de los petroleros.
La primera ya fue juzgada en un proceso viciado por el negligente y sesgado trabajo de la Procuraduría General de la República, gracias a lo cual alcanzó su libertad y se ve difícil que pueda ser enjuiciada nuevamente gracias al principio non bis in ídem, en virtud del cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Sin embargo, Romero Deschamps no ha sido enjuiciado hasta la fecha y es público que en mayo pasado López Obrador aseguró de manera tajante que acabará con el cacicazgo en el manejo del sindicato petrolero y que habrá democracia sindical, requisitos ineludibles para garantizar que la cuantiosa inversión sin precedentes que habrá de inyectarse a Pemex llegue intacta su destino.
Es evidente entonces que el corrupto “dueño” del STPRM y sus secuaces, a quienes el nefasto Consejo de Administración de Pemex les acaba de dar un último regalo de despedida -consistente en un terreno de 12 hectáreas en Salamanca con valor de 640 millones de pesos-, se ubican entonces en la línea de fuego de la siguiente administración para servir de ejemplo y demostrar a un pueblo ávido de justicia que la lucha contra la corrupción y la podredumbre del PRIAN va en serio, que se acabaron los privilegios indebidos y que nunca más nadie estará por encima de la ley. Lo digo sin acritud, ¡pero lo digo!
mezavcm.abogados@gmail.com
