Insólito lo que ocurrió ayer en la empresa Talavera Uriarte.
A punto de cumplir 200 años, una de las compañías emblemáticas de Puebla fue objeto de un escandaloso embargo por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La existencia de un crédito fiscal que no ha sido solventado por la empresa llevó al organismo federal a quedarse, entre otras piezas, con una vajilla utilizada por el Papa Juan Pablo II, un tibor de Raúl Anguiano y creaciones de principios del siglo XX.
Desde temprana hora del jueves, tres camiones, dos patrullas y varios policías uniformados rodearon el número 911 de la 4 Poniente.
El propósito era embargar piezas de la tienda y el museo para obligar a la empresa a saldar una deuda fiscal con el SAT.
Ello derivó en incertidumbre y ahora se habla de la posibilidad de que Talavera Uriarte cierre sus puertas para siempre.
“Es una muestra de poder muy triste, porque están en contra de una empresa que tiene una deuda pero no es nuestra, están embargando una cosa histórica, pero con un poder…”, reclamó Michael Paulhus, gerente de Talavera Uriarte, ante los micrófonos de los reporteros.
Esperamos y deseamos que el problema se resuelva, que las piezas regresen a su lugar y que la empresa, símbolo histórico de Puebla, continúe abierta.
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Con la novedad de que la apertura de tomas clandestinas de gas licuado de petróleo (LP) también es un problema vigente en el estado.
No sorprende.
Si hay ordeña de gasolina, era de esperarse que también la hubiese de gas licuado.
Información de la paraestatal Pemex revela que una de cada tres tomas clandestinas de gas LP halladas durante 2017 en el país, corresponde a Puebla.
Así están los núneros.
De las 177 perforaciones descubiertas por autoridades de Pemex el año pasado, 61 fueron registradas en suelo poblano.
Ahora tenemos pues que la extracción ilegal o huachicol va más allá de la gasolina; también abarca el gas licuado.
De ahí las recientes declaraciones del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña.
En entrevista exclusiva con los diarios de OEM, el priista dijo que este delito se había convertido en una industria y que llevaría varios años combatirlo y erradicarlo de manera definitiva.
Es cierto.
Los intereses que están en juego son millonarios.
Y, por desgracia, tienen que ver con Puebla.
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Interesantes los datos ofrecidos por el Observatorio 33 en relación a la violencia cometida en contra de las mujeres en política.
Según las integrantes de esta organización, entre quienes se encuentran Edurne Ochoa y Cecilia Monzón, son las mujeres quienes más violencia política de género ejercen en contra de otras mujeres.
Así es.
De los ataques detectados por el Observatorio 33 en redes sociales y medios de comunicación, el 60 por ciento han sido realizados por el género femenino y el 40 por ciento restante por hombres.
"Desafortunadamente de mujeres se da muchísima violencia, yo te podría decir que el 60 por ciento mujeres y el 40 por ciento hombres", comentó Ochoa, quien pretende exigir que se tipifiquen como violencia política de género las agresiones cometidas en contra de las mujeres en el proceso electoral.
El Observatorio tiene víctimas claras.
Entre las mujeres que forman parte del escenario político poblano y fueron objeto de violencia en redes sociales mencionaron a Violeta Lagunes Viveros, Martha Érika Alonso Hidalgo y Karina Romero Alcalá.
Interesante tarea.
