El presidente estadounidense, Donald Trump, ha comenzado a cumplir una de las principales amenazas vertidas desde campaña en contra de los migrantes mexicanos y, por ende, de los poblanos.
Además de seguir adelante con la idea de construir un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, lo cual va lento pero avanza, el republicano ahora sí ha hecho sentir su mano dura en el tema de las deportaciones.
El 2017 fue un año tranquilo para los ilegales mexicanos radicados en aquel país.
El primer año de mandato de Trump fue inferior en deportaciones a los de Barack Obama, que aun sin un discurso xenófobo, incluso en silencio, había registrado las cantidades más grandes de la historia.
Ese comportamiento llevó a creer que Trump se quedaría en las amenazas y que ya no cumpliría lo que tanto había prometido en campaña por la Casa Blanca.
Sin embargo, en este 2018 las cosas cambiaron… y para mal.
De enero a abril el número de poblanos deportados de Estados Unidos se disparó un 71 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2017, según datos de la Secretaría de Gobernación Federal.
Eso demuestra que el presidente de la nación más poderosa del país iba en serio, lo mismo que en el tema del muro fronterizo, la renegociación del TLC y la imposición de aranceles.
¡Caray!
Durísima la tarea que espera al próximo presidente de México en las arenas movedizas de la política internacional.
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Sergio de la Luz Vergara Berdejo ya no está en el Ayuntamiento de Puebla, pero mientras estuvo ahí se la pasó de amago en amago en contra de los propietarios de casonas abandonadas y ruinosas en el primer cuadro de la ciudad.
Como responsable de la Gerencia del Centro Histórico, Vergara declaró una y otra vez que la comuna emprendería procesos de expropiación contra todas aquellas personas que fuesen dueñas de inmuebles en el centro y que los tuviesen abandonados, sin arreglar, y que, por tanto, presentasen un peligro latente para la gente.
Verga se fue en marzo de este año y no hizo lo que dijo que iba a hacer.
Se convirtió en el “ya casi expropiamos”, que en realidad nunca procedió.
Ayer el regidor Gustavo Espinosa Vázquez aclaró y dio por terminado el asunto.
El Ayuntamiento no realizará ninguna expropiación de inmuebles particulares en el primer cuadro de la ciudad porque no hay condiciones para hacerlo, expuso.
De entrada, indicó, un asunto legal de esas características traspasaría el periodo de vigencia del actual gobierno, 14 de octubre, y eso no es posible.
Lo que sí hay, abundó, son exhortos a los dueños para que reparen sus propiedades y solo en caso de que ignoren las recomendaciones se les podría aplicar una multa, que establecerían las instancias correspondientes.
Aclarado, pues, el punto que sí hizo ruido entre los dueños de las casonas.
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Con razón abundan las quejas entre los candidatos del PRI.
Aspirantes a diputados y presidentes municipales lamentan la falta de recursos económicos para hacer campaña y señalan a los dirigentes por haberlos dejado solos en las respectivas contiendas.
El secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal, José Antonio López Malo, ha dado evidencias que llevan a entender ese enfado.
El integrante de la dirigencia explicó que, de los 27.3 millones de pesos destinados para actividades de campaña para todos los candidatos locales, el 70 por ciento fue usado para el aspirante a gobernador, Enrique Doger Guerrero.
Para el más importante de sus candidatos fueron más o menos 19 millones de pesos, mientras que para los abanderados a diputados y los aspirantes a ediles fueron ocho millones.
Esas cantidades, diluidas entre tantos, se pulverizaron en las campañas.
Por eso una de las quejas principales en el priismo es la falta de dinero.
