Después de que locatarios denunciaran que miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación les cobran derecho de piso, los líderes de comerciantes de la “Fayuca”, los mercados José María Morelos, Acocota, Unión y “de la 46” negaron enfáticamente que existan grupos de la delincuencia organizada en esos lugares.
Todo se debe, dicen, a oscuros intereses de exlíderes.
Sin embargo, en la Fayuca los pleitos y balaceras son motivo de notas periodísticas; en “la 46” es de dominio público que se venden autopartes robadas. En el Morelos hace unos días la policía liberó a dos repartidores de la Coca-Cola secuestrados. Ni qué decir del mercado Unión, que es, quizás, el mercado más peligroso de la capital, con venta de droga y mercancía ilegal. Si usted se atreve a entrar, tal vez desaparezca para siempre.
Para ciudadanos y autoridades es un secreto a voces que dichos centros de abasto, unos más, otros menos, son nido de la delincuencia.
Tal parece que a esos líderes les falta abrir los ojos un poquito más.
*************
La rebelión del poder Judicial contra el presidente, Andrés Manuel López Obrador, inevitablemente llegó a la entidad.
Y es que en Puebla mil 400 trabajadores sindicalizados ya están amparados ante la justicia federal después de la iniciativa presidencial para disminuirles el salario. Incluso también los 2 mil empleados de confianza interpusieron un recurso legal para protegerse.
De acuerdo con Jaime Serrano Alva, que se ostenta como representante de los empleados, los que ganan más de 100 mil pesos arriesgan su integridad física y sacrifican su tiempo familiar y de ocio; aunque, por otro lado, la satisfacción de hacer justicia atenúa esas inclemencias laborales.
Los que no ganan más de 100 mil pesos no tienen de qué preocuparse, ya que la iniciativa presidencial no los contempla. Incluso hay posibilidad de que obtengan un aumento de sueldo.
*****************
La Contraloría Municipal del gobierno de Claudia Rivera Vivanco inició una investigación contra funcionarios y exempleados públicos acusados de pedir “mordidas” de 400 o 500 pesos a personas que buscaban agilizar sus trámites sobre la tenencia de sus propiedades.
Así lo reveló la secretaria general del Ayuntamiento, Liza Aceves López, quien agregó que dichos casos de corrupción ocasionaron el retraso en la posesión y escrituras durante cinco años en promedio, aunque hubo un caso en especial que llevó 19 años.
A pesar de que el hecho no sea nada nuevo, porque en todas las administraciones municipales se dan casos como ese, parece que lo nuevo es que se procederá contra dichas personas, sean empleados o funcionarios del Ayuntamiento o externos.
Eso dio a entender Aceves López, quien tiene la encomienda de la presidenta municipal de trabajar a favor de la población más vulnerable, como aquellos poblanos que carecen de certeza jurídica de sus propiedades, especialmente las mujeres, y el combate a la corrupción.
