Lo que otros asuntos no han logrado en el pasado por fin lo hace la serie de jaloneos y negociaciones que celebran las distintas fracciones partidistas representadas en el Congreso para definir gobernador interino.
PAN y PRI se han sumado a la causa del legislador del PT y presidente de la Mesa Directiva, José Juan Espinosa Torres, quien se ha pronunciado en contra de que sea un diputado local quien quede como mandatario interino frente a la perversidad -así se ha dicho- de que los integrantes de este poder pasen a convertirse en juez y parte.
La negativa de Espinosa, que ha sido secundada por blanquiazules y tricolores, no obedece a motivaciones verdaderamente democráticas, sino al veto que el propio legislador del PT quiere imponer en contra de Gabriel Biestro Medinilla, quien no solo desea rendir protesta como interino, sino que goza de apoyos al seno de Morena para conseguirlo.
Impensable hasta hace unos días que panistas y priistas se sumaran a los petistas para bloquear a uno de los integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia.
Así es la política.
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Entre tanto tropiezo por fin la administración municipal de Claudia Rivera Vivanco concreta un logro medible y tangible. El Ayuntamiento que encabeza redujo la deuda pública 31 por ciento, que equivale a 99 millones de pesos y un ahorro en intereses de 40 millones de pesos.
La propia alcaldesa explicó que se trata de la primera vez que el Gobierno Municipal realiza un pago a capital, y sin penalización, desde que en 2008 se adquirió un crédito financiero durante la gestión de la priista Blanca Alcalá Ruiz.
Las políticas de austeridad implementadas en los dos primeros meses del actual Ayuntamiento lograron ahorros que, a su vez, permitieron efectuar el pago a capital.
Esa es una buena noticia, misma que sobresale en medio del caos citadino que se respira desde que Rivera Vivanco llegó a Palacio Municipal, hace casi cuatro meses.
Ahora lo que sigue es aplicar esos recursos ahorrados en la atención de las necesidades sociales.
De lo contrario, la maniobra financiera no habrá servido de nada.
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Ricardo Urzúa Rivera ha dado un dato importante relacionado con uno de los delitos que más daño ha causado al tejido social del estado en los últimos ocho años: el huachicol.
El político priista y empresario gasolinero asegura que en los primeros meses del año ha subido la venta de gasolina legal hasta 30 por ciento, derivado de las nuevas políticas del Gobierno Federal contra la extracción y comercialización de combustible ilegal por parte de bandas bien organizadas.
Urzúa habla de los municipios de la sierra Norte del estado, una de las zonas con mayor incidencia de huachicol. Que así se siga.
