Contrario al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador de planear darle vuelta a la página de la corrupción en administraciones pasadas, el gobernador electo Luis Miguel Barbosa Huerta insistió en la necesidad de emprender investigaciones y darle dientes a la Contraloría y a la Auditoría Superior del Estado de Puebla para revisar lo hecho por Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso.
Durante una entrevista que concedió, a las afueras de Palacio Nacional, a la reportera Gabriela Jiménez de El Sol de México, el morenista se dijo convencido de la necesidad de que los poblanos sepan la verdad sobre la deuda pública, los fideicomisos y los negocios que sus antecesores panistas hicieron cuando gobernaban.
Sin duda, las suspicacias que el morenovallismo despertó sobre decisiones públicas con fines lucrativos son muchas y es de reconocerse que una autoridad pretenda hurgar para detectar presuntos actos de corrupción y, de encontrarlos, castigue a los responsables.
No obstante, también es deseable que con la misma vara se mida el presente y el futuro pues sin mayor juicio exoneró al gobierno interino y no es que se sospeche del actual mandatario sino que la misma energía que se aplica hacia los gobiernos panistas debería esperarse para otros funcionarios de la actual o futura administración.
“Deslindo al gobierno interino y pongo a los gobiernos anteriores en un modelo de negocios, ¿cuál es el modelo?, ganar dinero en cada acto de gobierno, a partir de la corrupción. Eso no va a ocurrir en Puebla”, comprometió en la entrevista.
Y ojalá ya no haya corrupción, pero la tentación de aprovechar un cargo de gobierno para fines particulares no debe entenderse como un acto de perversos políticos del pasado ni su destierro, con la hipotética llegada de impolutos servidores, públicos por decreto.
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Por segunda ocasión en los últimos seis meses, el Ayuntamiento de Puebla, a cargo de la morenista Claudia Rivera Vivanco, atendió el llamado de vecinos de la Unidad Habitacional La Margarita de quitar ambulantes que, aseguran, generan problemas como afectación al paso peatonal, acumulación de basura y bloqueo de las entradas o cocheras de hogares, así como incremento de la delincuencia.
En un operativo, el área de Vía Pública impidió la instalación de 50 puestos semifijos en los alrededores de dicha unidad y colocó sellos para retirar 10 casetas. Pero al personal de la Secretaría de Gobernación Municipal se les fue un pequeño detalle, olvidaron voltear a ver a las afueras del hospital del IMSS La Margarita.
Este medio de comunicación ha documentado, en más de una ocasión, la invasión de puestos que ofertan todo tipo de comida y “chácharas” a menos de cien metros del nosocomio, aunque lo prohíbe la ley.
Esperemos que haya sido el tiempo el que no permitió la limpia completa y no el beneficio que representa a los afiliados a la organización Doroteo Arango ser los únicos presentes en la zona.
