Las cifras son claras y contundentes.
En medio año, el estado de Puebla ha registrado la comisión de 350 homicidios, de los cuales más del 50 por ciento se han perpetrado con arma de fuego y más 70 por ciento se han realizado en el municipio capital.
Esos números son prácticamente iguales a los del primer semestre de 2018, lo cual muestra que los índices de violencia relacionados con el más cruento de todos los delitos: el asesinato, se han mantenido igual.
Dos homicidios por día en promedio.
Este dato ratifica a la inseguridad pública como el problema social de mayor apremio y urgencia que tendrá que atender el próximo gobierno una vez entrado en funciones.
En efecto, prevenir, combatir y castigar la delincuencia será la responsabilidad número uno de la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta, que comenzará su ciclo el primer día de agosto, es decir, en menos de un mes.
Para conseguirlo tendrá que sumar el apoyo del gobierno federal y de las administraciones municipales.
El primero de ellos avanza con la creación de la Guardia Nacional, que se estrenó en Puebla este lunes con un operativo anti narcomenudistas en el mercado Unión.
Las segundas no se han mostrado muy avezadas desde que saltaron al poder a mediados de octubre, pero tendrán que rectificar el trabajo realizado hasta ahora para responder de manera positiva a la sentida demanda social.
Los poblanos no delincuentes, que son una inmensa mayoría, quieren que la paz retorne a sus comunidades.
Colonias, calles y espacios públicos libres de asaltantes, violadores, secuestradores, vendedores de droga y homicidas es lo que se desea para el estado.
Barbosa Huerta lo sabe, tiene un diagnóstico certero acerca de lo que ocurre en la entidad que gobernará.
Ahora solo falta que su gestión, él mismo y su equipo de colaboradores, estén a la altura de las demandas.
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La que no ha estado a la altura de las demandas sociales en sus ocho meses y medio de gobierno es la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco.
No se sabe con certeza si es ella o son sus colaboradores, pero además de no encarar con buenos resultados el fenómeno de la inseguridad, tampoco ha podido responder en temas tan elementales como la movilidad.
La recién estrenada temporada de lluvias ha evidenciado que este ayuntamiento, emanado del Movimiento Regeneración Nacional, tampoco tiene experiencia ni asesores competentes para reaccionar ante los estragos urbanos.
El municipio se ha cundido de baches como consecuencia de las fuertes y recientes lluvias, sin que el “gobierno” municipal muestre capacidad para taparlos, en beneficio no solo de los automovilistas particulares, sino también de los conductores y usuarios del transporte público.
Mal y de malas.
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Parece que va en serio esa intención de los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia de reabrir las cuentas públicas de los ex gobernadores Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad, y que los dichos de hace unos días no obedecieron a una mera ocurrencia del líder morenista Gabriel Biestro Medinilla.
Lucía Romero, presidenta de la Comisión Inspectora en el Congreso, afirmó que eso ocurrirá después de que concluya el rezago que hay con los informes pendientes de otros sujetos obligados y una vez que la Auditoría Superior del Estado de a conocer la cifra real de cuentas públicas pendientes de revisión.
Avisen pues a los ex funcionarios involucrados en esas dos gestiones.
