En ese estilo de comunicación que está creando a través de las redes sociales, el gobernador electo Luis Miguel Barbosa Huerta anunció aquello que se comentaba como rumor entre su equipo de colaboradores, que ha decidido no utilizar el Centro Integral de Servicios como sede del Poder Ejecutivo.
“La oficina de la gubernatura en el CIS”, expuso Barbosa Huerta en la red social twitter, “es un monumento a la frivolidad, opulencia, derroche y arrogancia, no la voy a ocupar. La sede de los poderes públicos debe ser sobria y austera”.
En campaña el mandatario electo había comentado que no pretendía emplear de manera personal ese inmueble por el alto costo que tuvo y porque el gobierno del estado no ha terminado de pagar la obra, que fue llevada a cabo con un programa de PPS, donde un particular realizar la inversión a cabo de cobrar millonarios recursos durante varias décadas.
Barbosa ha dicho también que no habitará ni despachará en Casa Puebla.
Si ni lo hará allá ni en el CIS, ¿dónde establecerá entonces su oficina?
Parece que regresará la oficina del gobernador a Reforma 711, donde estaba antes de que el priista Melquiades Morales Flores la trasladara a Casa Aguayo.
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¿De verdad?
El ayuntamiento de Puebla lanzará una licitación pública para elegir a la empresa que se encargará de brindar el servicio de grúas en el municipio.
Esa es una buena intención.
Sí, intención, porque gobiernos municipales lo han pretendido hacer en el pasado y no han concretado nada, por la presión de agrupaciones, como Antorcha Campesina, que se consideran dueñas de la prestación de ese servicio, además de que lo hacen sin los mínimos controles de calidad y no permiten ningún tipo de competencia.
Luis Banck Serrato fue el último en intentarlo y fracasó.
El Cabildo poblano lo ha retomado a propuesta de la regidora Laura Martínez Escobar, que pretende, también emitir una norma técnica para brindar el servicio.
Esperemos que esta vez sí se concrete la intención y que se haga del contrato municipal una empresa seria, responsable y económica.
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Quien asegura que lo que la ley ordene no tiene ninguna importancia porque él ya acordó con la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, que los 84 empleados que recibieron su base de manera irregular en la recta final del ayuntamiento de Luis Banck no van a sufrir ninguna modificación es Gonzalo Juárez Méndez.
En efecto, el líder sindical afirma que pactó el viernes que esas personas conserven sus bases tal y como se las obsequió Banck, con todo y que el actual secretario de Administración, Leobardo Rodríguez, denunciara que fueron autorizadas ilegalmente y expusiera las razones.
¿Será entonces que Rivera Vivanco aceptó un acuerdo de esta naturaleza con Juárez Méndez?
¿Así de sencillo se archivará en el cajón de los asuntos olvidados una sesuda investigación que le ha tomado nueve meses a los colaboradores de la alcaldesa?
Habrá que preguntar.
