/ miércoles 30 de octubre de 2019

En Punto

Con bombo y platillo, el gobierno estatal, representado por su consejero jurídico Ricardo Velázquez Cruz informó el inicio de proceso de revocación de 29 notarías entregadas durante el gobierno del finado Rafael Moreno Valle.

En conferencia de prensa, el abogado señaló que incluso los titulares de las notarías fueron notificados sobre el inicio de los procedimientos y les fueron retirados los folios y sellos que se requieren para su trabajo, amén de las posibles acciones penales por los posibles delitos que se hubieran cometido.

Velázquez Cruz explicó que, salvo casos sospechosos, aquellas personas que hubieran realizado algún trámite ante estos notarios pueden estar tranquilas pues sus documentos son válidos.

Lo que llama la atención es que al día siguiente de que el gobierno estatal informara de esta determinación mediante un boletín nocturno, varias de las notarías de las señaladas siguieron trabajando con normalidad y más aún que su personalidad siguiera ofreciendo los servicios como si nada hubiera pasado.

Por ejemplo, la reportera Norma Marcial acudió a la Notaría número 7 de San Pedro Cholula, cuya titular es la excontralora en tiempos de Moreno Valle, donde su personal facilitó información sobre trámites notariales sin que le informaran que ya no se podrían desahogar ahí.

Pero lo mismo pudieron constatar corresponsales en otros municipios, donde los trabajadores seguían brindando atención al público excusando simplemente la ausencia de los titulares pero sin negar la atención.

Es el caso de las notarías del distrito de Tehuacán donde todas estaban funcionando como de costumbre aunque se supone que ya sin poder realizar los trámites para legalizar los documentos.

No estaría de más que las autoridades gubernamentales realicen algún recorrido para evitar que aquellas personas que no estén enteradas vayan a hacer un pago que no les sea reconocido a futuro.

***

Bien dice esa frase de la política de que “los carniceros de hoy son las reces de mañana” al referirse al vuelco que puede dar el escenario del poder y aquellos que en un momento se sintieron los dueños de todo, hoy son los candidatos a llegar a prisión.

Apenas hace un año, para los beneficiarios del morenovallismo se auguraban cuando menos seis años de beneficios y del goce, por lo menos, de los beneficios que da el control de una notaría y hoy sufren la posibilidad de pisar la cárcel.

El barbosismo ha iniciado con la limpia de los cotos de poder que mantenían los herederos políticos del otrora mandatario panista y le pusieron nombres y apellidos a quienes, sostienen, se encuentran detrás de la operación de las citadas notarías.

En la lista figuran el principal cerebro financiero de Moreno Valle, Roberto Moya Clemente, Ángel Trauwitz Echeguren, ex secretario de Turismo, Ángel Cevallos, familiar de Eukid Castañón, ex contralor, Mario Rincón Gonzalez, secretario de Desarrollo Social y de Desarrollo Rural.

Con bombo y platillo, el gobierno estatal, representado por su consejero jurídico Ricardo Velázquez Cruz informó el inicio de proceso de revocación de 29 notarías entregadas durante el gobierno del finado Rafael Moreno Valle.

En conferencia de prensa, el abogado señaló que incluso los titulares de las notarías fueron notificados sobre el inicio de los procedimientos y les fueron retirados los folios y sellos que se requieren para su trabajo, amén de las posibles acciones penales por los posibles delitos que se hubieran cometido.

Velázquez Cruz explicó que, salvo casos sospechosos, aquellas personas que hubieran realizado algún trámite ante estos notarios pueden estar tranquilas pues sus documentos son válidos.

Lo que llama la atención es que al día siguiente de que el gobierno estatal informara de esta determinación mediante un boletín nocturno, varias de las notarías de las señaladas siguieron trabajando con normalidad y más aún que su personalidad siguiera ofreciendo los servicios como si nada hubiera pasado.

Por ejemplo, la reportera Norma Marcial acudió a la Notaría número 7 de San Pedro Cholula, cuya titular es la excontralora en tiempos de Moreno Valle, donde su personal facilitó información sobre trámites notariales sin que le informaran que ya no se podrían desahogar ahí.

Pero lo mismo pudieron constatar corresponsales en otros municipios, donde los trabajadores seguían brindando atención al público excusando simplemente la ausencia de los titulares pero sin negar la atención.

Es el caso de las notarías del distrito de Tehuacán donde todas estaban funcionando como de costumbre aunque se supone que ya sin poder realizar los trámites para legalizar los documentos.

No estaría de más que las autoridades gubernamentales realicen algún recorrido para evitar que aquellas personas que no estén enteradas vayan a hacer un pago que no les sea reconocido a futuro.

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Bien dice esa frase de la política de que “los carniceros de hoy son las reces de mañana” al referirse al vuelco que puede dar el escenario del poder y aquellos que en un momento se sintieron los dueños de todo, hoy son los candidatos a llegar a prisión.

Apenas hace un año, para los beneficiarios del morenovallismo se auguraban cuando menos seis años de beneficios y del goce, por lo menos, de los beneficios que da el control de una notaría y hoy sufren la posibilidad de pisar la cárcel.

El barbosismo ha iniciado con la limpia de los cotos de poder que mantenían los herederos políticos del otrora mandatario panista y le pusieron nombres y apellidos a quienes, sostienen, se encuentran detrás de la operación de las citadas notarías.

En la lista figuran el principal cerebro financiero de Moreno Valle, Roberto Moya Clemente, Ángel Trauwitz Echeguren, ex secretario de Turismo, Ángel Cevallos, familiar de Eukid Castañón, ex contralor, Mario Rincón Gonzalez, secretario de Desarrollo Social y de Desarrollo Rural.

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