/ jueves 2 de enero de 2020

En Punto

Bien dicen que una cosa es estar en campaña y otra en el ejercicio de gobierno y si de cobro de impuestos se trata se hace evidente la discrepancia que existe entre el decir y el hacer.

Contrario al discurso que los actores de la llamada cuarta transformación tenían cuando eran aspirantes al poder, el incremento a los precios de la gasolina, por citar un ejemplo, es parte de una necesidad republicana y no un acto que atenta contra los bolsillos de los mexicanos.

Iniciado este 2020, por determinación del gobierno federal de Morena y sus legisladores, el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) simplemente no se eliminó, sino que, por el contrario, mantiene en incremento los precios de las gasolinas.

Así, el impuesto para la Magna se incrementó 0.14 pesos, por lo que se pagarán 4.95 pesos por cada litro mientras que la Premium aumentó 0.12 pesos, para quedar en 4.18 pesos por litro en tanto que el diésel también tuvo un alza de 0.16 pesos para quedar en 5.44 pesos el litro.

Pero no solo a nivel federal se tuvo una inconsistencia entre los ofrecimientos en campaña y lo que refleja la Ley de Ingresos de este año. Ahí está lo que ocurrió con el coloquialmente conocido Impuesto Sobre la Nómina que, en 2018, el candidato Luis Miguel Barbosa proponía desaparecer, y que para este año será del 3 por ciento, bajo el argumento de que se necesitan los recursos para fortalecer la seguridad.

Aunado a ello se crearon tres nuevos gravámenes: el Impuesto Sobre Servicios y Hospedajes con 3 por ciento; el Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos del 6 por ciento; y el Impuesto Sobre la Realización de Juegos con Apuestas y Sorteos del 6 por ciento.

Si nos remitiéramos al pasado reciente supondríamos que para los pregoneros de la cuarta transformación hablar de más impuestos que lesionen al pueblo bueno es una práctica exclusiva de los gobiernos neoliberales. Visto está que hay mucha propaganda de por medio.

***

Hablando de nuevas tributaciones, donde se puede entender una intención inhibitoria de la autoridad hacia establecimientos que pudieran ser centros que promueven la trata de personas en la modalidad de explotación sexual es el incremento en el costo de los permisos para los table dance.

El cabildo de Puebla capital determinó que para el año que inicia, quien pretenda abrir este tipo de negocios deberá pagar 773 mil pesos 448.90 pesos cuando el año pasado la tributación era prácticamente de la mitad, de unos 386 mil pesos.

Cierto es que en el mundo de los giros negro cualquiera de las dos cantidades pudiera resultar fácilmente de recuperar, pero de alguna manera puede contener, un poco, su proliferación.

***

Dos lecturas puede tener el hecho ocurrido en el Mercado Emiliano Zapata la tarde del 31 de diciembre en un operativo de decomiso de piratería. La primera que resulta aplaudible que la autoridad municipal, después de mucho tiempo implementara un auténtico operativo para decomisar pirotecnia que se vende a plena luz del día.

La segunda, más delicada, es que se acto de autoridad no se realice con la debida energía para lograr el propósito y termine siendo desarticulado mediante las pedradas y amagos violentos de los comerciantes que, se diga lo que se diga, hicieron de las suyas y no interrumpieron la venta de su material explosivo.

Bien dicen que una cosa es estar en campaña y otra en el ejercicio de gobierno y si de cobro de impuestos se trata se hace evidente la discrepancia que existe entre el decir y el hacer.

Contrario al discurso que los actores de la llamada cuarta transformación tenían cuando eran aspirantes al poder, el incremento a los precios de la gasolina, por citar un ejemplo, es parte de una necesidad republicana y no un acto que atenta contra los bolsillos de los mexicanos.

Iniciado este 2020, por determinación del gobierno federal de Morena y sus legisladores, el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) simplemente no se eliminó, sino que, por el contrario, mantiene en incremento los precios de las gasolinas.

Así, el impuesto para la Magna se incrementó 0.14 pesos, por lo que se pagarán 4.95 pesos por cada litro mientras que la Premium aumentó 0.12 pesos, para quedar en 4.18 pesos por litro en tanto que el diésel también tuvo un alza de 0.16 pesos para quedar en 5.44 pesos el litro.

Pero no solo a nivel federal se tuvo una inconsistencia entre los ofrecimientos en campaña y lo que refleja la Ley de Ingresos de este año. Ahí está lo que ocurrió con el coloquialmente conocido Impuesto Sobre la Nómina que, en 2018, el candidato Luis Miguel Barbosa proponía desaparecer, y que para este año será del 3 por ciento, bajo el argumento de que se necesitan los recursos para fortalecer la seguridad.

Aunado a ello se crearon tres nuevos gravámenes: el Impuesto Sobre Servicios y Hospedajes con 3 por ciento; el Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos del 6 por ciento; y el Impuesto Sobre la Realización de Juegos con Apuestas y Sorteos del 6 por ciento.

Si nos remitiéramos al pasado reciente supondríamos que para los pregoneros de la cuarta transformación hablar de más impuestos que lesionen al pueblo bueno es una práctica exclusiva de los gobiernos neoliberales. Visto está que hay mucha propaganda de por medio.

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Hablando de nuevas tributaciones, donde se puede entender una intención inhibitoria de la autoridad hacia establecimientos que pudieran ser centros que promueven la trata de personas en la modalidad de explotación sexual es el incremento en el costo de los permisos para los table dance.

El cabildo de Puebla capital determinó que para el año que inicia, quien pretenda abrir este tipo de negocios deberá pagar 773 mil pesos 448.90 pesos cuando el año pasado la tributación era prácticamente de la mitad, de unos 386 mil pesos.

Cierto es que en el mundo de los giros negro cualquiera de las dos cantidades pudiera resultar fácilmente de recuperar, pero de alguna manera puede contener, un poco, su proliferación.

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Dos lecturas puede tener el hecho ocurrido en el Mercado Emiliano Zapata la tarde del 31 de diciembre en un operativo de decomiso de piratería. La primera que resulta aplaudible que la autoridad municipal, después de mucho tiempo implementara un auténtico operativo para decomisar pirotecnia que se vende a plena luz del día.

La segunda, más delicada, es que se acto de autoridad no se realice con la debida energía para lograr el propósito y termine siendo desarticulado mediante las pedradas y amagos violentos de los comerciantes que, se diga lo que se diga, hicieron de las suyas y no interrumpieron la venta de su material explosivo.

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