En Punto

La intervención del subsecretario de Salud del gobierno de la república del sábado en la noche para reiterar a los mexicanos una y diez veces la importancia de quedarse en casa durante un mes, del 28 de marzo al 28 de abril, para postergar el impacto del coronavirus en el país, fue elocuente y perturbadora.

Elocuente porque dejó muy clara la recomendación, basada en información científica confiable y de primer nivel, de abstenerse de salir del hogar para actividades que no sean consideradas esenciales.

Y perturbadora por la advertencia que acompañó a la recomendación. Hugo López-Gatell, el funcionario que ha cargado sobre sus hombros al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en esta crisis sanitaria, dijo que esta es la última oportunidad que tendremos los mexicanos para impedir el colapso del sistema de saluda nacional, público y privado, ante la presencia del Covid-19.

Por primera vez la administración federal le dio la debida relevancia al tema, en medio de críticas al presidente por haber alimentado durante semanas la percepción de que se trataba de un fenómeno de consecuencias menores que no merecía los respectivos cuidados, ni siquiera de su parte.

Eso terminó con la conferencia de prensa del sábado en la que López-Gatell cumplió bien su función como responsable de las políticas públicas que asumirá México frente a la pandemia.

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El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud hizo su parte, la parte sanitaria, pero viene otra igual o más preocupante que la primera, según la advertencia de analistas, empleadores y líderes del sector empresarial: la contingencia económica.

En paralelo a las tareas sanitarias de López-Gatell, el presidente y los gobernadores de los estados están obligados a responder con la misma eficacia al parón de la economía que significará tener metidos en casa a la mayoría de los mexicanos por el riesgo a expansión del virus.

Ahí es donde la nación tiembla.

Hasta ahora, ni López Obrador ni los mandatarios estatales emanados de Morena, principalmente, han puesto en marcha medidas encaminadas a resolver la situación económica de las empresas ni de los mexicanos que viven al día y laboran en el sector informal.

Esa es la mayor preocupación, junto, por supuesto, con las previsiones acerca de la pérdida de vidas humanas que seguirá registrándose, e incrementándose, en las semanas por venir.

Puebla está entre esos estados del país en los que la administración local no ha emprendido ni anunciado acciones paliativas.

Los empresarios le insisten al gobernador Luis Miguel Barbosa en un plan de ayuda fiscal que los auxilie a sobrevivir durante la contingencia.

Los empleados ruegan porque sus patrones no los manden a “descansar” sin salario de por medio.

Y los informales expresan que ni pensarán en la idea de quedarse en casa, porque si no mueren de coronavirus, morirán de hambre.

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Este fin de semana se ha confirmado que en Tehuacán no solo hay políticos abusivos, sino también empresarios.

La Procuraduría Federal del Consumidor apercibió a 26 compañías nacionales por incrementar sus precios de manera injustificada en la contingencia, por tratar de sacar provecho económico y abusar de su condición en detrimento de los intereses de los mexicanos.

Entre las 26 hay una poblana, de Tehuacán, que se dedica a la producción y venta de productos avícolas.

Se trata de El Calvario, la empresa avícola de mayor tradición en la zona, pero, ahora se sabe gracias a la Profeco, no una de las más solidarias con los poblanos, y en general con los mexicanos, en momentos de crisis.