La indagatoria iniciada desde la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en contra del gobernador Luis Miguel Barbosa, no solo se mantiene, sino que crece en peligrosidad para el propio mandatario.
Este órgano interno del partido lopezobradorista ha ratificado el comienzo del procedimiento sancionador ordinario contra Barbosa, pero no solo eso.
La Comisión ha dado a conocer que abrió el expediente de número CNHJ-NAL-334-2020, motivada por las declaraciones del nacido en Zinacatepec expresadas el 9 de junio, al minimizar los casos de mujeres desaparecidas con ese ya clásico resbalón discursivo (porque todos esperamos que así haya sido, solo un resbalón, y que no sea lo que piensa en realidad) que indicó que, en la mayoría de los casos, estas se van con el novio.
El documento de Morena expone que los comentarios del gobernador no resultan compatibles con la normatividad del partido, toda vez que estigmatizan, prejuzgan, minimizan e invisibilizan la grave problemática de la violencia contra las mujeres y sus desapariciones en el país.
“Para Morena es claro que no puede haber paz ni progreso ni igualdad para las mujeres en tanto la violencia ejercida en contra de ellas no cese. Asimismo, es consciente de la indignación generalizada de la sociedad y de las demandas de cambio y de medidas concretas en esta materia”, señala el oficio.
¿Recuerda usted al gobernador acusando la existencia de un BOA poblano dedicado a sacar de contexto sus palabras para tratar de exhibirlo no nada más en Puebla, sino en todo el país?
Pues ahora tendrá que incluir a Morena en ese BOA, y esperar las consecuencias políticas.
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Diputados locales opositores a la recién reformada Ley de Educación del Estado de Puebla, y opositores también, por obvias razones, a Morena y al barbosismo, cabildearon ayer durante prácticamente todo el día para conseguir 15 firmas, el número mágico, que le permitiera a la actual legislatura, aun sin el apoyo de Gabriel Biestro y compañía, presentar una acción de inconstitucionalidad para echar abajo ese nuevo ordenamiento, que ha puesto de cabeza, principalmente, a los dueños de instituciones de educación privadas.
Hasta ayer por la tarde, el bloque opositor (digamos que el BOA legislativo) ya contaba con 14 de las 15 firmas necesarias para ir en contra de esa ley barbosista.
Los firmantes, según se muestra en un documento al que tuvo acceso EL SOL DE PUEBLA, eran los siguientes:
Josefina García Hernández, Alejandra Esquitín Lastiri, Héctor Alonso Granados, Javier Casique Zárate, Mónica Rodrígez, Oswaldo Jiménez López, Raúl Espinosa Martínez, José Juan Espinosa, Armando García Avendaño, Rocío García Olmedo, Uruviel González Vieyra, Nibardo Hernández Sánchez, Nancy Jiménez Morales y Carlos Morales Álvarez. Solo les faltaba la rúbrica de Liliana Luna para conseguir el número deseado, lo que al cierre de esta edición no se había logrado.
No obstante, aún hay tiempo para conseguir el objetivo.
Los diputados tenían hasta ayer para presentar la acción de inconstitucionalidad, lo que parece que no es así, y que tendrán una oportunidad más, derivada de las ampliaciones de plazos que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la existencia de la pandemia.
Eso significa que la polémica ley, condenada por varios sectores sociales, podría quedar en una mera anécdota si los rebeldes alcanzan su propósito.
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Sin pena ni gloria, así transcurrió la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Puebla, a quien, como se vio, le siguen valiendo gorro las recomendaciones internacionales para evitar la propagación del coronavirus. Parece que su desgaste continuará en ascenso, al menos mientras no pueda volver a tener contacto con las masas, estrechar la mano a los hombres, abrazar a las señoras y besar a los niños. ¿Cuál fue la nota de su gira? Las protestas en su contra. Así de mal anda.
