La alianza que se cocina a nivel nacional, para concretar en las elecciones federales del próximo año, también se prepara aquí en Puebla, entre el PAN y el PRD. O por lo menos ya ha habido los primeros acercamientos entre representantes de esos dos partidos políticos para ver si le entran juntos a la contienda local.
Genoveva Huerta Villegas, presidenta estatal del partido blanquiazul, ha sido la encargada de revelar la especie, quien afirmó que el objetivo político-electoral es unirse en la boleta para la contienda por la que serán renovadas (salvo en los casos donde haya intentos de reelección) 15 diputaciones federales (más las plurinominales), 41 locales y 217 ayuntamientos.
Lo interesante, y de lo que ya deben estar enterados en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), o de a perdida Eric Cotoñeto Carmona, el comandante electoral del grupo en el poder, es que Acción Nacional busca construir una alianza más grande, una con que pueda competirle a un buen nivel a los candidatos del partido lopezobradorista.
El PRD es solo uno de esos partidos, y aunque en realidad ya no representa gran cosa, de los pequeños, después del PRI (o quizá al mismo nivel), es el más importante.
La suma PAN-PRD seguirá siendo mediáticamente rentable, principalmente si crece esa percepción de que los gobernantes emanados de Morena, comenzando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no han sido muy buenos para hacer su trabajo.
La contienda, incluso en el contexto de la emergencia sanitaria, está en marcha.
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Este fin de semana, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena suspendió los derechos partidarios de Alejandro Díaz Durán, por un periodo de seis meses, a partir de una denuncia del 23 de abril en la que los quejosos señalaron cuatro agravios contra los documentos básicos de ese partido y/o contra disposiciones legales o principios rectores de la materia político-electoral dentro del proceso de renovación de la dirigencia del partido.
Y quién cree usted que presentó y promovió esa denuncia.
Ni más ni menos que Carlos Alberto Evangelista Aniceto, sí, el mismísimo delegado del CEN del partido que vino a Puebla a asumir funciones de dirigente.
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En medio de la inconformidad con la recién renovada Ley de Educación del Estado, que puso a rectores de las principales universidades del estado a debatir en público con el gobierno y el gobernador Luis Miguel Barbosa, el diputado local de Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado, ha propuesto una iniciativa que irritará, sin duda, a ese mismo sector.
Por interés de Islas, en el Congreso del Estado se analiza una iniciativa para que las instituciones públicas y privadas de educación superior absorban el costo total de los trámites de titulación de los estudiantes del nivel licenciatura.
Islas, morenovallista consumado en los tiempos de aquel periodo, presentó la iniciativa de decreto para adicionar un tercer párrafo al artículo 137 de la ley, la cual se encuentra en estudio de la Comisión de Educación.
Sus argumentos no están mal. Expone que, al no haber regulación y tabuladores de cobro, las instituciones de educación superior, sobre todo las privadas, han hecho excesivas las cuotas de titulación. Los altos cobros por trámites de titulación en universidades resultan inaccesibles para la mayoría de los estudiantes, usó en la defensa de su iniciativa.
Es posible.
No obstante, el legislador demuestra con esta iniciativa su carencia de sensibilidad política.
Si el problema es que no hay regulación para los pagos, pues que se regule.
Pero enviar el mensaje a los dueños de las universidades particulares, en este momento, de que el Estado sigue volcado en su contra, como sintieron con la ley y las palabras de Barbosa, solo incrementará más las pugnas.
