El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Néstor Camarillo, sigue mostrándose pequeño ante las necesidades del partido que dirige, como lo acaba de ratificar el hecho de que dejara fuera de la coordinación del grupo legislativo del tricolor a la más experimentada, combativa y respetada de sus diputados, Rocío García Olmedo.
Por decisión de Camarillo, el tricolor nombró a Josefina García Hernández como coordinadora de la bancada de cinco legisladores priistas que despachan en el Congreso del Estado, una vez que ha terminado el ciclo de Nibardo Hernández Sánchez en esa posición.
Si bien puso a García Olmedo como vicecoordinadora del grupo legislativo, lo cual parece un chiste de mala manufactura en un bloque de cinco integrantes, la dejó fuera de una posición que tendría que ser natural para ella, dada su capacidad legislativa, política y la hiperactividad conque labora en el Poder Legislativo en bien de causas importantes para los poblanos, principalmente mujeres (un sector que el PRI siempre ha dejado de lado, no en el discurso, pero sí en los hechos).
Josefina García debe tener méritos personales muy elogiables, pero ese no es el tema, sino la incapacidad de un dirigente para reconocer y valorar la experiencia de quien podría hacer un trabajo relevante en favor del partido, aunque no sea de su grupo ni lo haya apoyado para ser presidente.
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Una grave acusación es la que ha lanzado este martes el gobernador en torno a los acontecimientos de 2014 ocurridos en Chalchihuapan, donde el menor de nombre José Luis Tehuatlie murió por culpa de un proyectil policial que fue disparado para disolver la manifestación de pobladores de esa comunidad que mantenían bloqueada la autopista a Atlixco.
Luis Miguel Barbosa acusó que el resultado de las presuntas investigaciones llevadas a cabo aquella vez por la Fiscalía General del Estado correspondía a una “verdad falsificada” y aseguró tener identificados a los integrantes del equipo jurídico de la administración morenovallista responsables de falsificar pruebas y hasta de alterar la autopsia del menor asesinado durante el operativo policiaco.
"Todos los que formaban los equipos jurídicos del gobierno, sabemos sus nombres, que participaron en la construcción de una verdad falsificada”, expresó el mandatario.
Luego dio un detalle importante:
Hubo alteración de pruebas, incluida la autopsia del menor de 13 años.
Qué bueno que el gobernador haga esas revelaciones.
Ahora que haga las denuncias pertinentes y que mueva los hilos institucionales que puede mover para castigar a los responsables.
No vaya a suceder como con los “corruptos” que se transaron el dinero para la reconstrucción de inmuebles dañados por el sismo, que al día de hoy no existe ninguno tras las rejas.
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Así como de a poco las actividades comerciales y económicas del estado han vuelto a la normalidad tras el paso de la pandemia por coronavirus, parece que los delincuentes que operan en el municipio de Puebla han hecho lo mismo, como reflejan los números de agosto.
Los robos a negocio, transporte individual, a transportista, a casa habitación; las violaciones equiparadas, lesiones dolosas, fraudes y homicidios dolosos, son los delitos que repuntaron el mes pasado en comparación con julio del mismo año, de acuerdo con el reporte del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia.
¿Qué habrá pasado? Pues que los ladrones ya dejaron de temerle a la Covid-19.
