La mañana de ayer, el gobierno del estado dio a conocer una nueva ampliación del decreto que restringe ciertas actividades que atentan contra las medidas sanitarias implementadas para contrarrestar a la Covid-19.
A lo largo de los 11 meses que lleva la pandemia azotando a los poblanos, dichas medidas han sido modificadas a raíz de las necesidades del momento, pero lo que ha sido una constante es la prohibición del comercio ambulante, haciendo hincapié que son los ayuntamientos los encargados de velar por que se cumpla dicho punto.
En Puebla capital esa prohibición les ha importado tan poco que no solo los tianguis, mercados y el Centro Histórico están abarrotados de comerciantes informales, aún en “días solidarios”, sino también las entradas de los principales hospitales que atienden a pacientes con coronavirus.
El Hospital IMSS de La Margarita y el del ISSSTE de San Manuel son dos ejemplos contundentes de ello, pues padecen la reducción de un carril en su zona de Urgencias debido a la venta de comida, productos sanitarios, y hasta ropa y calzado.
¿Por qué el ayuntamiento no ha actuado ni en esos puntos tan vulnerables? ¿Será que piensan que no tienen razones suficientes para iniciar una confrontación con las organizaciones que ahí dominan la zona?
Pues resulta que no solo están violando el decreto estatal, sino también la Ley Estatal de Salud que prohíbe su instalación en un perímetro de cien metros a la redonda de clínicas y hospitales.
Si estas no son razones suficientes para disminuir el comercio informal en beneficio de la salud, entonces nada lo será y menos ahora que son tiempos de campañas electorales, cuando los políticos interesados en ir a las urnas –como la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco—quieren quedar bien con todos.
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¡Pura patada de ahogado!
A Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, ya no le queda de otra más que empezar a sacar adelante los temas que se habían quedado pendientes en la actual legislatura, como es el caso de la prohibición de cañones antigranizo, una deuda que los diputados tenían pendiente con los campesinos poblanos.
Luego de haber explicado que, por “acuerdo entre partidos”, no se establecieron las leyes para obligar a funcionarios públicos a dejar su cargo en caso de buscar reelegirse, el diputado tuvo que acatar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y ahora no tiene más remedio que colgarse del lopezobradorismo y la 4T para atacar a puro tuitazo a los funcionarios que no quieran renunciar.
El pasado fin de semana, los diputados tuvieron que sacar adelante en comisiones la Ley Agnes, esto después del jalón de orejas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le dio a Biestro ante sus declaraciones, en las que aseguró que no había prisa por legislar el autorreconocimiento de la comunidad trans, ni por la Interrupción Legal del Embarazo.
¿Habrá otro parlamento en el mundo en que su presidente esté más interesado en los problemas de un ayuntamiento, como el de Puebla, que en lo que ocurre dentro de la institución para la que trabaja?
Hoy por hoy, parece, solo parece, que las motivaciones del líder de ese Poder se basan en el calendario electoral.
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Un muy querido exjugador del Puebla de La Franja, exdiputado federal y exservidor público estatal y municipal fue la elección del Partido Verde para postular candidato a la presidencia municipal de Puebla. Se trata, ni más ni menos, de Roberto Ruiz Esparza, el mismísimo Capi, quien en el régimen del fallecido Rafael Moreno Valle contendió en dos ocasiones, por el PAN y por Nueva Alianza.
Aunque presenta a su candidato de manera individual, el Verde no ha roto su alianza con Morena, por lo que seguramente busca en Ruiz Esparza un perfil que pretende arrebatarle más votos al panismo que al partido presidencial.
Por ahí ha de estar la apuesta.
